La prueba de acceso a la abogacía y la procura será la misma
El reglamento aprobado por el Gobierno establece que los aspirantes que superen esta evaluación única podrán ejercer cualquiera de las dos profesiones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de los ministerios de Justicia y Universidades, el Real Decreto (RD) por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. Este reglamento permitirá que para acceder a ambas profesiones se requiera el mismo título universitario oficial de Derecho y la superación de una prueba única y común de evaluación de la aptitud profesional.
De tal manera que se establece un acceso único para la abogacía y la procura, exigiendo el mismo título oficial universitario, de licenciatura o grado en Derecho, así como el mismo curso de formación especializada de capacitación. De esta forma, quienes superen la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional, podrán ejercer indistintamente cualquiera de las dos actividades. Eso sí, posteriormente será necesario que la colegiación se haga en el correspondiente colegio profesional, según la actividad que se decida ejercer, sin más límite que la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas profesiones.
Asimismo, el reglamento recoge la regulación de la flexibilización de la reserva de la actividad profesional de la procura, permitiéndose que también la abogacía pueda asumir la representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de la procura, para la cooperación y auxilio de los tribunales.
46,4 millones de euros para la asistencia jurídica gratuita
Otra de las medidas aprobadas en este Consejo de Ministros ha sido la concesión de una subvención directa de 46.418.990 euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).
Esta aportación, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, se destina a retribuir las actuaciones profesionales de los abogados dirigidas a personas que hayan sido reconocidas como beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Igualmente, se destina a sufragar los costes generados en el CGAE como consecuencia del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso, así como en la tramitación de los expedientes dentro del citado ámbito de competencia del Ministerio que dirige Pilar Llop.