El nuevo modelo organizativo de la justicia no puede implantarse de espaldas a los LAJ
Olvidando el precedente de las ya consolidadas nuevas oficinas judiciales, se vuelve a incurrir en errores de fondo y forma por parte del Ministerio de Justicia
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el pasado 1 de julio entraron en funcionamientos los primeros tribunales de instancia, un primer despliegue de la conocida como fase I que pretende, según el preámbulo de la referida ley, optimizar los recursos disponibles para el desarrollo e implantación de una oficina judicial adaptada a esta nueva organización judicial. Estamos ante una reforma estructural y profunda que busca la adecuación de los medios personales y materiales dirigidos a una mayor eficiencia en base a la especialización, homogeneidad y capacidad organizativa.
Al frente de estas oficinas judiciales están las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en cuyos hombros cae todo el peso del sistema, especialmente en aquellos que ocupen los puestos de dirección de los diferentes servicios comunes. Nos encontramos, por tanto, ante un momento de crisis-oportunidad en el que, nuevamente, se nos recuerda a las letradas y letrados la importancia de nuestras funciones, volvemos a ser la clave de la organización o la manida piedra angular.
Pese a la incredulidad de algunos operadores jurídicos (aquí también existe el negacionismo) el cambio sigue hacia adelante y todos nosotros nos veremos, más pronto que tarde, en un lugar distinto a aquel que ocupábamos hasta ahora. Es evidente que todo momento de transformación requiere que creamos en ese cambio, que lo veamos, que lo sintamos no solo próximo, sino factible. El Ministerio de Justicia y las diferentes comunidades autónomas con competencias transferidas, con diferentes ritmos y niveles de compromiso, empujan ese cambio hacia adelante. Sin embargo, olvidando el precedente de las ya consolidadas “nuevas oficinas judiciales”, se vuelve a incurrir en errores por parte del Ministerio de Justicia, errores de fondo y errores de forma.
Hablamos de errores de fondo, porque un cambio de esta envergadura exige una aportación de medios materiales y personales. Sin embargo, desde el Gobierno se ha considerado únicamente necesaria la creación de plazas de jueces y fiscales especialistas en violencia de género, como vemos en el Real Decreto 422/2025, sin aprobación de plazas de letradas y letrados especialistas, en una materia clave y cuya sensibilidad exige mayores garantías por parte de la Administración. Consideramos que es un error flagrante que viene a maquillar las deficiencias en materia de violencia de género, ahorrando los medios necesarios para su mejor gestión.
Además, a nadie le salen los números, la organización cuenta con las mismas plazas distribuidas en la nueva estructura, y las letradas y letrados de la Administración de Justicia, especialmente los que ya han asumido las posiciones de dirección de los servicios comunes, ven con preocupación el aumento de trabajo que supone esta implantación, sin que dejen de entrar escritos, demandas, diligencias previas, etc.
En relación con los errores de forma, no se puede tratar peor a un cuerpo tan comprometido con el cambio como son las letradas y los letrados de la Administración de Justicia. Todas las reformas procesales, digitales y organizativos de los últimos años en la Administración de Justicia han pasado y pasarán por las manos de este cuerpo superior jurídico, sin excepción.
Sin embargo, en un momento de tal magnitud para nuestros intereses profesionales, recibimos la negativa por parte del Ministerio de Justicia a ampliar el plazo para participar en los concursos de la Fase III que fine en período vacacional, con la respuesta de que todo el mundo tiene acceso a internet esté donde esté. Se nos niega el derecho a la desconexión digital en una postura intransigente y no acorde con la oficialmente manifestada por el Gobierno en relación con los derechos de los trabajadores, especialmente en relación con la conciliación laboral y el bienestar profesional.
Recordamos aquí también que las letradas y los letrados de la Administración de Justicia nos comprometimos en el acuerdo que puso fin a la huelga indefinida a asumir la centralidad transversal en los distintos proyectos de eficiencia y, muy particularmente, en la implantación de los tribunales de instancia, mientras que el ministerio se comprometió a una serie de acuerdos de los que siguen pendientes, entre otros, la regulación de la productividad y la carrera profesional, así como también, de manera absolutamente inexcusable, la falta de regulación y aprobación del decreto de sustituciones, en los mismos términos que en el año 2019.
Estamos dispuestas a liderar el cambio, a conseguir que esta nueva estructura constituya un servicio público eficiente y de calidad, pero exigimos que el ministerio cumpla los pactos pendientes a los que se comprometió, aporte los medios necesarios para el éxito de esta transformación y, sobre todo, exigimos respeto para los derechos de las letradas y letrados de la Administración de Justicia.