El Colegio de Abogados de A Coruña, el primero en España en condenar “las atrocidades” en Gaza
Aunque no emplea el término “genocidio”, en un comunicado que remitirá a la Embajada de Israel reclama que el Gobierno de Netanyahu cumpla el derecho internacional humanitario
El Colegio de Abogados de A Coruña ha sido el primero en España en condenar de forma individual “las atrocidades en Gaza”. Aunque no emplea el término “genocidio” ni habla del reconocimiento del Estado de Palestina, este viernes ha reclamado en un comunicado, “además del cese inmediato de la masacre”, que se facilite “el acceso pleno y sin restricciones de la ayuda humanitaria internacional a la población civil afectada”. Lo ha hecho el mismo día en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas después de que países como España, Portugal, Francia o Reino Unido hayan reconocido el Estado de Palestina.
El comunicado será remitido por la corporación a la Embajada de Israel, reclamando, además, que se cumplan “las obligaciones establecidas por el derecho internacional”. La institución también suscribe “plenamente” lo que dijo el Rey Felipe VI en su discurso pronunciado ante la Asamblea de la ONU el pasado miércoles. “Condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero, con la misma firmeza, demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania. Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamas con tanta crueldad”, clamó Felipe VI.
En esta misma línea, el Consejo de la Abogacía Catalana (que aglutina los 14 colegios del territorio) expresó en un declaración institucional emitida el pasado mes de junio su “repulsa por la violación de los derechos humanos de la población civil en Gaza por parte del gobierno israelí”. Entre las reclamaciones del consejo, se insta “a los Estados miembros de las Naciones Unidas, y especialmente a los firmantes de los Convenios de Ginebra, a cumplir con su deber de garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario”.
La institución gallega que dirige Augusto Pérez-Cepeda Vila también toma en consideración las conclusiones presentadas por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de las Naciones Unidas, así como las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia. “La situación en Gaza constituye una prueba fundamental para el sistema jurídico internacional. El silencio o la inacción ante violaciones sistemáticas del derecho internacional compromete los fundamentos mismos del orden jurídico que nos rige como sociedad civilizada”, zanja la corporación en un comunicado.
La posición del Consejo General de la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) no ha emitido una condena directa a la violencia en Gaza, como hizo al censurar “enérgicamente” la invasión militar de Ucrania. No obstante, el viernes pasado el pleno —formado por los decanos de los colegios de la abogacía— manifestó “su profunda preocupación por el incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario en la región y la grave situación humanitaria que se vive en la Franja”. Encargó a su Fundación Abogacía y Derechos Humanos que lidere el trabajo desde el ámbito jurídico para “proteger a todos los juristas que, en condiciones especialmente difíciles, se están implicando en la defensa de los derechos humanos en Gaza”.
El CGAE se unió así a una iniciativa de Unión Profesional, la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, que habla de “una masacre genocida” perpetrada “por parte del ejército israelí”. Este proyecto, que agrupará a fundaciones y ONGs vinculadas a miembros de Unión Profesional, busca canalizar “con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto como medio para salvaguardar la asistencia humanitaria a la población civil”.