Inteligencia artificial en la empresa: oportunidad estratégica sí, pero con garantías
Las compañías deben adoptar cuanto antes una aproximación al uso de la IA basada en el riesgo, esto implica clasificar los sistemas según su impacto potencial en los derechos fundamentales
La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en el tejido empresarial, ofreciendo una transformación sin precedentes en procesos, productividad y toma de decisiones. Desde herramientas de análisis predictivo hasta sistemas de atención al cliente automatizados, pasando por la implementación de algoritmos para la gestión del talento o la evaluación de riesgos financieros, la IA se ha convertido en un aliado estratégico para las organizaciones. Sin embargo, este entusiasmo debe equilibrarse con una reflexión jurídica y ética imprescindible: ¿Cómo garantizamos la protección de la intimidad y los derechos fundamentales en un entorno empresarial cada vez más automatizado?
El uso de la IA implica, de manera frecuente, el tratamiento masivo de datos personales, incluidos en muchos casos datos especialmente sensibles como los biométricos. A pesar del atractivo de automatizar procesos como el fichaje con reconocimiento facial o los sistemas de videovigilancia inteligente, estos desarrollos plantean un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, lo que exige extremar las cautelas.
El marco normativo vigente en materia de protección de datos, con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como referencia principal, establece que todo tratamiento debe tener una base jurídica clara y específica. En el entorno empresarial, la base suele ser el interés legítimo o la ejecución de un contrato, pero cuando entramos en el terreno de tecnologías intrusivas o altamente automatizadas, esta base jurídica puede resultar insuficiente si no se acompaña de una evaluación previa de impacto en protección de datos (DPIA, por sus siglas en inglés), y de la implementación de medidas técnicas y organizativas que garanticen los derechos de los interesados.
La futura ley de inteligencia artificial que prepara el Gobierno de España, en desarrollo del Reglamento Europeo de IA recientemente aprobado, añade una nueva capa de obligaciones para las empresas. Esta norma, aún en fase de anteproyecto, incorpora un régimen sancionador que puede alcanzar multas millonarias para quienes usen sistemas de IA en usos prohibidos o sin las garantías exigidas. Entre estos usos vedados se encuentran, por ejemplo, los sistemas que manipulen el comportamiento humano de forma subliminal o aquellos que evalúen a personas en función de su comportamiento social, como una especie de “crédito social” al estilo chino. También establece requisitos específicos para los sistemas considerados “de alto riesgo”, como los que se utilizan en identificación biométrica, recursos humanos, administración de justicia, sanidad o educación.
Desde un punto de vista práctico, las empresas deben adoptar cuanto antes una aproximación al uso de la IA basada en el riesgo. Esto implica clasificar los sistemas según su impacto potencial en los derechos fundamentales, llevar a cabo auditorías internas, establecer códigos de conducta y garantizar la trazabilidad de los datos y decisiones automatizadas. Además, deben incorporar comités éticos o, al menos, establecer protocolos de supervisión humana sobre las decisiones que tengan efectos significativos sobre las personas.
La ética, de hecho, no puede quedar al margen de la estrategia empresarial en el uso de la IA. Contar con directrices éticas claras, inspiradas en principios como la transparencia, la no discriminación, la seguridad y la rendición de cuentas, no solo es una exigencia normativa creciente, sino un factor de confianza empresarial. En un entorno en el que consumidores, inversores y empleados son cada vez más sensibles al uso responsable de la tecnología, actuar con responsabilidad no es un lastre, sino una ventaja competitiva.
El desafío de armonizar innovación tecnológica y respeto a los derechos fundamentales no es menor. Pero tampoco es nuevo. Lo hemos vivido con el big data, las redes sociales, el uso de cookies o el teletrabajo. Lo que diferencia a la IA es su capacidad para amplificar las decisiones humanas, incluso sustituirlas, lo que exige un mayor control y una mayor transparencia. No se trata de frenar el progreso, sino de orientarlo con sentido ético y jurídico.
En este sentido, el papel del asesoramiento legal especializado en compliance digital y protección de datos se vuelve más relevante que nunca. No basta con cumplir la ley de forma reactiva. Las empresas deben anticiparse, integrar la perspectiva legal desde el diseño de sus sistemas de IA, y garantizar una gobernanza tecnológica que minimice riesgos y maximice la confianza.
Cerrar los ojos ante estas exigencias puede salir muy caro, no solo en términos económicos por las sanciones previstas, sino también en reputación y sostenibilidad del modelo de negocio. La inteligencia artificial es una revolución en marcha. Pero una revolución, como bien sabemos, puede construir o destruir. El reto empresarial no está solo en usarla, sino en usarla bien.