La progresiva humanización de los jueces robots
En el futuro, los algoritmos resolverán los conflictos judiciales y las personas solo tendrán que revisar y refrendar la decisión
Los avances en inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y diversas tecnologías complementarias plantean debates de extraordinario calado. En su mayoría, estos dilemas exceden el ámbito técnico y reclaman ser contemplados desde otras perspectivas como la ética, la sociología, la filosofía o la política.
En los últimos años se viene hablando de la posibilidad de que algún día un robot –un algoritmo– pueda llegar a sustituir a los jueces. En la actualidad, existen sistemas cognitivos que analizan datos y jurisprudencia, constituyendo un apoyo fundamental para la labor de los jueces. Lo que ahora se discute es si un algoritmo puede actuar de forma autónoma como juez.
En primer lugar, debe analizarse si esto representa una posibilidad real o es una simple utopía. La labor de juzgar comporta, al menos, cuatro actividades: seleccionar el material jurídico relevante aplicable, interpretarlo y aplicarlo al caso, determinar los hechos (pruebas) y las relaciones causales y calificar judicialmente los hechos probados.
Mientras parece que las dos primeras fases podrían ser ejecutadas por robots, sobre las otras dos surgen muchas dudas. Hay capacidades esenciales del hombre de las que carecen las máquinas: moral; razonamiento por analogía; empatía; compasión; ambigüedad del lenguaje: uso de metáforas o palabras con doble sentido; contextualización del caso: la solución no está en una norma aislada, es una combinación, que puede ser de carácter vertical u horizontal.
Como nuestro cerebro solo puede imaginar en términos aritméticos y no geométricos, parece que las dificultades indicadas son insalvables, pero imaginemos, por un momento, que el robot-juez pudiera superarlas. No hay duda de que ello representaría grandes ventajas: imparcialidad y objetividad (no dependería de sesgos personales o ideológicos del juez o de sus propias circunstancias), consistencia (reducción de variabilidad y multiplicidad de criterios), previsibilidad, ahorro de costes o rapidez de respuesta.
Ahora bien, los riesgos y desventajas serían también apreciables: falta de transparencia (caja negra), problemas de ciberseguridad y hackeo y, sin duda, lo más importante: la discutible ética del algoritmo y la posible vulneración de derechos humanos, lo que abre la gran cuestión de quién y con qué criterios se programa a los robots para tomar decisiones judiciales.
Hoy en día funcionan con éxito algoritmos que son capaces de identificar patrones que permiten predecir resultados de cortes y tribunales en función de sentencias anteriores. Estudios de diversas universidades británicas y norteamericanas afirman que las predicciones alcanzan un nivel de acierto superior al 80%.
Existen numerosos proyectos en marcha para el desarrollo de jueces-robot en Estados Unidos, China y Europa. Todo apunta que, a corto plazo, será un algoritmo el que resuelva el caso y que posteriormente un juez (humano) tendrá asignada la tarea de verificar la decisión y refrendarla. Los recursos a instancias superiores serán resueltos por tribunales. Este sistema será más sencillo de implantar en el ámbito de los negocios (competencia, tributario, seguros y patentes) que en el de los procesos penales o de familia (delitos, divorcios, etcétera).
Hay países que están prohibiendo el uso de legaltech para la predicción de las decisiones de los jueces, incluso penando con cárcel a quien publique patrones de conducta judiciales. Cierta aversión instintiva ante el hecho de que las máquinas intermedien y sentencien en los asuntos humanos es bastante razonable, pero supone también poner puertas al campo. El proceso de aplicación automatizada del derecho se antoja imparable, y lo que debemos hacer es conseguir humanizar las máquinas, antes de que ellas nos deshumanicen.
Mario Alonso es presidente de Auren.