Guía práctica para afrontar la vuelta a los juzgados
Aunque a partir del 4 de junio se levantan los plazos procesales, los procedimientos Covid seguirán siendo preferentes
La Administración de Justicia está inmersa en un proceso de desescalada que tendrá este próximo jueves, 4 de junio, su momento clave. Ese día, los juzgados y tribunales retomarán el pulso gracias al levantamiento de los plazos procesales en todo el territorio nacional. La medida pondrá punto y final a casi tres meses de parón en los que solo se han podido tramitar procedimientos de extrema urgencia. Sin embargo, nada volverá a ser como antes: los asuntos relacionados con el Covid-19 seguirán teniendo preferencia, habrá juicios por la mañana y por la tarde, comparecencias online y aforos limitados en las salas de vistas para evitar aglomeraciones. Una nueva normalidad que marcará el día a día de los operadores jurídicos, al menos, hasta finales de año.
La operación retorno de la justicia comenzó el pasado 15 abril con la apertura de Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas. Los documentos se han ido recibiendo en los registros y repartiendo entre los diferentes juzgados, aunque todavía no han sido admitidos. La pregunta es: ¿qué orden de tramitación debe seguirse a partir del día 4 de junio?
Orden de preferencia
El Real Decreto Ley 16/2020 contiene algunas directrices a las que hay que unir los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por un lado, los servicios declarados esenciales durante la vigencia del estado de alarma (internamientos urgentes, órdenes de protección, etc.) y todas las causas relacionadas con el coronavirus tendrán preferencia de aquí a final de año. Por otro lado, se computará desde cero el plazo de todos los procedimientos y se duplicará el tiempo para presentar recurso ante aquellas resoluciones que hayan sido notificadas antes del 20 de junio.
El problema es que los magistrados no tienen claro cómo combinar el señalamiento de nuevos juicios con el de aquellos que han quedado suspendidos. “Todo va a depender de la dinámica de cada oficina judicial. El juez tendrá que valorar qué citas puede mantener y cuáles tendrá que ir agendando poco a poco conforme avancen los meses”, apunta María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Reincorporaciones
Por ahora, los órganos judiciales continúan calentando motores. La semana pasada se reincorporó entre el 60% y 70% de los funcionarios, y está previsto que el 9 de junio lo haga el 100% de la plantilla con la aplicación de la fase 3 de la desescalada. El portavoz del sindicato de funcionarios CSIF, Javier Jordán, critica que el ministerio diseñe un sistema por etapas independiente a la situación sanitaria de cada provincia. “Hay capitales que pasaron a la fase 2 en justicia mientras que su población seguía en fase 1 general. Es un hecho bastante contradictorio y demuestra que el Gobierno está siguiendo un criterio diferente al científico. Posiblemente, porque está siendo presionado”, afirma.
Medidas sanitarias
Más allá del sistema por fases, la organización del trabajo en los juzgados durante los próximos meses vendrá condicionada por las normas sanitarias. Así, por ejemplo, se prevé que, en aquellas sedes en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad, los funcionarios se dividan en turnos de mañana y tarde. La idea, dice Jordán, es que el 70% de los funcionarios sigan trabajando en el horario habitual, de 8 a 14 horas, y el resto modifique temporalmente su jornada: de 14 a 20 horas. Este cambio, aclara, será en principio voluntario, salvo que no se cubran todas las plazas, en cuyo caso “se establecerán turnos rotatorios”.
Javier Jordán también denuncia que existen muchas diferencias entre territorios. “Vemos que hay autonomías que se han preparado muy bien para la reapertura de las sedes judiciales y otras que apenas tienen stock de equipos de protección”, lo que compromete, asevera, la seguridad de los trabajadores y los ciudadanos. Por su parte, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, se queja de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “no haya considerado conveniente” realizar test serológicos a todos los funcionarios. También echa de menos pantallas de separación en muchos juzgados.
Accesos y aforos limitados
La máxima preocupación es, en cualquier caso, evitar posibles contagios. Por ello, en todas las sedes deberán implementarse medidas que minimicen el contacto entre el personal y los ciudadanos asistentes, y que garanticen el distanciamiento social. En primer lugar, se establecerán controles y restricciones de acceso a los juzgados. Será el juez quien decida el aforo máximo del recinto de acuerdo a las dimensiones de la sala. Los funcionarios denuncian, no obstante, que a la hora de regular la capacidad no se ha pensado en las zonas de espera. Según Jordán, los pasillos son espacios muy concurridos en los que “se puede llegar a vivir situaciones de riesgo”. Por su parte, los procuradores han solicitado un canal telemático de comunicación directa con los tribunales que ayude a evitar aglomeraciones.
