El CGAE pide al Ministerio de Inclusión que la asistencia a extranjeros la presten abogados especializados
La Abogacía Española recuerda que los migrantes son vulnerables y advierte de que la nueva normativa podría dejarles desprotegidos
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia jurídica a personas migrantes sea realizada exclusivamente por profesionales especializados en extranjería. La petición ha sido trasladada por el presidente de la institución, Salvador González, a través de una carta remitida a la ministra Elma Saiz.
El presidente de la Abogacía Española recuerda que los procedimientos en materia de extranjería tienen un impacto directo en la vida de las personas afectadas. “Cuando una persona extranjera se enfrenta a un procedimiento tan importante como la denegación de una autorización no está ante un mero trámite burocrático, sino ante decisiones que afectan directamente a su proyecto de vida, a su familia y a sus derechos fundamentales. En esos momentos críticos la defensa no puede improvisarse: debe estar en manos de abogados especializados en extranjería”, señala.
González advierte de que la nueva normativa en tramitación —la modificación del Real Decreto 1155/2024, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España— podría dejar a los migrantes sin la protección adecuada. En su escrito, subraya la importancia de que la defensa jurídica esté en manos expertas para garantizar “la mejor defensa posible”.
Asimismo, el CGAE muestra especial inquietud por el Proyecto de Orden Ministerial que regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE). Según la Abogacía, la normativa podría permitir que personas jurídicas inscritas en el registro actúen sin contar con profesionales jurídicos cualificados, lo que comprometería la tutela efectiva de los migrantes. Por ello, González considera imprescindible que todas las entidades inscritas en el RECE designen como responsable a un abogado colegiado en España, en cumplimiento de la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa.
“Somos los abogados y abogadas los profesionales más preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes”, concluye.