Razones y motivos para una huelga (evitable) del cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurre para que los órganos judiciales paren indefinidamente a partir del próximo mes de enero
Ninguna huelga es deseada. La huelga es la manifestación más radical de un conflicto laboral, de una colisión de posiciones que, aunque aparentemente irreconciliables, se requieren la una a la otra para la consecución de acuerdos y objetivos. En esta huelga, a la que el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia está llamado por segunda vez en menos de un año, el conflicto profesional es evidente, pero, quizá, las razones no tanto. Y qué duda cabe: los ciudadanos tienen el perfecto derecho a conocer qué ocurre para que los órganos judiciales paren completamente y de manera indefinida a partir del próximo mes de enero.
Las reivindicaciones que los letrados de la Administración de Justicia situamos encima de la mesa son varias pero fundamentalmente dos: la primera, histórica y reclamada desde el año 2009, es la que afecta a la "adecuación" retributiva del cuerpo, de forma coherente con su condición de grupo A1 (igual que jueces y fiscales) y cuya ausencia produce el efecto distorsionador de penalizar una carga de trabajo incrementada notablemente a partir de la década anterior con un sueldo inferior al del resto de grupos de la misma categoría; la segunda, más reciente pero igual de relevante, la construcción de un marco de negociación colectiva propio y autónomo en el que las asociaciones profesionales puedan ejercer el papel protagonista que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia les confiere para el abordaje de cualesquiera temas estatutarios (carrera, situaciones, permisos, etc.).
"Adecuación" retributiva y negociación colectiva, esas y no otras son las reclamaciones fundamentales que nos conducen a parar nuevamente los días 14 y 15 de diciembre.
Atendida la cuestión sustantiva, la realidad es que también acontecen elementos “de forma” que han coadyuvado a la compleja coyuntura actual. El más destacado es el escaso o nulo respeto expresado públicamente por unos cargos institucionales (ministra y secretario de Estado) que, o bien han adoptado la actitud pasiva de la indiferencia, o bien ha decidido atacar frontalmente las pretensiones profesionales negando cualquier opción al diálogo y asumiendo por amortizado el precio de los paros para la ciudadanía. Con objetividad y honestidad, cuesta imaginar mayor irresponsabilidad en un cargo público que la negación de los hechos, el abandono de cualquier tentativa para el acuerdo y, sobre todo y lo que es peor: el incumplimiento flagrante de aquello que fue firmado.
Porque éste es el último punto que evidencia lo insalvable del conflicto y pone, desgraciadamente, en el disparadero una huelga indefinida cuyas consecuencias son imprevisibles para toda la sociedad: había un acuerdo con el Ministerio de Justicia y ese acuerdo no se ha querido cumplir bajo pretextos de nula credibilidad.
Quienes no acudiremos a nuestro puesto de trabajo los próximos 14 y 15 de diciembre expresamos sinceras disculpas a todos los ciudadanos, abogados, procuradores, graduados sociales, gestores procesales, auxilios judiciales, jueces, fiscales… afectados. Nunca estuvo en nuestra vocación alcanzar este escenario y menos todavía el fatal imaginario de un enero indefinido sin juicios, sin subastas, sin notificaciones ordinarias, sin conciliaciones…
"Adecuación" retributiva coherente con la categoría A1, negociación colectiva propia e independiente, respeto institucional y a los acuerdos firmados. Si no hay Justicia con quienes proveemos su funcionamiento ningún ministerio ni ministra debería calificarse como tal. Sobre todo cuando los perjudicados no serán ellos.
Ninguna huelga es deseada. El diálogo y los compromisos verificables pueden evitar esta. Hay tiempo.
Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.