Ya tenemos Agencia Espacial, ¿y ahora qué?
Nuestro país debe dotarse de los estímulos regulatorios e industriales adecuados para la consolidación de la industria espacial
El primer lunes de diciembre, Sevilla almorzaba con una magnífica noticia. El Consejo de Ministros había decidido que la futura Agencia Espacial Española estuviera situada en la capital hispalense, venciendo a la veintena de ciudades de toda España con las que competía. Sin embargo, este proceso de adjudicación, más mediático que de costumbre, orientó el debate público hacia las injusticias históricas que debían subsanarse con la decisión y no hacia el verdadero elefante en la habitación: ¿cómo va España a aprovechar al máximo el despegue del sector espacial mundial?
Pongamos algunos números encima de la mesa que ayudan a dimensionar el potencial crecimiento del sector. Según cálculos del banco de inversión Morgan Stanley, la industria mundial espacial podría pasar de generar 350.000 millones de dólares actuales a un billón o más en 2040, casi la totalidad del PIB español actual. En España, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la patronal TEDAE, el segmento espacial de la industria ha doblado prácticamente su valor (84%) en poco más de una década, pasando de una facturación de 532 millones de euros en 2008 a 979 millones el año pasado.
Estos datos de crecimiento han llevado a algunos analistas a equiparar al espacio exterior con lo que la máquina de vapor supuso para la historia de la humanidad. Al igual que a finales del siglo XVIII el escocés James Watt revolucionó la industria mundial con su invento de vapor, dirigiendo al mundo en una nueva era controlada por los países industrializados, la humanidad transita ahora hacia un momento en el que toda la digitalización de la economía, comunicaciones y servicios pasan inevitablemente por el espacio exterior.
Aquellos países que consigan integrar y desarrollar un sector espacial potente estarán en mejores condiciones para asegurar su posición mundial en las próximas décadas. Sin embargo, aquellos que por diversas razones no lo hagan -como le sucedió a la España del siglo XIX con la máquina de vapor- quedarán relegados a un papel cada vez menor en el entorno internacional. Un contexto, por cierto, cada vez más multipolar e inestable.
Y es que no somos los primeros en sumarnos a esta nueva carrera espacial. Países de nuestro entorno, como Reino Unido, Francia o Luxemburgo, pero también lejanos al Viejo Continente, como Australia, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, los Estados Unidos, ya han legislado sobre las actividades espaciales. Cuestiones tan amplias (y a la vez complejas) como las autorizaciones y licencias de lanzamiento, puertos espaciales o, incluso, la extracción de recursos naturales en el espacio, son supuestos que sus normas contemplan y rigen la actividad espacial tanto pública como privada.
Sin embargo, la ausencia de una norma de rango legal que regule este tipo de actividades en España implica la pérdida de oportunidades para el sector privado español. Por un lado, genera desventajas para empresas nacionales frente a competidores extranjeros. La inexistencia de regulación merma sus posibilidades de expansión, a pesar de que trabajen con una gran calidad técnica, sean competitivas en costes y dispongan de amplias capacidades en todos los segmentos industriales. Por otro lado, lastra la capacidad estratégica de España, reduciendo la capacidad del propio Estado en términos estratégicos y económicos. El siguiente paso, por tanto, está claro: nuestro país debe dotarse de los estímulos regulatorios e industriales adecuados para la consolidación de la industria espacial.
Es el momento de una norma que ofrezca seguridad jurídica para que, junto a las estrategias nacionales y el PERTE Aeroespacial, la industria española pueda desplegar todo su potencial. Una capacidad que es muy alta como demuestra, entre otros ejemplos, su participación en la constelación de satélites denominada IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), que permitirá prestar servicios de comunicación seguros para 2027 en la Unión Europea.
Sin embargo, la responsabilidad de que España tenga una norma de este calado es compartida entre lo público y lo privado. Toda iniciativa pública debe partir de una escucha activa de las necesidades y prioridades de la industria española, de manera que conjugue la seguridad jurídica con la flexibilidad para integrar futuros desarrollos del sector espacial, incluso favoreciendo un desarrollo reglamentario posterior de los derechos y deberes recogidos. A su vez, es tarea de la industria elevar la voz y tener una presencia activa en el debate público para que, con su conocimiento técnico y operativo, el esfuerzo público permita transformar la base industrial del sector espacial.
Todo ello es imprescindible para construir entre todos una ley a la altura de las circunstancias y que permita a España afirmar con rotundidad "hasta el espacio y más allá".
Carlos Ruiz Mateos, director senior del Área de Seguridad, Defensa y Aeroespacio en LLYC, y Carlos Samitier Cauvilla, consultor senior.