Sobre la reforma del régimen de provisión y selección de funcionarios con habilitación: segundas partes nunca fueron buenas
Los secretarios, interventores y tesoreros no somos burócratas al servicio de un papel, sino de la ciudadanía
Cada día al despertar, da igual en qué rincón de España, en nuestro domicilio hay agua potable, alumbrado público si es muy temprano, transporte público en grandes municipios, calles y avenidas por las que circular, mientras pasamos por parques y jardines. Los municipios prestan servicios de primera necesidad con una gran calidad. Son como relojes de precisión en el que existe una maquinaria que los impulsa, que cuenta con ruedas perfectamente engranadas: los funcionarios con habilitación nacional.
Los secretarios, interventores y tesoreros no somos burócratas al servicio de un papel, sino de la ciudadanía. Garantizamos que los servicios locales lleguen a todos en condiciones de igualdad, certificando el contenido y fecha de los acuerdos adoptados, revisando que las decisiones sobre sus peticiones se ajusten a la normativa vigente, sobre todo las de contenido económico, que reflejamos en la contabilidad, controlando también los ingresos y pagos de la hacienda local. Sin esta labor, los entes locales quedarían expuestos a la arbitrariedad política y a la falta de rigor financiero.
Además, y junto esas tareas propias, desempeñamos otras funciones igualmente trascendentes para el ejercicio de nuestros derechos políticos: los secretarios son los delegados de las juntas electorales de zona. Su principal función es encargarse de la organización y el desarrollo de las elecciones, incluyendo la gestión del material electoral, la coordinación de los locales de votación y la asistencia a los vocales y electores, bajo la supervisión de la junta electoral.
Existimos no por centralismo político, sino por razones de igualdad jurídica. Si los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier municipio, necesitan también que quienes garantizan esos derechos tengan la misma formación debida a su selección con un mismo temario, con idénticos criterios y sujetos a un régimen jurídico único. En 1924, el Estatuto Municipal, reconociendo la importancia del municipio como base de la democracia, estableció la habilitación nacional para sustraer la gestión local del caciquismo y la corrupción, determinando que estos funcionarios, destinados en los entes locales, fueran seleccionados por el Estado y no por ellos.
Fue una medida de higiene democrática, destinada a proteger a los ciudadanos frente a los abusos de poder, y también a los funcionarios frente a posibles intentos de control. Hoy, un siglo después, ambas garantías siguen siendo necesarias. Los habilitados nacionales formamos un dique contra la corrupción y la arbitrariedad. Nuestra independencia y nuestra formación común nos permiten actuar con rigor técnico y jurídico, sin someternos a presiones políticas locales. Romper esa independencia sería retroceder a un tiempo que creíamos superado.
El BOE de ayer publicaba la consumación de una amenaza que se cernía sobre nuestra profesión, avanzada en el mes de febrero, y disfrazada ahora de extraordinaria y urgente necesidad. Se permite que Cataluña realice nuestros procesos de selección y provisión de manera autónoma, sin integrarse en la oferta estatal. Ya durante un corto periodo entre 2007 y 2013, las comunidades autónomas tuvieron competencias en la materia. El experimento fue un fracaso: se convocaron muchas menos plazas que las ofertadas posteriormente por el Estado, y los opositores perdieron interés al desaparecer la periodicidad y la unidad de los temarios. La experiencia demuestra que la fragmentación de las competencias de selección no mejora la cobertura de plazas. Al contrario, reduce el atractivo de la oposición, disminuye el número de candidatos y genera desigualdades territoriales.
En último término, ha conducido al problema actual: una elevadísima tasa de vacantes de funcionarios con habilitación, que ronda el 50% de media en todo el territorio. La reforma, que se presenta como solución a la elevada tasa de vacantes será aceite para ese fuego. Cataluña ya demostró que, durante el periodo en que gestionó la selección, solo cubrió el 63% de las plazas convocadas, y un tercio de los aprobados ni siquiera ejercieron allí. Al finalizar el periodo, había menos plazas cubiertas y más vacantes, no solo en Cataluña, sino en todo el territorio nacional.
El futuro próximo puede anticiparse a la vista del precedente vasco. Tras el traspaso de competencias en 2022, las ofertas de empleo público han quedado paralizadas por recursos judiciales tanto colegiales como de formaciones políticas, y, cinco años después, no se ha ejecutado ninguna de ellas. Ni siquiera se ha podido crear una bolsa de empleo temporal. ¿Queremos repetir ese escenario en Cataluña, con el consiguiente bloqueo y litigios interminables?
El futuro a medio plazo, se presenta amenazador para la continuidad de unos funcionarios que ven reducirse su número de efectivos, sin que se adopte una solución global y efectiva. No se trata de un debate político coyuntural, sino de un asunto de trascendencia constitucional, cuyo intérprete reconoce la íntima relación entre la democracia municipal y la habilitación nacional. Es una garantía jurídica que no puede ser sacrificada en aras de una descentralización mal entendida.
La reforma que se plantea no es una vuelta al origen, sino un retroceso que desestabilizará a los entes locales y pondrá en riesgo la igualdad de los ciudadanos. No mejorará la cobertura de vacantes, no aumentará la preparación técnica de los aspirantes y no resolverá los problemas actuales. Al contrario, generará más vacantes, más litigios y más desigualdades. Nuestras maquinarias de precisión locales, están en riesgo de comenzar a marcar horas distintas.
Como representante de estos funcionarios, reitero nuestra oposición firme a esta medida. Defendemos la existencia de una escala nacional de habilitados, porque es la única forma de garantizar la legalidad, la transparencia y la igualdad en la administración local. La habilitación nacional no es un privilegio corporativo, es una garantía democrática. Es responsabilidad de todos, mantener un sistema que ha protegido a los ciudadanos durante más de cien años.
