La Asociación Independiente de Fiscales demanda a la Fiscalía y a Justicia
Reivindica que el Ministerio nunca ha dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha demandado a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia por no dotar de un plan de prevención de riesgos laborales a cerca de 2.500 fiscales y otros funcionarios de la Oficina Fiscal. Según manifiestan en una demanda dirigida a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso este medio, “el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales. Ello a pesar de contar con más trabajadores a su servicio que la gran mayoría de las empresas de este país”.
Representada por Juan Antonio Frago Amada, presidente de la asociación desde 2019, y bajo la dirección letrada de Verónica Suárez, del despacho SF Corporation, los fiscales adscritos a esta entidad denuncian que si bien desde 1995 “es obligatorio que en toda empresa y administración existan los correspondientes planes de prevención de riesgos laborales, lo cierto es que la Fiscalía General del Estado jamás ha sido dotada de un plan de estas características”.
En el escrito reconocen que en 2014 se aprobó un manual de prevención de riesgos laborales para la Administración de Justicia, pero "sin negociación alguna por las asociaciones de fiscales". Así, “ni se contempla la protección de riesgos laborales de los fiscales ni se establece ningún tipo de representación de las asociaciones de fiscales”, recoge la demanda. En concreto, no se establece ”ninguna referencia a las cargas de trabajo, a la protección específica de mujeres embarazadas, mayores o fiscales con enfermedades, cuando es notorio que es la Fiscalía General del Estado la que tiene la responsabilidad de dirigir el trabajo y la carga de trabajo de todos los fiscales de España”.
Así, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales considera que se infringe el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) y que no se previene “el riesgo psicosocial, que es el que con mayor frecuencia puede aparecer para los fiscales”.
Para mayor abundamiento, la asociación denuncia que “la Inspección de Trabajo se ha inhibido de toda investigación o sanción al Ministerio de Justicia o Fiscalía General del Estado por tal ausencia total de normas preventivas”.