Bolaños firma la orden que incrementa un 8 % la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio del ‘territorio ministerio’
La Abogacía Española valora positivamente la subida pero señala que solo es un primer paso en la actualización de los baremos
Buenas noticias para los abogados y procuradores de oficio. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado hoy la orden ministerial por la que se incrementan un 8 % los baremos que se utilizan para retribuir a estos profesionales que prestan servicio en el conocido como turno de oficio.
La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 en el territorio ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). La firma de la orden se ha producido este viernes, 21 de marzo, en un acto que ha contado con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González.
El Consejo General de la Abogacía Española considera “positivo” que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya decidido incrementar los baremos que se utilizan para retribuir el turno de oficio en un 8% desde enero de 2025, como primer paso de la actualización de las cuantías. Según los últimos datos disponibles, la retribución media a nivel nacional que cobran los abogados del turno por asunto está en 151,37 euros.
La subida de los baremos por los que se retribuye a estos profesionales es una lucha histórica de los colectivos, que apenas consiguen arañar incrementos para poder desarrollar su trabajo con unos honorarios dignos. La institución que preside Salvador González destaca como “especialmente valioso” que se haya conseguido dar un firme paso adelante en una negociación que se ha extendido durante más de seis años y que el “ministerio haya mostrado su voluntad de que éste sea el comienzo de un diálogo ininterrumpido para acordar lo antes posible nuevas subidas de las retribuciones en este mismo año, así como la inclusión de nuevas actuaciones”.
Parece que bajo el mandato de González están acercando las posiciones. La nota que ha lanzado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes incide en que el “objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia a las personas con menos recursos”. El ministerio, se añade,”se compromete a seguir adoptando todas las medidas a su alcance para mejorar este servicio y a hacerlo contando con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, con quien mantiene una interlocución constante”. Por su parte, Salvador González da muestras de la buena sintonía actual con el departamento dirigido por Bolaños: “El Gobierno entiende que somos quienes materializamos la prestación del turno de oficio y que, por tanto, nuestra visión del modelo de justicia gratuita es absolutamente indispensable en la confección de la ley que debe promover la renovación de este servicio de cara a las próximas décadas”.
Trabajo mal pagado
Una de las quejas constantes de los abogados y procuradores de oficio, no obstante, es la brecha retributiva entre comunidades autónomas con competencias en la gestión de la administración de justicia. Es decir, todas aquellas que no están dentro del llamado “territorio ministerio”. En un artículo publicado en 2023 en CincoDías, el gráfico mostraba una diferencia de hasta 170 euros entre la retribución media de País Vasco y Andalucía (lo que supone un 56% menos). Según los datos de este reportaje, los abogados percibían ese año 134 euros de media global por cada asunto de justicia gratuita que realizaban.
En noviembre de 2024, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con su decano Eugenio Ribón a la cabeza, arrancó de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso un acuerdo para subir la retribución de los abogados de la comunidad paulatinamente un 13% hasta 2027. El convenio también incluye una retribución extra si se trabaja en Navidad o una subida de los presupuestos hasta los 66 millones.
En 2023, el Gobierno de Andalucía asumió una subida de hasta un 20% para los abogados de turno de oficio de su territorio. Un incremento necesario teniendo en cuenta la desventaja de estos profesionales con otras comunidades autónomas y que los baremos estaban congelados desde 2009.
Nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
En paralelo a esta subida de los baremos del turno, el ministerio sigue avanzando en la tramitación del texto de reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita, y que el pasado julio superó el período de consulta pública. Los abogados y procuradores del turno de oficio se encargan de dar este servicio.
La nueva norma, apuntan desde el ministerio, modernizará la regulación de este servicio público. Entre otros cambios, actualizará la definición de “insuficiencia de recursos” que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita. También reconocerá como beneficiarios a colectivos como las víctimas de violencia de género o de violencia sexual, con independencia de sus recursos, y definirá los requisitos para que una persona jurídica también pueda contar con asistencia jurídica gratuita.
En el ámbito de la gestión, incorporará mejoras como el acceso electrónico a las Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia, en línea con el impulso a la digitalización de este servicio público.
La aprobación de la nueva ley se enmarca en la mayor transformación de la justicia en décadas, emprendida durante el mandato de Bolaños. El próximo 3 de abril entrará en vigor una reforma procesal que exige acudir a un medio alternativo de solución de conflictos (léase mediación, conciliación, arbitraje o informe de experto, entre otros), antes de acudir a los juzgados por un asunto civil o mercantil. Además, habrá un tsunami en la organización de la planta judicial y los servicios de funcionarios judiciales con la desaparición de los juzgados unipersonales que pasan a ser sustituidos por tribunales de instancia. La modernización de la justicia se complementa con el empuje de las vistas telemáticas.