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En colaboración conLa Ley

PKF Attest lanza un servicio de ‘compliance’ para situaciones de insolvencia empresarial

Se trata de una nueva solución orientada a los administradores y altos cargos con responsabilidad para las mercantiles

Itsaso Santos, socia de reestructuraciones e insolvencias de PKF Attest.
Itsaso Santos, socia de reestructuraciones e insolvencias de PKF Attest.imagen cedida

La firma de servicios profesionales PKF Attest ha lanzado un nuevo servicio de asesoría y consultoría técnica en el ámbito de la exoneración y limitación de la responsabilidad de los empresarios ante posibles situaciones de insolvencia. Según las fuentes del despacho, se trata de “una nueva solución orientada a los administradores y altos cargos con responsabilidad para las empresas” ante el nuevo escenario que se plantea con la directiva europea que exige a quien ejerza cargos de responsabilidad una anticipación para frenar los casos de insolvencia.

El proyecto ya cuenta con una primera fase piloto en el que ha participado Sherpa Capital. Tras esta primera toma de contacto, Jorge Fernández, investment partner de Sherpa Capital considera que “instaurar protocolos de actuación en este ámbito contribuye a nuestra propuesta de mejora operativa real que incorporamos en nuestras participadas” expone.

Este nuevo servicio, según PKF Attest, consta de cuatro fases: una inicial de análisis de la situación económico-financiera; una segunda en la que se elabora un mapa de riesgos; una tercera etapa con un protocolo a seguir por los administradores sociales y altos cargos y un seguimiento constante de actualización y cambios al ritmo de la evolución de la propia empresa. El servicio es válido para todos los sectores y tamaños de empresas.

Para Itsaso Santos, socia de reestructuraciones e insolvencias de PKF Attest, “hoy en día las empresas se enfrentan a un escenario en el que la identificación temprana de los riesgos de la insolvencia y el establecimiento de medidas de actuación influyen de manera directa en el ámbito de la responsabilidad y su posible exigencia” asegura. “Proponemos como medida de protección un protocolo que cuenta con diversas fases enfocadas en el análisis, detención e implantación de una conducta diligente que posteriormente no pueda ser objeto de censura”, concluye.

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