Los consumidores también pagamos el precio de la competencia desleal
La facilidad para publicitar productos, influir en el comportamiento de los consumidores y generar visibilidad instantánea ha abierto la puerta a nuevas prácticas abusivas

De acuerdo con la Ley de Competencia Desleal un comportamiento es desleal si resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y a la diligencia profesional que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, y si distorsiona o puede distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores.
La “deslealtad interna” afecta gravemente a las organizaciones, pero los consumidores también pagamos el precio de dichas conductas.
En ocasiones empleados o directivos aprovechan su fácil acceso a los clientes, proveedores y a toda la información clave sobre el proceso de producción/gestión, para llevar a cabo una actividad paralela, que obviamente impacta negativamente en las ventas y los resultados de la organización.
Cuando esto ocurre, las organizaciones se ven obligadas a interponer una demanda por competencia desleal y contratar a expertos que elaboren un informe pericial que acredite todos los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las actuaciones desleales.
Dichos expertos, apoyándose en herramientas de Forensic Technology pueden analizar e interpretar de manera precisa huellas digitales e identificar si se ha sustraído ilegalmente información/propiedad intelectual de la compañía etc.
Pero además de los daños y perjuicios soportados por las organizaciones ¿Cuál es el impacto de la competencia desleal en el conjunto de los consumidores finales?
La competencia desleal coloca en el mercado productos más baratos pero que en la mayoría de las ocasiones no cumplen con los estándares de calidad/seguridad exigidos.
Nos encontramos ante marcas que ocultan el origen real del producto, simulando ser “hechas en España”, “artesanales” y “sostenibles”, pero que en realidad no cumplen los controles de calidad y que bajo el uso de etiquetas como #eco, #hechoamano etc. Nos llevan al engaño.
Nos encontramos con alimentos sin trazabilidad, productos alimentarios cuya procedencia, manipulación y control sanitario no pueden seguirse ni comprobarse adecuadamente.
Estas actividades contrarias a la ley (laboral, fiscal, ambiental, sanitaria etc) abaratan los costes, provocando que quienes sí que cumplen “las reglas del juego” al final acaben teniendo que destruir empleo y en muchos casos incluso tengan que echar el cierre.
La competencia desleal destruye el principio de “igualdad de condiciones” y nos coloca a los consumidores ante un mercado en el que no se premia la eficiencia y la innovación, sino el engaño, el fraude y la evasión de las normas.
Es un claro desincentivo para la inversión responsable y destruye calidad, lo que acaba impactando negativamente en la sostenibilidad y en el servicio final que reciben los clientes.
Se trata de una realidad en el que las redes sociales son un caldo de cultivo en el que han surgido nuevas formas de competencia desleal.
La facilidad para publicitar productos, influir en el comportamiento de los consumidores y generar visibilidad instantánea ha abierto la puerta a nuevas prácticas abusivas.
Por ello, más que nunca es necesario reforzar la regulación de la publicidad digital, especialmente la que hacen influencers y microempresas en redes y exigir veracidad, trazabilidad y responsabilidad también en el marketing digital, no sólo en el etiquetado físico.
Además, es imprescindible crear conciencia ética y promover que tanto los consumidores como las plataformas como Instagram, TikTok o Facebook colaboren activamente en la identificación y denuncia de prácticas de competencia desleal.
A veces, es fácil caer en la tentación del precio más barato, pero seamos responsables, porque si ello implica apoyar la explotación o el fraude, a largo plazo, perderemos todos, las organizaciones, los consumidores finales y la sociedad en su conjunto.