Los nuevos derechos para usuarios de telefonía se tramitarán tras el verano
El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas reforzará la transparencia de los contratos
El Gobierno quiere tramitar después del verano el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones para trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
Pero como otros países europeos, España llega tarde para aprobar una ley que ampliará los derechos de los usuarios de telefonía y de internet. La Comisión Europea anunció a primeros de febrero la apertura de expedientes a España y a otros 23 países de la UE por no haber traspuesto las normas del nuevo Código Europeo, que debería haberse hecho antes del 21 de diciembre de 2020.
El Código Europeo establece que este servicio universal constituye una red de seguridad que garantiza que todos los usuarios finales dispongan al menos de un conjunto mínimo de servicios y a un precio asequible para los consumidores cuando exista riesgo de que la exclusión social impida a los ciudadanos su plena participación social y económica en la sociedad.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Roberto Sánchez, ha anunciado durante una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid que tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y habiendo recibido 150 observaciones y alegaciones esta ley se tramitará tras el verano ante el Congreso de los Diputados.
El proyecto normativo no es muy rupturista con el Código Europeo porque España ha adoptado muchos derechos y obligaciones reconocidos por el Ejecutivo comunitario. Es un anteproyecto complejo que consta de 114 artículos, 19 Disposiciones Adicionales, 14 Transitorias, 5 Finales y una Derogativa.
“La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto en valor los servicios de telecomunicaciones y por eso se hace hincapié como servicio universal”, ha reconocido el secretario de Estado destacando que se actualiza el servicio universal de telecomunicaciones a las necesidades de los ciudadanos para que los consumidores tengan los mismos derechos en los distintos países de la UE.
Cambios
Entre las principales novedades de la futura Ley de Telecomunicaciones destaca que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas proporcionarán a los consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Asimismo, las autoridades garantizarán que los usuarios tengan acceso gratuito a una herramienta de comparación independiente para evaluar los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales. Los usuarios tendrán el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas les anuncie cambios en las condiciones contractuales.
Igualmente, se introducen mejoras de cara a la portabilidad como la capacidad para desbloquear la tarjeta móvil, conservar el saldo de las tarjetas prepago o mantener el número telefónico una vez que se haya puesto fin al contrato. Cuando un usuario rescinda un contrato con un proveedor, podrá conservar el derecho a cambiar el número del plan nacional de numeración a otro proveedor durante, al menos, un mes. También tendrá derecho al reenvío de correos electrónicos una vez rescindido el contrato
Respecto a la finalización de la relación contractual, los proveedores notificarán a los usuarios, al menos con un mes de antelación, cualquier cambio de las condiciones contractuales, y les informarán de su derecho a rescindir su contrato sin coste adicional si no aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el plazo de un mes.
Otra de las novedades conlleva que los usuarios podrán acceder de manera gratuita a los servicios de emergencia y sin tener que utilizar ningún medio de pago utilizando el número único europeo 112. El acceso a dichos servicios para los usuarios finales con discapacidad debe estar disponible a través de estas comunicaciones y ser equivalente a aquel del que disfrutan otros usuarios finales. Así mismo, antes del 21 de junio de 2022, en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes, los estados miembros velarán por que los proveedores de servicios móviles de comunicaciones transmitan las alertas a los usuarios finales afectados, una especie de 112 inverso.
Otro cambio hace referencia a la eliminación de elementos obsoletos como las cabinas telefónicas o las guías que han sido sustituidas por el servicio de telefonía móvil o el acceso a la información a través de Internet. Se establece un régimen de acceso a internet, es decir, en vez de fijar una velocidad mínima se busca dotar a los usuarios de mayor funcionalidad. Para ello se establecen velocidades que permitan servicios funcionales de acceso a Internet.
También se disponen medidas destinadas a reforzar la relación del usuario con el proveedor de servicios. Para ello, se introducen novedades como el refuerzo de la transparencia de los contratos y se regulan por primera vez los paquetes de servicios. Se recoge por primera vez como proveedor de servicio regulado a los proveedores de servicios de mensajería, que pasan a incluirse como prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas.