Los procuradores cargan contra la ley del PSOE sobre mutualistas: crea pensionistas de segunda
El Consejo General de Procuradores de España considera “escasa, injusta y socialmente excluyente” la proposición de ley
Mañana arranca el debate parlamentario sobre la proposición de ley del PSOE para facilitar el acceso de los mutualistas a la Seguridad Social a través del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Un texto que ha sido duramente criticado este lunes por el Consejo General de Procuradores de España, que considera la proposición “escasa, injusta y socialmente excluyente”
La norma, conocida como pasarela al RETA, pretende integrar en el sistema público a más de 100.000 profesionales autónomos que hasta ahora han cotizado en mutualidades privadas, incluidos unos 12.500 procuradores. No obstante, según denuncia el CGPE, la propuesta deja fuera a más de 1.300 profesionales ya jubilados, y condena a quienes sí accedan a pensiones hasta un 30% por debajo del mínimo garantizado para otros autónomos.
El presidente del CGPE, Ricardo Garrido, afirma que la propuesta del Ministerio de la Seguridad “no es socialmente inclusiva porque situaría a las procuradoras y procuradores españoles entre un 20% y un 30% por debajo de la pensión mínima de cualquier otro autónomo español”.
Esta ley dibuja una España con dos clases de pensionistas, según denuncian los procuradores. “Nosotros queremos que todos los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para no se legisle una España con dos tipos de pensionistas y que la pensión mínima de cualquier autónomo español sea justa e igual para todos”, subraya Fernando González Concheiro, vicepresidente del CGPE y decano de Santiago de Compostela.
La proposición del PSOE establece una pensión “no inferior al 80%” de la mínima actual del RETA, subraya el consejo en una nota emitida este lunes. Además, los años cotizados en la mutualidad se traducen en años de Seguridad Social con coeficientes reductores: cada cuatro años en la mutua equivalen, en el mejor de los casos, a tres en la Seguridad Social. Una conversión que, según el colectivo, desvirtúa el valor real de las aportaciones realizadas durante décadas.
Concheiro insiste en que se trata de una propuesta desequilibrada y pide que se compute año por año. Es decir, la reclamación de los mutualistas de que su esfuerzo laboral se traslade al sistema público sin recortes ni coeficientes. “En vez de comprar años de la Seguridad Social con nuestras aportaciones a las mutuas que cada año cotizado en la mutua equivalga a un año cotizado en la Seguridad Social”, explica el vicepresidente del CGPE.
El CGPE también recuerda que el Estado ha ahorrado durante décadas miles de millones en prestaciones de incapacidad, orfandad, viudedad o enfermedad asumidas por las mutualidades. Ahora, esas aportaciones quedan sin reconocimiento en el marco del nuevo sistema.
En una voz común con otros colectivos profesionales que se encuentran en situaciones análogas, los procuradores piden justicia, igualdad y una integración sin exclusiones.
“Que no quede nadie atrás y que el sistema de pensiones sea justo y universal para todos los mutualistas españoles”, señala Ricardo Garrido, presidente del CGPE.
