Centros de datos y sostenibilidad: un desafío ineludible
España, como otros Estados miembros, ha iniciado la adaptación de la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea
La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios en la nube ha situado a los centros de datos en el núcleo del debate energético y jurídico europeo. España, como otros Estados miembros, ha iniciado la adaptación normativa a la Directiva de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791, a través de un borrador de Real Decreto sobre eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos, que ha concluido recientemente la fase de consulta pública.
El texto proyectado parte de un principio claro: el crecimiento de la infraestructura digital debe alinearse con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética. Con este fin, la propuesta normativa introduce obligaciones de transparencia, análisis técnico y cumplimiento verificable que buscan integrar la actividad de los centros de datos en la planificación energética del territorio y contribuir a la transición hacia un modelo económico más sostenible.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los centros de datos consumieron en 2024 alrededor de 415 TWh de electricidad, lo que equivale al 1,5% del consumo eléctrico mundial. La AIE prevé que el consumo energético global del sector podría duplicarse hacia 2030, alcanzando unos 945 TWh anuales. En términos de emisiones, la huella de carbono asociada al uso de electricidad por los centros de datos podría elevarse a 300 millones de toneladas de CO₂ en 2035, frente a los 180 millones de toneladas actuales. Aunque el porcentaje sobre el total de emisiones energéticas mundiales se mantendría por debajo del 2%, la concentración territorial de estas instalaciones genera impactos específicos sobre las redes eléctricas y las políticas ambientales y regulatorias.
Entre las principales novedades del borrador destacan la obligación de reporte anual para los centros de datos con demanda de potencia eléctrica igual o superior a 500 kW. Los operadores deberán comunicar al sistema nacional (si existe) o directamente a la base de datos europea indicadores relativos a consumo eléctrico, proporción de energía renovable, uso de agua, eficiencia energética (PUE), superficie ocupada, empleo generado y contribución económica local. El objetivo es armonizar la información y permitir la comparación entre instalaciones dentro del mercado europeo, favoreciendo una gestión más transparente y sostenible del sector.
El borrador también introduce la obligación de analizar el aprovechamiento del calor residual para instalaciones de más de 1 MW. Cuando el estudio coste-beneficio acredite su viabilidad, la reutilización del calor será obligatoria, favoreciendo la conexión con redes de climatización urbana o procesos industriales.
Además, el texto incorpora la obligación de tomar el Código de Conducta Europeo para Centros de Datos como referencia de buenas prácticas. En el caso de los centros de potencia superior a 100 MW, deberán acreditar el cumplimiento de las mejores prácticas del sector, considerándose como tales las que se sitúen dentro del 15 % de las instalaciones con mejores prestaciones en los indicadores relevantes: eficacia en el uso de la energía (PUE), eficacia en el uso del agua (WUE), factor de reutilización de la energía (FRE) y coeficiente de energía renovable (REF), para instalaciones o proyectos asimilables.
El cumplimiento de estas obligaciones se convierte asimismo en requisito previo para obtener permisos de acceso y conexión eléctrica, reforzando el vínculo entre sostenibilidad y desarrollo de nuevas infraestructuras.
Diversas asociaciones del sector han formulado observaciones en relación con algunos aspectos del texto. En particular, advierten del riesgo de que la norma introduzca exigencias adicionales no previstas en la regulación europea —como las vinculadas a factores socioeconómicos, territoriales o de tráfico de datos—, con potencial impacto en la competitividad de los operadores nacionales. También se ha cuestionado la viabilidad técnica y económica de la obligación de reutilizar el calor residual como condición previa a los permisos de red, así como la falta de concreción sobre cómo se determinará el 15% de instalaciones más eficientes, o quién verificará su cumplimiento. Estas observaciones apuntan a la necesidad de dotar al futuro marco reglamentario de mayor claridad metodológica y seguridad jurídica.
En cualquier caso, este marco normativo, aún en fase de elaboración, anticipa un cambio de paradigma. Los centros de datos pasan a ser infraestructuras con responsabilidad ambiental, sometidas a estándares comunes de información y rendimiento. El reto para el legislador será equilibrar el impulso a la innovación digital con la necesidad de garantizar un uso racional y sostenible de los recursos energéticos y del territorio, consolidando la sostenibilidad como principio transversal en la regulación del sector tecnológico.