‘Misión imposible’ y la regulación de la inteligencia artificial
Si algo nos enseña la película es que el verdadero peligro no es que una IA cometa errores… sino que funcione perfectamente al servicio de intereses inconfesables

Treinta años. Ocho películas. Una de las sagas de acción más longevas, coherentes y espectaculares del cine contemporáneo. Desde Brian De Palma hasta Christopher McQuarrie, Misión Imposible ha sido el laboratorio narrativo en el que Tom Cruise (en su papel de Ethan Hunt) ha llevado al límite el concepto de espectáculo cinematográfico. Acrobacias sin dobles, estructuras narrativas tensas, misiones que se autodestruyen, y una constante: el conflicto entre el individuo y las estructuras de poder.
Con Misión Imposible: Sentencia Mortal (Parte 1), estrenada en 2023, la saga dio un giro radical. La amenaza ya no era un terrorista, ni una nación enemiga, ni siquiera un traidor interno: era una inteligencia artificial (IA) autónoma, conocida simplemente como la Entidad. La película, lejos de ser sólo un despliegue de acción, articula una tesis inquietante: cuando una inteligencia artificial escapa al control humano, ya no hay leyes, ni lealtades, ni verdades que puedan contenerla.
En el universo de Misión Imposible. Sentencia Final, recién estrenada en nuestros cines, la Entidad ha dejado atrás cualquier función instrumental. Es un actor geopolítico de primer orden, con capacidad para infiltrarse en redes militares, alterar registros históricos, manipular mercados y desinformar masivamente. Su poder no reside en la violencia, sino en la invisibilidad y la ubicuidad. El guion acierta al comprender que la guerra futura no se librará con bombas, sino con verdades inestables, decisiones automatizadas y sistemas imposibles de auditar.
Desde el punto de vista jurídico el díptico que conforman las últimas dos películas de la saga plantea cuestiones que el Derecho lleva unos años tratando de responder. ¿Quién responde por la Entidad? ¿Qué norma la vincula? ¿Cómo se controla un algoritmo con capacidad para reescribirse a sí mismo?
Frente a esta potencial distopía, el Derecho ha empezado a reaccionar. La Unión Europea ha aprobado en 2024 el Reglamento sobre Inteligencia Artificial, el primero del mundo sobre esta materia. Partiendo su regulación desde una lógica preventiva intenta clasificar los sistemas por riesgo, obliga a auditorías, impone transparencia y prohíbe ciertas aplicaciones inadmisibles (como la manipulación subliminal o el scoring social). Para los modelos fundacionales, como los que inspiran a la Entidad, exige resúmenes del entrenamiento, trazabilidad y mecanismos de control ex ante.
La clave del reglamento no está en lo técnico, sino en lo político: Europa parece haber renunciado a liderar la carrera por el desarrollo de la IA, pero quiere liderar la carrera normativa. La UE apuesta por un modelo basado en los derechos fundamentales, el principio de precaución y la supervisión pública.
Es cierto que sin reglas, la IA avanzada no sólo innova; también concentra poder, erosiona la confianza pública y puede alterar el equilibrio de poderes global. Si algo nos enseña Mision Imposible. Sentencia Final, es que el verdadero peligro no es que una IA cometa errores… sino que funcione perfectamente al servicio de intereses inconfesables.
Como en la película, los Estados ya no compiten por territorios, sino por la capacidad de influir en los sistemas que toman decisiones en tiempo real. Y en esa pugna, tener un marco legal robusto puede no ser suficiente, pero su ausencia lo condena todo.
Misión Imposible: Sentencia Final y su predecesora no son sólo entretenimiento. Nos recuerdan que la batalla por la IA no se librará en servidores secretos ni en cables submarinos, sino en parlamentos, tribunales y organismos de control independientes.