La renovación del CGPJ: un desprecio a la abogacía
Ni los dos partidos mayoritarios, ni el poder legislativo deberían obviar la presencia de la abogacía en el CGPJ porque es el actor principal en nuestro Estado de Derecho
Celebramos que tras cinco años los dos principales partidos hayan cerrado el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que haya finalizado la anómala situación que se ha vivido. Parece que por fin el diálogo y la cultura del acuerdo, que tanto se echa en falta en la política actual, ha dado resultado.
Sin embargo, la materialización de este acuerdo con las respectivas designaciones de los vocales supone lisa y llanamente un desprecio a la abogacía, a los 151.400 abogadas y abogados que ejercen la profesión. Increíblemente y a pesar de que el artículo 122.3 de la Constitución nombre a los abogados a la hora de la designación de sus miembros, en el acuerdo se ha ignorado su presencia.
Ni los dos partidos mayoritarios, ni el poder legislativo deberían obviar la presencia de la abogacía en el CGPJ, no solo por la previsión constitucional, sino fundamentalmente porque la abogacía es el actor principal en nuestro Estado de Derecho para canalizar y defender los derechos de las personas ante los tribunales de justicia y son los que viven el día a día de la justicia en España, los que sufren en representación de sus clientes los problemas y las necesidades de la justicia.
La voz de la abogacía que trabaja ante los tribunales de justicia era y es absolutamente imprescindible en el CGPJ al ser perfectamente conocedora de las numerosas necesidades que tiene la justicia para que los ciudadanos, a los que defendemos sus derechos, obtengan una tutela judicial que sea de verdad efectiva.
La abogacía también necesitaba tener una persona, una referencia en el CGPJ, para compartir los problemas que surgen en el desarrollo profesional ante los tribunales de justicia y contribuir con ello a mejorar este servicio público esencial en beneficio de todos los ciudadanos.
No se ha hecho así, y con independencia del nombramiento de los jueces, se ha preferido a otros profesionales, de los que sin dudar de su cualificación desconocemos su experiencia diaria ante los tribunales de justicia, la que sin lugar a duda tiene la abogacía.
Probablemente no hemos sido lo suficientemente activos en el debate sobre el cumplimiento de la Constitución para que se renovara el CGPJ y que en ese debate no se omitiera la presencia de la abogacía, o es posible que hayamos confiado que esto no iba a ocurrir, pero lo cierto es que ha sido así.
151.400 abogados y abogadas de toda España deberíamos tener la suficiente fuerza para que en el futuro no se produjera más este trato y que la abogacía conocedora de los problemas que tiene la justicia y de las soluciones que precisa, y afectada en su trabajo profesional diario, esté siempre presente también en el CGPJ contribuyendo con su voz a hacer mejor la justicia en beneficio de todos los ciudadanos y en beneficio de toda la sociedad.
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