¿Y si me toca un abogado ‘kamikaze’? Tranquilo, este resquicio legal puede salvarle
El Supremo acaba de aplicar una doctrina de emergencia, que viene de Estados Unidos, para corregir un juicio porque el letrado actuó en perjuicio de su cliente
Imaginemos que una persona es acusada de un delito grave (con cárcel) y el abogado que le es asignado, en vez de defenderlo, toma decisiones que le perjudican —o directamente ignora el caso—. Lejos de ser un escenario imposible, en España han trascendido varios casos de abogados que perjudicaron a sus clientes, ya sea por actuar de forma arbitraria, por no prepararse el caso, trabajar sin habilitación o rechazar testigos vitales, y fueron condenados por ello. Sin ir más lejos, hace unas semanas una magistrada de Lugo procesó a tres personas de un bufete low cost por gestionar litigios sobre cláusulas suelo sin ser abogados, según la información del medio local El Progreso.
Hay un recurso de urgencia, no muy conocido, para los ciudadanos que se topen con estos ‘abogados kamikazes’. Esta salida procesal permite anular una sentencia, e incluso repetir el juicio, si existen evidencias de que fue el letrado defensor el que cavó la tumba de su propio cliente.
En abril, el Tribunal Supremo lanzó este salvavidas a un hombre condenado a cárcel por un delito de abuso sexual. El Alto Tribunal detectó que en el seno del proceso el abogado defensor había rechazado tres testigos claves, y estos podrían haber inclinado la balanza a favor de su inocencia. La Sala absolvió al reo y ordenó repetir el juicio.
Se conoce como nulidad por vicio derivada de deficiencia letrada. El origen de esta figura se remonta a los años 80. Surgió del polémico caso de David Leroy Washington, un estadounidense condenado a muerte por tres homicidios de los que confesó ser autor. Pero la Corte Suprema anuló su condena porque el letrado defensor no solicitó una evaluación psiquiátrica de su propio cliente, lo que hubiese sido vital para esclarecer su inocencia. El juicio debía repetirse.
Doctrina ‘Strickland’
Su nombre técnico es doctrina Strickland y ha protagonizado sonoras batallas judiciales en Europa. En 2021, por ejemplo, el nigeriano Samson Feilazoo, condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 euros por tráfico de drogas, ganó un pleito al estilo David contra Goliat frente al Estado de Malta porque su abogado no se comunicó con él.
Feilazoo no se dio por vencido y decidió luchar por su inocencia, por lo que llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la Corte no dudó en afear al país que asignaran un abogado de oficio de paja para cumplir con el trámite. El resultado: ordenaron repetir el juicio porque el acusado no había tenido una defensa justa.
¿Error o indefensión?
Pero anular un juicio por la torpeza del abogado es una cuestión espinosa porque, en puridad, el Estado no debe meterse en la relación entre un letrado y su cliente. La línea que separa la indefensión de una defensa mal enfocada puede ser difusa, explica Salvador Castillejo, letrado de Exculpa Abogados: “Los abogados podemos equivocarnos, por supuesto, y podemos tomar decisiones que puedan no haber sido las más acertadas, y eso entra dentro de la libertad profesional”.
Por ejemplo, “hay procedimientos donde la mejor línea de defensa es no hacer nada y esa decisión es legítima y puede ser acertada”. Cuestión distinta es no hacer nada “por desidia o abandono”, diferencia Castillejo, o “por no aportar medios de prueba de naturaleza claramente exculpatoria, ignorar circunstancias que puedan atenuar la pena del justiciable o la ausencia de todo contacto defensivo con el reo”.
La clave estriba en plantearse el siguiente escenario: de haber topado con otro profesional, ¿el acusado se habría librado de la condena? Este es el quid de la cuestión.
Así lo explica Manuel Mata, presidente de la comisión de deontología del Consejo General de la Abogacía Española: “Con el estándar Strickland, para considerar que la actuación del letrado ha sido deficiente, debe acreditarse que existe una probabilidad razonable de que el resultado del proceso hubiese sido diferente y más beneficioso para los intereses del defendido”, explica Mata. Es decir, no cualquier error del abogado sirve de excusa para anular una condena.
Aún así, los letrados deben andarse con ojo porque, como recuerda Mata, prestar un servicio deficiente es una conducta sancionable por el colegio. El castigo, en los casos más graves, puede acarrear hasta un año de suspensión del ejercicio profesional.
Los casos más conocidos
Georgia. Asignar un letrado de pega es una de las indefensiones más comunes y de las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) más fallos ha emitido. En 2023, por ejemplo, la Corte de Estrasburgo condenó al Estado de Georgia por asignar un letrado que no ayudó a una ciudadana acusada de un crimen menor de agresión. La oficina judicial aceptó la declaración de varios testigos clave sin la presencia de la acusada y con un letrado de oficio que ella no había aceptado. Se le concedió una indemnización de 1.200 euros.
Polonia. En 2010, un matrimonio que pleiteaba contra la Administración por la expropiación de un terreno consiguió doblar la rodilla del estado polaco. Les fue asignado un abogado de oficio que, tras perder el primer juicio, estuvo siete meses sin contestar correos ni llamadas. Cuando consiguieron dar con él (había cambiado de dirección y teléfono), el letrado se negó a interponer un recurso de casación que el matrimonio veía vital. Finalmente el recurso caducó. El TEDH les reconoció una indemnización de 4.000 euros por los gastos del proceso, porque se había vulnerado su derecho a acceder a la justicia y a tener una asistencia letrada efectiva.
España. Para alegar indefensión esta debe ser total, es decir, un error menor no es óbice para anular todo un juicio. Por ejemplo, en 2017, el Supremo sentó que un fallo en el peritaje de unas joyas robadas no es suficiente para anular una condena.
