Nuevas exigencias legales en la lucha contra el desperdicio alimentario: impacto en las empresas
En España se desperdiciaron en España 1.214 millones de toneladas de alimentos, una cifra que la nueva regulación pretende reducir mediante una combinación de medidas
El sector agroalimentario juega un papel fundamental en la economía española, tanto en términos de producción como de generación de valor añadido y de empleo. Desde hace décadas, su impacto en el conjunto de la economía española se ha incrementado de manera imparable año tras año a pesar de su carácter atomizado como consecuencia de la amplia variedad de agentes que integran la cadena alimentaria, los numerosos estigmas y prejuicios que acompañan al sector, así como los distintos factores de riesgo y distorsión que le impactan y que demandan una respuesta inmediata por parte del legislador.
En este contexto y como parte de estas iniciativas, el marco regulatorio ha evolucionado significativamente con la reciente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que introduce nuevas obligaciones para todos los operadores de la cadena alimentaria, desde la producción, transformación y distribución hasta la hostelería y restauración, incluyendo a las Administraciones Públicas.
Esta norma, aprobada definitivamente en el Congreso tras su paso por el Senado, se alinea con los objetivos europeos y globales de reducción del desperdicio alimentario. De hecho, según el Ministerio de Agricultura, en 2023 se desperdiciaron en España 1.214 millones de toneladas de alimentos, una cifra que la nueva regulación pretende reducir mediante una combinación de medidas, tanto obligatorias como voluntarias pero incentivadas, que tienen como destinatarios a los agentes que realicen actividades agroalimentarias en España.
Entre estas nuevas obligaciones, que supondrán la necesidad de que los agentes de la cadena alimentaria ajusten sus políticas internas y procesos productivos, destaca la de realizar un autodiagnóstico mediante la elaboración de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contemple la forma en que aplicará la jerarquía de prioridades exigida para su prevención incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales, y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes de alimentos; promover acuerdos o convenios para donar dichos excedentes a entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos; la exigencia a los agentes del sector agroalimentario que vendan alimentos al consumidor final de que adopten obligatoriamente una serie de medidas de buenas prácticas en materia de información sobre seguridad de los alimentos o de producción sostenible, y que incluyan otras medidas voluntarias y cuya ejecución se incentiva por las Administraciones Públicas.
Por ejemplo, disponer de infraestructuras adecuadas para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en las condiciones óptimas que minimicen las pérdidas y el desperdicio alimentario, trabajar en el desarrollo de protocolos específicos para reducir a mínimos las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena de transporte y almacenamiento, o incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima; así como otras obligaciones y exigencias específicas en el caso particular de las empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios, Administraciones Públicas, empresas y entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la distribución de alimentos.
La aprobación de esta norma marca un hito en la regulación del desperdicio alimentario en España, y representa un avance hacia la sostenibilidad y la eficiencia en la cadena de producción y distribución de alimentos. Ahora es fundamental que los agentes que integran la cadena alimentaria en el plazo de un año que habilita la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado tomen conciencia, tanto social como legalmente, de la importancia de adoptar las medidas adecuadas para evitar las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y no solo eso: será fundamental que los agentes del sector no solo cumplan con la nueva normativa, sino que adopten estrategias eficientes para integrarla en su operativa diaria. La colaboración entre Administraciones Públicas, empresas y entidades sociales será clave para que la nueva ley cumpla su función sin convertirse en una carga excesiva para el sector agroalimentario.