Los operadores jurídicos alertan de los posibles efectos en el acceso a la justicia de los MASC obligatorios
El debate se produjo en un foro sobre justicia organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Durante la mañana de este viernes ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ( ICAM) el denominado Foro Justicia “Un año después de la Ley 1/2025: ¿Cómo está la justicia? Los MASC, a debate”, en el que se abordó el impacto de esta norma cuando se cumple un año de su entrada en vigor.
La sesión ha sido presentada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y ha contado con la moderación de la periodista Pilar Velasco. En la mesa redonda participaron Carmen Giménez Cardona, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid; Amparo Quintana García, co-presidenta de la Sección MASC del ICAM; Adrián Gómez Linacero, presidente autonómico de Madrid de PROLAJ; y Mª Consolación González, magistrada, presidenta de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid.
Eugenio Ribón defendió que el ICAM no está en contra de la modernización de la justicia ni de los métodos alternativos de solución de controversias, pero advirtió de que su implantación como requisito previo puede convertirse en una barrera de acceso a la justicia si no funciona bien. Subrayó que la eficiencia no debe medirse solo por la rapidez o por hacer más difícil activar el sistema, sino por lograr una justicia accesible y previsible.
A partir de una encuesta colegial, sostuvo que la percepción profesional de la reforma es mayoritariamente negativa y sólo una pequeña parte cree que esa negociación obligatoria resuelve realmente el conflicto. Añadió que la norma ha generado duplicidades, más demora, mayor coste y criterios judiciales dispares, lo que incrementa la inseguridad jurídica.
También alertó de impactos especialmente sensibles en familia y menores, donde el tiempo es un factor de protección, y en conflictos internacionales, donde la exigencia previa puede desincentivar la litigación en España. Concluyó que el ICAM ha ofrecido formación, modelos y apoyo documental, pero pidió un debate serio para corregir lo que no funciona y mejorar la ley.
Por su parte, Carmen Giménez Cardona, decana del ICPM, intervino criticando algunos aspectos de la Ley 1/2025 sobre mecanismos de resolución alternativa de conflictos (MASC).
Giménez dijo que “defiende los MASC desde mi larga su experiencia en métodos adecuados de resolución de conflictos”, pero cuestiona la implementación de la ley más allá de mediación y conciliación, que considera bien reguladas. Observó la decana una ralentización en conciliaciones y consignaciones judiciales por oposiciones, lo que genera preocupación por la eficiencia y accesibilidad a la justicia y criticó que la Ley pueda acabar sacrificando la agilidad judicial.
Enfocada en materia familiar, reconoció bondades de la mediación (de dos a tres meses), pero alerta sobre su compatibilidad con la saturación de tribunales de instancia y recordó que en familia ya es práctica habitual entre abogados “ yo no he presentado ninguna demanda sin intento previo de acuerdo en los últimos cinco años” y apostó por priorizar soluciones rápidas “sin abusar del servicio público, especialmente con menores involucrados”.
Más allá, Adrián Gómez Linacero, desde los letrados de la Administración de Justicia, se manifestó a favor “de suprimir la obligatoriedad de los MASC en los procedimientos de familia”.
Para finalizar, en relación a la nueva regulación de las costas procesales que “castiga” a quién haya rechazo un intento previo de acuerdo extrajudicial” todos los intervinientes coincidieron en entender que “ esto puede ser considerado una medida de presión”, además de poder dificultar el conocimiento de las costas de un proceso al que tiene derecho el justiciable, coincidieron los ponentes.