El derecho laboral no se va de vacaciones
Mientras disfrutamos del sol y las olas, el Ministerio de Trabajo tiene ante sí importantes desafíos que deben ser abordados con celeridad y eficacia
El verano ha llegado y, con él, el ansiado período vacacional. A medida que las grandes ciudades se vacían, las playas se llenan y los chiringuitos despiertan de su hibernación. Sin embargo, mientras disfrutamos del merecido descanso, el derecho laboral sigue su curso. El Ministerio de Trabajo ha dejado algunas materias pendientes en este curso escolar, algunas de ellas de enorme importancia por su relevancia para las empresas y sus plantillas.
Contra todo pronóstico, se ha dejado pendiente el desarrollo reglamentario de la Ley 4/2023, también bautizada por los medios como Ley Trans. Desde el pasado 2 de marzo, todas las empresas que empleen a más de cincuenta personas cuentan ya con la obligación normativa de implementar un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. El contenido y alcance de esta obligación se desarrollarían reglamentariamente, y muchas personas creíamos que se aprovecharían las celebraciones del Orgullo para difundir este esperado reglamento. Sin embargo, pasadas ya estas fechas, el ministerio todavía no ha cumplido con su propósito.
Cabe destacar que la reglamentación de esta ley es esencial para comprender las necesidades de contenido y el procedimiento por el que se materializarán las medidas. A falta del mismo, las empresas no cuentan con orientación suficiente como para cumplir con sus nuevas obligaciones normativas, dado que la Ley Trans se ha formulado en términos amplios y ambiguos.
Otro asunto pendiente en la agenda del ministerio es la regulación de la anunciada reducción de la jornada máxima legal. Esta medida, que ha generado un amplio debate en la sociedad, supondría la reducción de la jornada semanal de 40 a 38 horas y media semanales en promedio anual durante 2024, y a 37 horas y media en 2024.
Se ha argumentado por el ministerio que con esta medida se busca equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores, reducir el estrés laboral y mejorar la productividad. Si los objetivos teóricos de esta norma se materializasen, podría tener un impacto significativo en sectores que dependen de jornadas extensas, como es el caso justamente de los chiringuitos de verano.
Reconociendo las ventajas que esta medida que puede conllevar para los trabajadores y trabajadoras, desde la perspectiva del dueño del chiringuito, la reducción de la jornada laboral podría representar un desafío logístico y económico. La hostelería suele operar en horarios extendidos para aprovechar las horas de sol durante la temporada alta. Con una jornada laboral más corta, la empresa necesitaría contratar a más personal para cubrir las mismas horas de operación, lo que implicaría un aumento en los costes laborales. Además, la gestión de turnos y la coordinación del personal se volverían más complejas, requiriendo una planificación más detallada y una mayor supervisión.
Por otro lado, desde la perspectiva de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral puede ser vista como una mejora en sus condiciones de trabajo. Trabajar menos horas permitiría a los empleados disfrutar de más tiempo libre, lo que podría traducirse en una mejor calidad de vida y una mayor satisfacción laboral.
En los últimos años se ha comentado el fenómeno de la Gran Renuncia, la tendencia de las personas trabajadoras a causar baja voluntaria en sus compañías como consecuencia de su insatisfacción con las condiciones laborales. La reducción de jornada podría reducir también su frustración y desmotivación. De esta forma, se podrían evitar unas tasas de rotación que también implican costes para las empresas, como los derivados del reclutamiento, la formación y la disminución de la productividad.
En este sentido, compañías como Mercadona o Inditex están planeando adelantarse a la norma, negociando internamente opciones de reducción de la jornada máxima para ciertos colectivos dentro de su plantilla.
Por otra parte, al Ministerio de Trabajo se le queda en el tintero la transposición de numerosas directivas de la Unión Europea. Una de ellas, por cuya falta de cumplimiento, de hecho, la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, es la de la Directiva 2019/1158. Esta directiva establece que todos los trabajadores de la Unión Europea tendrán derecho a percibir una remuneración o prestación económica de los permisos parentales de cuidado de hijos hasta ocho años.
Aunque la nueva redacción del artículo 48. bis del Estatuto de los Trabajadores ya regula el derecho de permiso parental de ocho semanas para cuidado de hijos de hasta esa edad, actualmente no se regula el régimen de retribución o prestación para ellos. La Directiva 2019/1158 otorgaba un plazo máximo de transposición hasta el 2 de agosto de este año, por lo que todavía podría cumplirse el mandato a tiempo, aunque resulte improbable.
Finalmente, además de desarrollar estas cuestiones, el Ministerio de Trabajo continuará su labor de supervisión y control para asegurar que las normas laborales se cumplan, especialmente en sectores estacionales. La inspección del trabajo se mantendrá activa, vigilando de cerca objetivos marcados en su campaña, como la lucha contra el fraude en la contratación o los incumplimientos en materia de jornada.
En conclusión, aunque el verano es tiempo de vacaciones para muchos, el derecho laboral no se detiene. El Ministerio de Trabajo tiene ante sí importantes desafíos que deben ser abordados con celeridad y eficacia. Por tanto, mientras disfrutamos del sol y las olas, tengamos presente que el nuevo curso escolar vendrá cargado de nuevos desafíos.
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