El Colegio de la Abogacía de Madrid considera que había “indicios más que concurrentes” para condenar al fiscal general
Desde el colegio, que ha ejercido la acusación popular, se valora el fallo como un respaldo decisivo al Estado de Derecho
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera que la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos respalda el Estado de Derecho. En un comunicado emitidos unas horas más tarde del histórico fallo, el colegio, que ha ejercido la acusación popular en el proceso, subraya que “durante el juicio al fiscal general se han puesto de manifiesto la existencia de indicios más que concurrentes de su responsabilidad penal”.
En la nota, el ICAM reacciona a la sentencia del Tribunal Supremo de este jueves, 20 de noviembre, en la que, dice “ha estimado probado que el Fiscal General divulgó sin autorización una comunicación reservada mantenida entre un abogado y un fiscal, vulnerando el secreto profesional”. El fallo, valoran, refuerza “la vigencia de las garantías procesales que sustentan un proceso penal equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales”.
El ICAM considera que este fallo judicial tiene una dimensión que trasciende lo individual. “La condena penal al máximo responsable del Ministerio Fiscal confirma que la ley se aplica sin excepciones, incluso frente a los más altos cargos públicos. Esta resolución, lejos de debilitar el sistema institucional, fortalece su credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía”, subrayan.
La junta de gobierno del colegio concluye: “La condena confirma que existen límites claros en el ejercicio de la función pública, y que el Estado de Derecho no es una formulación teórica, sino una práctica viva que exige responsabilidad”.
El decano del colegio madrileño, Eugenio Ribón, quien acudió a testificar en el proceso hace unos dias, defiende que “todo sistema de justicia digno de ese nombre se sostiene sobre fundamentos que no admiten dilución: el respeto al derecho de defensa”. En este sentido, subraya que las transgresiones de principios procesales esenciales deben acarrear consecuencias, en caso contrario “se abre paso una lógica donde todo vale. Y en ese escenario, lo que quiebra es el propio Estado de Derecho”.