La Abogacía defiende en Bilbao el secreto profesional
Más de 800 juristas acuerdan regular la espacialización y dotarse de un código de buenas conductas publicitarias
Somos Abogacía. El lema de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España celebradas en Bilbao la pasada semana ya era toda una declaración de intenciones. Durante dos intensos días, los decanos y equipos de los 83 colegios de España han intentado cerrar filas sobre los desafíos de la profesión y cómo mejorar los servicios que se prestan a los colegiados y a la ciudadanía. Con orgullo de ejercer una profesión cardinal, los asistentes compartieron experiencias y buenas prácticas.
El Palacio Euskalduna de la capital vizcaína fue testigo del primer encuentro profesional de magnitud (más de 800 abogados) desde el tsunami de la pandemia por el Covid-19. Las jornadas coincidían con el estreno, tras seis años de trabajo, de un nuevo estatuto general que ha sido el punto de partida en muchos de estos diálogos.
Así lo subrayó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), defendiendo el nuevo marco regulatorio adaptado a la realidad que mira al futuro. En su discurso inaugural, la presidenta hizo hincapié en la necesidad de garantizar el secreto profesional. Como destacó Ortega, “se encuentra en la base misma del derecho de defensa y se configura como un derecho de la ciudadanía”.
Efectivamente, uno de los cambios más destacados del recién estrenado estatuto es el del refuerzo del secreto profesional. Un tema que está de plena actualidad después de que, hace unos días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictara que el exjuez Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y exigió a España una “reparación efectiva”. En dicho proceso, el Tribunal Supremo sentenció a Garzón a 11 años de inhabilitación por interceptar comunicaciones en prisión de los principales imputados en la trama Gürtel con sus abogados.
Secreto profesional
Sobre la importancia y los límites del secreto profesional del colectivo se debatió durante la segunda jornada de la cita. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía y moderador de la mesa, lo calificó como “uno de los instrumentos medulares del derecho de defensa”. No se trata de un privilegio, sino la pieza en la que se sustenta la confianza entre abogado y cliente, defendió el letrado Jesús Remón. “Le asegura una confidencialidad para relatar con libertad su versión de los hechos”.
Ahora bien, apuntó el penalista Cristóbal Martell, no todos los datos que conoce el letrado están amparados por este secreto. En su opinión, es necesario delimitar su concepto para no acabar exigiendo al abogado silencio sobre información que obtenga fuera de su actuación profesional. Incluso, argumentó, pueden existir situaciones en las que podría tener que saltarse este límite. Por ejemplo, cuando “tenga conocimiento de la comisión futura de un delito castigado con una pena mayor que la revelación del secreto”.
Y, al contrario, ¿cuándo puede eliminarse el secreto? El exmagistrado Javier Gómez Bermúdez fue tajante al afirmar que “hay que prohibir totalmente la intervención de las comunicaciones abogado-cliente”. Se refería, principalmente, a la “recogida por arrastre”, mediante las que se consigue llegar a la información a través de las escuchas al entorno del investigado. Propuso limitarlas a algunos delitos graves.
El reconocimiento expreso del secreto profesional a los abogados de empresa en el estatuto dio pie a un intenso debate. Mientras Remón aplaudió la iniciativa porque “deben estar amparados del mismo modo que los letrados que ejercen desde un despacho”, Gómez Bermúdez sostuvo que “no se puede regular el derecho al secreto del abogado interno igual que el del externo porque sus relaciones con el cliente son completamente distintas”.
Abogados especialistas
“La idea del abogado generalista ha muerto”, afirmó la letrada María Dolores Lozano durante la segunda sesión de la reunión en la que se debatía sobre cuál debe ser la formación de los profesionales y cómo adaptarse para ofrecer un servicio de calidad. La cantidad de información existente actualmente impide, explicó, “abarcar todas las ramas del derecho”.
La especialización en la formación de los letrados y su continua actualización es una de las cuestiones que más preocupan a las instituciones, aseguró Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía, que moderó la mesa. De hecho, el estatuto los recoge como una exigencia.
“No es solo un derecho del profesional como dice el estatuto, sino un deber correlativo al derecho del ciudadano”, afirmó Lourdes Menéndez, asesora en el Ministerio de Justicia. Según destacó, la realidad del mundo moderno ha supuesto un cambio en el modelo de abogacía tradicional “que está cediendo a favor de la especialidad”. El reto está en definir cuáles deben ser estos ámbitos o ramas: ¿por qué no especialistas en recurso de casación?
El abogado José del Río se mostró partidario de una regulación transparente y de la publicación de listas o guías de especialistas por parte de los colegios. Joaquín López Vallés, director del departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, no puso objeciones, en principio, a esta regulación.
Publicidad responsable
La Abogacía está un paso más cerca de autorregular la publicidad de servicios profesionales. Según afirmó el presidente de la Comisión de Deontología del CGAE, Fernando Candela, en otra de las mesas de la cita, el Código de Conducta de la Publicidad está a punto de aprobarse. Se trata de un sistema de adhesión voluntaria, al estilo de los que existen en otros sectores, que pretende ser “una herramienta más”. La idea es que los despachos integrantes obtengan una sello de calidad y que esta información sea transparente para el cliente. Incluso realizar una actividad preventiva con el autocontrol anticipado de las campañas. La defensa de los derechos de los consumidores, aseguró Candela, es lo que ha guiado los trabajos de este código.
Con la actual regulación, profundizó, hay supuestos como los anuncios que ofertan servicios por honorarios “ínfimos” que para perseguirla “habría que decir que atenta contra la dignidad de la profesión”. Pero también podría alegarse que es libre competencia. Por eso, explicó, es necesario este código, para poder regular al detalle “aquellos casos que nos asaltan”.