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En colaboración conLa Ley
Inteligencia artificial
Tribuna
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Inteligencia artificial en el ámbito jurídico: entre la promesa y la realidad

Ya no basta con dominar el derecho, también es necesario comprender los sistemas inteligentes

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad tangible en el sector legal. Sin embargo, más allá de los titulares que anuncian revoluciones tecnológicas, conviene preguntarse: ¿cuál es el verdadero impacto de la IA en el ejercicio profesional del derecho?

En el ámbito de la dirección de tecnología dentro de firmas internacionales de la abogacía de los negocios, se observa cómo la IA ha comenzado a transformar procesos clave, especialmente en aquellos vinculados a la gestión documental, la revisión de contratos y la investigación jurídica. Herramientas de IA generativa permiten hoy analizar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias, proponer mejoras, realizar resúmenes, traducir a otros idiomas y acelerar la redacción de documentos legales. Esta automatización no solo mejora la eficiencia, sino que libera tiempo, ya sea para llevar a cabo tareas de mayor valor añadido, o para poder absorber un mayor volumen de trabajo.

Pero la transformación va más allá de lo operativo. La IA está redefiniendo, en cierta forma, el perfil del profesional jurídico. Ya no basta con dominar el derecho, también es necesario comprender cómo interactuar con los sistemas inteligentes, validar sus resultados y garantizar que el juicio humano y el pensamiento crítico sigan siendo el eje de la toma de decisiones. En este sentido, la formación continua y la colaboración entre abogados e ingenieros se han convertido en pilares de nuestra estrategia interna.

No obstante, esta evolución plantea desafíos importantes. Uno de los más delicados es el de la gobernanza tecnológica. ¿Cómo aseguramos que las herramientas de inteligencia artificial respeten los principios éticos, la privacidad y confidencialidad y la seguridad jurídica?

En nuestra firma, hemos optado por entornos cerrados y seguros, donde toda interacción con la IA es revisada y supervisada por expertos y profesionales con mayor experiencia. Además, hemos establecido políticas internas que regulan su uso y excluyen, por supuesto, cualquier tipo de entrenamiento de modelos con datos de clientes.

Otro reto es el normativo. La proliferación de contenidos generados por IA, como los deepfakes, plantea interrogantes sobre la autenticidad de la prueba digital y la necesidad de adaptar la legislación procesal a esta nueva realidad. La jurisprudencia comienza a responder, pero aún queda camino por recorrer para garantizar una tutela judicial efectiva en la era de la simulación, cuando verificar la originalidad y autenticidad de los contenidos resulta cada vez más complejo.

En este contexto, la integración de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico no debe ser solo tecnológica, sino también humana. La clave está en encontrar un equilibrio entre automatización y criterio profesional, entre eficiencia y ética. La IA no sustituye al abogado, pero sí lo potencia, lo complementa, y todo ello nos obliga a repensar nuestra forma de trabajar, de ser aún mejores abogados y de cómo nos relacionamos con los clientes.

En nuestra experiencia, la implementación de IA está siendo un proceso gradual, lleno de aprendizajes y también de errores que nos ayudan a rectificar y seguir avanzando. Hemos descubierto que no se trata de adoptar la última herramienta, sino de entender cómo encaja en nuestra cultura organizativa, en nuestras formas de trabajo, cómo mejora la experiencia del cliente y cómo contribuye al desarrollo profesional de nuestros equipos. La tecnología, por sí sola, no transforma, lo hacen las personas que la utilizan con propósito, criterio y responsabilidad.

Por eso, creemos que el futuro del derecho no está en manos de algoritmos, sino en la capacidad de los profesionales de integrar esos algoritmos de la inteligencia artificial con inteligencia humana. Solo así podremos construir un modelo de ejercicio jurídico más eficiente, más justo y mejor adaptado a los desafíos del siglo XXI.

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