El arbitraje como solución para las pymes ante el colapso de la jurisdicción
Un error común es considerar el arbitraje como un foro exclusivo para grandes empresas del IBEX 35 o litigios transnacionales de cuantías astronómicas
La reciente convocatoria de quinientas nuevas plazas para la carrera judicial evidencia un déficit estructural que perjudica la competitividad de nuestro tejido empresarial. La Administración de Justicia en España se halla en una encrucijada que trasciende la mera coyuntura administrativa.
La carga de trabajo por juzgado ha superado todos los límites razonables, resultando que algunos tribunales fijen las audiencias para 2028 o 2029. En este contexto, el arbitraje no debe posicionarse como una alternativa exótica, sino como una verdadera herramienta de supervivencia para la pequeña y mediana empresa (pyme), que no puede esperar años para soluciones cuya celeridad es fundamental.
La implementación en 2025 de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad, está generando complejidad y retraso adicional en la jurisdicción. Aun cuando la intención legislativa de fomentar un acuerdo antes de litigar es loable, la realidad para las pymes suele ser distinta y perciben estos mecanismos como un obstáculo burocrático que beneficia al deudor/incumplidor.
Existe una confusión terminológica entre el arbitraje y la mediación que conviene aclarar: ni son lo mismo, ni producen los mismos efectos. La mediación consiste en un procedimiento tutelado por un mediador, en el que las partes tratan de alcanzar un acuerdo; pero el acuerdo sólo será obligatorio si las partes así lo convienen. El arbitraje, en cambio, se trata de un procedimiento que, salvo que durante el mismo se alcance un acuerdo por las partes, finaliza mediante un laudo; laudo que tiene los mismos efectos de cosa juzgada que una sentencia judicial, que no es recurrible y que puede ejecutarse directamente sin apelaciones o recursos estratégicos interminables.
Uno de los hitos más relevantes de los últimos años ha sido el fortalecimiento del arbitraje por el Tribunal Constitucional, mediante el dictado de varias sentencias (como la Sentencia 17/2021, de 15 de febrero, lograda por B. Cremades y Asociados). El Tribunal Constitucional vino a corregir la tendencia de algunos tribunales de justicia que entraban a revisar el fondo de lo decidido por los árbitros y anulaban los laudos porque, a su entender, eran contrarios al orden público. El Tribunal Constitucional fue explícito: un juez no puede sustituir la valoración de un árbitro por la suya.
Este blindaje garantiza que lo decidido por el árbitro sea respetado. Para una pyme, significa que el resultado del arbitraje no quedará al albur de interpretaciones judiciales posteriores.
Un error común es considerar el arbitraje como un foro exclusivo para grandes empresas del IBEX 35 o litigios transnacionales de cuantías astronómicas. Las principales cortes nacionales arbitrales están realizando un esfuerzo encomiable por facilitar el acceso al arbitraje a todas las empresas, sin importar su tamaño o la cuantía que se discuta. Así, las cortes de arbitraje nacionales han implementado procedimientos de arbitraje abreviados, que deben resolverse en un plazo inferior a los seis meses.
Los datos de 2025 avalan la rapidez del arbitraje frente a los juzgados: mientras que un pleito civil o mercantil en España suele demorarse más de dos años entre la primera instancia y la apelación, la duración media de un arbitraje abreviado, según datos de la Corte de Arbitraje de Madrid, se sitúa en apenas 7,2 meses.
Desde una perspectiva financiera, el arbitraje representa una inversión eficiente. Aunque conlleva el pago de honorarios de la corte y del árbitro (viene a consistir en una “justicia privada”), evita los costes derivados de los retrasos de la jurisdicción ordinaria, en los que una pyme puede verse “atrapada” durante años, por la falta de medios e interposición de recursos, con el consiguiente perjuicio de mantener provisiones y activos bloqueados. La rapidez del arbitraje, sin recursos posteriores, ofrece una solución definitiva en un plazo previsible, permitiendo a la empresa gestionar su tesorería con certeza.
Una pyme bien asesorada desde el principio puede evitar las dilaciones de la jurisdicción ordinaria eligiendo el arbitraje, pero para ello deberá incluir una cláusula de arbitraje específica en sus contratos, estatutos de la sociedad o en un protocolo familiar, por ejemplo. El arbitraje posee una técnica procesal propia; desde la redacción de la cláusula de arbitraje, hasta la práctica de la prueba o la designación de los árbitros con el perfil técnico adecuado, el éxito dependerá de la cualificación y experiencia de abogados, que deben estar especializados en arbitraje.
Por tanto, el futuro de la pyme española no puede depender de la espera de una sentencia que, por tardía, resulte inútil y costosa. El arbitraje, respaldado por nuestro Tribunal Constitucional y cortes de arbitraje, se postula como la vía más ágil y económicamente racional para resolver conflictos comerciales, y como una oportunidad para aliviar la Administración de Justicia. En el escenario económico de 2026, la celeridad en la resolución de una disputa es necesaria e indispensable.