Todos perdemos con la huelga de jueces y fiscales
Después de tres días de huelga, de pulso público en aras a demostrar quién está ganando este órdago, quien más pierde es la ciudadanía
Ayer se completó la última de las tres jornadas de huelga convocadas por asociaciones de jueces y fiscales, con un gravísimo efecto sobre el funcionamiento de una justicia que no puede permitirse una semana de parálisis. Nunca antes en la historia de nuestra democracia había ocurrido algo así.
Como sucede en las dinámicas de todas las huelgas, convocantes y Administración han entrado en el debate irresoluble del seguimiento. Lo cual no deja de resultar especialmente curioso en una huelga cuyo derecho, como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), carece hoy de soporte normativo. Tres días de huelga, de pulso público en aras a demostrar quién está ganando este órdago.
La respuesta se la puedo anticipar yo: con la huelga no gana nadie y perdemos todos. Pierde el Gobierno, lógicamente, primer responsable de la prestación de un servicio público esencial que hace demasiado tiempo que dejó de funcionar con eficacia. Pierden los propios jueces y fiscales, cabeza visible de ese servicio aún más castigado por el parón.
Perdemos, probablemente más que los anteriores, los operadores jurídicos. Somos al fin y al cabo quienes tenemos que explicar a la ciudadanía que el juicio que lleva años esperando se pospondrá, en el mejor de los casos, otro año más. Perderá también la economía de nuestro país. Cada caso pospuesto es una rémora adicional para la solución de problemas que limitan o impiden actividades económicas: desde la resolución de un despido, pasando por el pago de deudas, procesos concursales, etcétera. En definitiva, quien más pierde es la ciudadanía.
Cuando, como ha ocurrido estos días, el aeropuerto de Barajas se colapsa o una nueva incidencia ferroviaria cancela masivamente trenes con Andalucía, los damnificados inmediatos son las personas, los usuarios del servicio. También en esta huelga, con la diferencia de que no se les perjudica un día, ni dos, ni tres, sino con dilaciones que durarán meses o incluso años, que son los que tendrán que esperar para tener una respuesta judicial.
La Abogacía lo ha dicho de forma reiterada y muy clara: siéntense a dialogar. Ni la reforma reviste tanta urgencia, ni la huelga de jueces y fiscales más extensa de nuestra democracia parece una respuesta proporcional. Parte del daño ya está hecho, pero con voluntad podemos ser capaces de evitar que el roto causado a nuestros tribunales sea irreversible.
