Basura espacial: cómo las HAPS ofrecen una alternativa regulatoria y tecnológica
Estas plataformas estratosféricas permiten ofrecer determinados servicios sin necesidad de colocar más objetos en la órbita baja de la Tierra
La presencia humana en el espacio es ya parte esencial de nuestra vida diaria. Desde la meteorología hasta la navegación, pasando por las comunicaciones, dependemos de una infraestructura orbital que no deja de expandirse. Ese crecimiento trae consigo un reto silencioso: la basura espacial.
La Agencia Espacial Europea (ESA), en su Space Environment Report 2025, advierte con claridad que estamos ante un problema real, creciente y con implicaciones jurídicas urgentes. El informe, basado en datos recopilados hasta finales de 2024, radiografía un entorno orbital que se deteriora rápidamente y recuerda que “el entorno orbital terrestre es un recurso finito”, una afirmación clave desde el punto de vista jurídico: un recurso finito exige gestión, gobernanza y responsabilidad.
Según la ESA, actualmente se rastrean unos 44.870 objetos en órbita, de los cuales 14.200 son satélites operativos. A lo largo de la era espacial se han colocado en órbita más de 25.170 satélites, muchos ya inactivos. Los modelos estadísticos amplían aún más la escala: 54.000 objetos mayores de 10 cm, 1,2 millones de fragmentos de entre 1 y 10 cm y unos 140 millones de restos milimétricos, cifras que reflejan un entorno cada vez más congestionado. Nada de esto es trivial: esa masa de desechos no deja de crecer y complica cada vez más las operaciones espaciales. El riesgo de colisiones indiscriminadas alimenta el conocido síndrome de Kessler, el escenario descrito por Donald J. Kessler en 1978 que advierte del posible efecto dominó en el que un choque genera más fragmentos y estos, a su vez, provocan nuevas colisiones, con el potencial de dejar ciertas órbitas inutilizables.
Desde la perspectiva del derecho espacial, el desafío no es menor. El marco jurídico internacional se sustenta en tratados de la Guerra Fría, cuando la basura espacial no constituía un problema real. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 y el Convenio de Responsabilidad de 1972 fijan principios esenciales como el uso pacífico del espacio, la responsabilidad de los Estados por los daños causados por sus objetos espaciales y la obligación de evitar contaminación nociva, pero no contienen estándares vinculantes sobre mitigación, retirada o reciclaje de residuos orbitales. Esta ausencia de regulación agrava cuestiones críticas como la propiedad perpetua de los objetos espaciales, incluso cuando son inservibles; la responsabilidad por daños que sigue recayendo en los Estados de registro; y el cumplimiento dispar de las directrices de mitigación, que, al no ser obligatorias, generan un ecosistema regulatorio fragmentado.
En este contexto, distintas soluciones tecnológicas y regulatorias se están poniendo sobre la mesa. Entre ellas destacan los compromisos para reducir la vida útil post-misión, los sistemas de desorbitado asistido y las primeras tecnologías de retirada activa de residuos mediante vehículos capturadores, brazos robóticos, redes o velas de frenado. También están cobrando importancia las propuestas que buscan alargar la vida útil de los satélites desde su diseño o mediante operaciones de mantenimiento en órbita, como repostaje, sustitución de componentes o asistencia orbital para corregir fallos prematuros. Prolongar la vida de los satélites no solo reduce el volumen de nuevos lanzamientos, sino que retrasa su conversión en desechos y reduce la presión sobre la órbita baja. También se discuten propuestas de endurecimiento normativo, desde imponer estándares más estrictos hasta crear fondos de responsabilidad o seguros obligatorios vinculados al comportamiento en órbita. Aunque ninguna de estas iniciativas ha cristalizado aún en un régimen internacional vinculante, reflejan la transición de un enfoque meramente diagnóstico hacia un intento real de acción coordinada.
En paralelo a estas soluciones, empieza a consolidarse una vía complementaria: el desarrollo de plataformas estratosféricas que permiten ofrecer determinados servicios sin necesidad de colocar más objetos en la órbita baja. Estas tecnologías, conocidas como High-Altitude Platform Stations (HAPS), operan alrededor de los 20 km de altura mediante aeronaves no tripuladas capaces de mantenerse largos periodos sobre un área concreta.
Las HAPS pueden desempeñar un papel relevante en la sostenibilidad orbital porque permiten ofrecer conectividad, observación o comunicaciones de emergencia desde la estratosfera, reduciendo la necesidad de lanzar nuevos satélites. Además, al operar dentro de la atmósfera, están sujetas al derecho aeronáutico, más maduro y vinculante, lo que evita los vacíos regulatorios existentes en materia de basura espacial. Se convierten así en una infraestructura intermedia capaz de aliviar la presión sobre la órbita baja, disminuir la probabilidad de futuras colisiones y contribuir a frenar el crecimiento de los residuos. Desde el punto de vista jurídico, ofrecen un marco de responsabilidad más claro y predecible que el que actualmente rige en el ámbito espacial.
La ESA nos recuerda que el espacio no es un territorio sin dueño ni límites, sino un ecosistema tecnológico frágil que sostiene la vida moderna. La basura espacial no es solo un asunto técnico: es un problema jurídico y político de primer orden. La sostenibilidad del espacio está en juego.