La ruleta rusa de la justicia frena el emprendimiento: hasta un 7% menos
El crecimiento de las empresas podría aumentar hasta un 2,8% con un mejor rendimiento de la justicia
Una justicia previsible es como un superalimento para la salud económica de un país. Y es que la falta de predecibilidad de las respuestas judiciales desestabiliza el sistema. Por ejemplo, dos litigios relacionados con actividades insalubres similares en dos comunidades de vecinos deberían dar lugar a las mismas medidas. Si la solución es distinta, genera más pleitos y más tapón en los tribunales.
En esta situación, el dinero está cautivo y deja de circular. El resultado: entre un 5 y un 7 por ciento menos emprendimiento y empresas más débiles o pequeñas (entre un 1,1 y un 2,8 por ciento). Esta es una de las conclusiones destacadas del informe La previsibilidad de la justicia. Aspectos jurídicos y económicos publicado por el abogado y economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti y el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme Herrero.
El análisis ahonda en las consecuencias económicas del Observatorio de la Actividad de Justicia de la Justicia 2023 de la Fundación Aranzadi LA LEY, cuyo informe se presenta este jueves en el Auditorio Uría Menéndez. Como cada año, el estudio toma los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial para medir el pulso de juzgados y tribunales mediante la tecnología. En concreto, se utiliza una herramienta de analítica jurisprudencial, jurimetría, que permite predecir las probabilidades de éxito de una demanda o recurso a través de diversos parámetros.
La estadística, defiende Mora-Sanguinetti, es una gran aliada para identificar los puntos negros del sistema. “Cuando los países utilizan datos para modelizar los sistemas judiciales consiguen reducir los tiempos de resolución”, asegura. En este sentido, hay indicadores en los datos de la justicia en España que son sintomáticos. La litigiosidad ha repuntado en 2022 hasta los casi 187 asuntos por cada mil habitantes, 56 más que en 2021. Por otro lado, la duración media de los procedimientos es de casi ocho meses.
Según advierten Mora-Sanguinetti y Miguel Pasqual en su estudio, la falta de previsibilidad de la respuesta judicial produce un “efecto llamada” a pleitear que desencadena un círculo vicioso: tribunales más congestionados que tardan más en resolver los asuntos y, de nuevo, inseguridad sobre el resultado de los pleitos. Un ejemplo claro de este efecto, exponen, es “el fenómeno de la denominada litigación en masa, especialmente, aunque no solo, en materia de consumo”. Por ejemplo, la disparidad de criterios de las audiencias provinciales para sentenciar como usurarios los intereses de los créditos revolving a partir de la resolución del Tribunal Supremo de marzo de 2020 generó un cúmulo de reclamaciones y recursos. Una ruleta rusa que provoca más congestión en los tribunales.
Medición
El método empleado por los expertos para medir la previsibilidad de la justicia española es el seguido por la OCDE, basado en el número de resoluciones recurridas en segunda instancia (apelaciones). Este dato para España se sitúa en la media respecto a los demás Estados que pertenecen al sistema judicial romano-francés, como son Portugal, Italia, Grecia Francia y Luxemburgo.
Concretamente, según datos de 2013, en España se recurren un 8,8% de las sentencias de primera instancia. Un resultado por debajo del de Francia o Grecia, que es de un 12%, y por encima del de Portugal que tiene el porcentaje más bajo de este grupo de países, con un 5%. La cifra de resoluciones recurridas en apelación en España, por tanto, no indica una falta de previsibilidad de la justicia alarmante, lo que contrasta con la percepción de los ciudadanos. Y es que, según una reciente encuesta del CIS publicada el pasado mes de diciembre, la Administración de Justicia sigue siendo el servicio público peor valorado por los españoles.
En opinión de Mora-Sanguinetti esto se debe a un problema de comunicación externa hacia la población y hacia las empresas. “Si se comparan los datos del sistema judicial español con los de otros países del entorno, comprobamos que está en la media, pero esto no se corresponde con la opinión pública que existe al respecto que lo valora bastante peor”, constata. El motivo, añade, es que se habla muy poco de los datos reales de la justicia”. Una circunstancia que, tal y como revela el economista, también se da en la comunicación interna, ya que, según destaca, no se produce una transmisión rápida y clara de arriba a abajo dentro de todo el árbol judicial de las guías de criterios judiciales.
En definitiva, la situación de España en cuanto a la previsibilidad de su sistema judicial, con todo lo que ello conlleva (litigiosidad, congestión, duración de procesos, etc.) es, según los datos del estudio, menos preocupante de lo que percibe la ciudadanía.
De ahí la importancia de contar con datos, usarlos y comunicarlos. Para ello, comenta Mora-Sanguinetti, resulta de mucha ayuda el uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, como la jurimetría. “La conjunción de una buena estadística judicial con una mayor tecnificación permite el diseño y la puesta en práctica de nuevas fórmulas de gestión”, concluye.
Diez indicadores clave en la justicia
Tasa de resolución. Mide la capacidad de resolución de asuntos judiciales de los distintos tribunales y juzgados, considerando los asuntos que inician su tramitación y los que se resuelven. En 2022 fue de 0,99. Al ser un valor cercano a la unidad, se deduce que prácticamente resuelven los mismos asuntos que ingresan.
Tasa de congestión. Volumen de asuntos que tienen que tramitar los órganos judiciales, considerando todos los que se inician en el año, los que tienen pendientes de años anteriores y los que finalmente resuelven. En 2022 fue de 1,70.
Tasa de litigiosidad. Número de asuntos judiciales que se tramitan en los diferentes órganos judiciales en relación con el número de habitantes. En 2022 fue de 186,93 por cada mil habitantes.
Duración media de los procesos. Meses que tarda de media un proceso judicial. En 2022 fue de 8,4 meses.
Tasa de Pendencia. La proporción de asuntos pendientes de resolver frente a los resueltos y tramitados en el conjunto de juzgados y tribunales. Cuanto menor sea la cifra resultante, menor será el volumen de casos pendientes y viceversa. En 2022 fue del 0,70.
Número de sentencias por juez/magistrado. Mide la carga de trabajo recibida cada año por jueces y magistrados. En 2022 fue de 306.
Número de asuntos ingresados por magistrado/juez. Junto con el anterior, también mide la carga media de trabajo de jueces y magistrados. En 2022 fue de 811.
Ejecución de las resoluciones judiciales. Número de ejecuciones de las sentencias firmes dictadas por juzgados y tribunales que se han llevado a buen fin en relación con el número total que fueron solicitadas en el ejercicio estudiado o estaban pendientes desde ejercicios anteriores. En 2022 fue de 34,04%.
Confirmación de resoluciones en apelación o suplicación. Proporción de sentencias de instancia confirmadas en apelación y en suplicación. En 2022 fueron el 70,90%.
Confirmación de resoluciones en casación. Proporción de resoluciones judiciales confirmadas en las distintas salas del Tribunal Supremo. En 2022 fueron el 89,60%.
