El juez que dijo basta por la sobrecarga en los tribunales: “Si no hay tiempo para estudiar el caso, sacas la sentencia y ya está”
“La ausencia de jueces y fiscales se traduce en jornadas laborales maratonianas y en retrasos en la tramitación de los señalamientos”
Los jueces no dan abasto. Los juzgados están hasta arriba y la elevada carga de trabajo obliga a los magistrados a priorizar la cantidad antes que la calidad. Según los datos del Poder Judicial, los asuntos pendientes de resolución crecieron un 18,5% en el tercer trimestre de 2023. Tomás Sánchez Puente, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, está cansado de la situación. Hace unos días, Sánchez estalló en Twitter y puso sobre la mesa la sobrecarga a la que está sometido por la limitada plantilla que tiene el Ministerio de Justicia. En una charla con CincoDías, el juez se sincera y afirma que la redacción de sus sentencias es muy pobre porque no da para más. “En mi trabajo me puntúo entre un 2,5 y un 3 sobre 10. Si tienes una carga del 250% te ves obligado a dedicar la mitad del tiempo para cada asunto”, admite, sincero, a este diario.
Pregunta (P). Según el Poder Judicial, hay casi cuatro millones de asuntos pendientes de resolver ¿La sobrecarga de trabajo afecta a todos los juzgados por igual?
Respuesta (R). La carga de trabajo no es ni mucho menos excepcional. Actualmente los jueces estamos, en la práctica, con productividades superiores al 200%. Por poner ejemplos, conozco a otra compañera que trabaja en Madrid que ha sacado una productividad del 320% y otro compañero que ha alcanzado una carga del 300%. Estamos con jornadas de 50 horas netas de trabajo a la semana y no nos queda más remedio que dilatar los señalamientos. Prácticamente todos los jueces de España estamos por encima del 100% y la gran mayoría por encima del 200%. No parece razonable cargar con señalamientos que uno no puede asumir.
He tenido que recortar horas de estudio de la jurisprudencia, vital para unificar criterios, para lidiar con la sobrecarga
P. ¿De qué modo afecta la carga de trabajo a la calidad de sus sentencias?
R. En cuanto a tiempo de trabajo, atención al ciudadano, tiempo de estudio y posibilidad de acierto en la decisión, me puntúo entre un 2,5 y un 3 sobre 10. Porque claro, tienes que dedicar tiempo a consultar la jurisprudencia anterior, a evaluar la prueba documental, a atender las dudas y a hacer una justicia cercana al ciudadano, que es muy importante. Entonces, si tienes una carga de trabajo del 250% te ves obligado a dedicar la mitad del tiempo del que está previsto para cada asunto. El estudio de la jurisprudencia, que es vital para unificar criterios, he tenido que reducirlo muchísimo para poder hacer frente a todos los casos, pero si no tienes tiempo para estudiar el asunto, sacas la sentencia y ya está. Por mucho esfuerzo que le dediquemos a cada caso que nos llega, la calidad se ve afectada de un modo u otro.
P. Es un juez que, entre otras materias, toca la violencia de género ¿cómo es trabajar un tema tan delicado con apenas tiempo para abordar el asunto?
R. Siempre intento dar prioridad a estos asuntos y es complicado porque son dramas personales fuertes. Es decir, no vale con un atestado, necesitas tiempo para que la persona perjudicada pueda contar todo lo que ha ocurrido y no vale con cinco minutos. Una buena parte de los asuntos de violencia llevan posteriormente un juicio de divorcio o medidas para saber que hacer después con los hijos. Para eso necesitamos los equipos psicotécnicos para poder hacer un análisis en profundidad de la unidad familiar. El problema está en que estos equipos también están hasta arriba y tenemos que ir eligiendo con cuentagotas cuáles son las unidades familiares víctimas de violencia de género que se tienen que beneficiar de un equipo de psicólogos para tratar mejor el caso, cuando todos los juicios deberían contar con este análisis psicosocial sin tener que discriminar qué casos deben tenerlo y cuáles no. Al final esperas que te han un estudio del caso en dos o tres meses, pero si también están saturados y se van a los ocho o nueve meses pues esto genera un perjuicio para las víctimas.
P. El Supremo condenó al Poder Judicial a regular la carga de trabajo de los jueces, ¿se está cumpliendo?
R. Todo lo contrario. Los jueces tenemos unos módulos de trabajo semestrales donde se establece la carga de trabajo que debe tener cada uno. A pesar de contar con estos módulos, nos vamos a una productividad muy superior a la que está fijada. No hay ningún plan aprobado que limite la carga máxima de trabajo, no existe.
P. La plantilla de Justicia cuenta actualmente con 5.700 jueces y 2.500 fiscales, ¿son insuficientes?
R. Por supuesto, la Comisión Europea para la Eficiencia de Justicia (Cepej) dice que para estar en la media europea tendría que haber 8.800 jueces en España. Los fiscales, otros que tal bailan: ahora mismo tendría que haber 5.300. Al final esta ausencia de jueces y fiscales se traduce en jornadas laborales maratonianas y en retrasos en la tramitación de los asuntos. Por ejemplo, en temas de instancia civil, la media de Europa para fijar los señalamientos está en torno a los 350 días, y en España se va hasta los 690. Si ves el desfase de plantilla que hay en Justicia, para mí es blanco y en botella.
En cinco años pedimos 820 plazas y solo han creado 303; vamos a rebufo de Europa con un servicio público resentido
P. Con la actual demora en los señalamientos y la ausencia de jueces, ¿cómo se espera desatascar este retraso?
R. Pidiendo recursos humanos, voy a lo fácil. El problema es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria y dependemos del Ministerio de Justicia y de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo que veo, Pedro Sánchez y como hizo Mariano Rajoy, está estrangulando presupuestariamente la Administración de Justicia. El Consejo pidió en cinco años 820 nuevas plazas judiciales que, a mi juicio, ya es una petición muy modesta. Con Sánchez, desde 2019, solo se han creado 303. ¿Y qué ocurre? Acumulas retrasos y siempre estamos a rebufo de Europa con un servicio público resentido. Tenemos un retraso con respecto a nuestros vecinos del 40%. Y eso para mí es una barbaridad.