Como medida complementaria, el recorrido por la sede judicial se hará con mascarilla, que deberán traer de casa los usuarios que accedan con cita previa. Asimismo, se tendrán que desinfectar las salas y cambiar las fundas de los micrófonos entre juicio y juicio. Si se incumplen estas prevenciones mínimas, los abogados “podrían alegarlo como motivo de suspensión de la vista”, señala Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
Telejuicios
El distanciamiento social que exige la lucha contra la pandemia también ha provocado el salto del juicio presencial a la videoconferencia. El decreto ley prioriza, durante unos meses, las comparecencias en remoto. Según Gay, los tribunales superiores ya han adelantado que la gran mayoría de trámites serán telemáticos, “limitando nuestra presencia en aquellos en los que sea estrictamente necesario”. Sin embargo, algunos juristas han manifestado dudas respecto de las garantías y seguridad de los telejuicios.
En el terreno práctico, María Jesús del Barco plantea dificultades como, por ejemplo, controlar que al testigo no le están dictando las respuestas. En su opinión, esta tecnología puede servir para asuntos sencillos, pero, según vaticina, “en la gran mayoría de casos se celebrarán juicios presenciales porque aún no estamos preparados”. El CGPJ ha publicado una guía para establecer una serie de pautas sobre la celebración de juicios online. Así, no podrán usarse “videoconferencias de baja calidad”, como Skype, Teams, Zoom, etc., para testificales, interrogatorios o periciales. Las necesidades de inmediación del acto procesal harán muchas veces inviable el uso de esta tecnología, como por ejemplo en la declaración de un acusado. Por otro lado, para actuaciones telemática en las que intervegan otras personas distintas a los profesionales, se aconseja que se lleven a cabo con el consenso de las partes.
Gay defiende que los trámites telemáticos son un gran avance que debería implantarse de manera definitiva. Para otros, es un reto que solo podrá asumirse con garantías si se invierte en equipos informáticos y se adapta la legislación. Así opina Rafael Lara, que ha pedido al ministerio que se paralice porque la seguridad de los datos, de la que son responsables los letrados de justicia, “no está garantizada”.
Agosto hábil
Los letrados y procuradores tendrán este año que estar pendientes de las citaciones también en agosto, medida que ha provocado un gran rechazo entre estos profesionales. Finalmente, la recomendación del CGPJ de que los magistrados se vayan de vacaciones preferentemente en este mes ha servido para calmar las aguas. Según Gay, este cambio de criterio “hará que sea una medida más efectiva y menos agresiva para la conciliación de la abogacía”.
Una vez pasado el verano, habrá que estar atento a posibles rebrotes del virus. En este caso, señala Jordán, el ministerio volvería hacia atrás en el sistema de fases. El portavoz de CSIF propone que se cree un contingente especial de interinos para cubrir posibles bajas y evitar que se vuelva a paralizar la tramitación de expedientes. Una situación que, para Del Barco, sería nefasta, ya que “la justicia no puede estar parada indefinidamente”.
María Eugenia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona
"Confiamos en que los cambios tecnológicos que se implementen puedan permanecer más allá de tres meses y se consolide un nuevo modelo de justicia"
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura
"Soy bastante escéptica respecto a la celebración de juicios telemáticos de manera preferente porque los juzgados no están preparados"
Javier Jordán de Urríes, portavoz del Sindicato CSIF Justicia
"No podemos esperar que los tribunales funcionen a pleno rendimiento de la noche a la mañana, lo primero es la seguridad de los ciudadanos"
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España
"La vuelta a la actividad judicial podría haberse producido antes si se hubieran adoptado las medidas de seguridad necesarias desde el primer momento"
Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia
"Estamos de acuerdo en que es necesario reactivar la justicia desde el mismo día 4 de junio, pero necesitamos que se establezcan unos protocolos procesales claros"
Los juzgados Covid, la solución del Gobierno al colapso judicial
Litigiosidad. El Ministerio de Justicia prevé un importante incremento en la litigiosidad como consecuencia de la crisis socioeconómica provocada por el coronavirus. En concreto, estima que solo durante 2020 el volumen de pleitos crecerá un 31% en la jurisdicción social, un 30% en el orden civil y un 35% en la vía contencioso-administrativa.
Refuerzo. Para abordar este incremento en la carga de trabajo, el Ejecutivo ha impulsado mediante real decreto la creación, antes del 31 de diciembre, de 23 juzgados especializados que atenderán de forma temporal los asuntos derivados de la pandemia.
Asuntos. En principio, los juzgados Covid conocerían de todos aquellos asuntos calificados como preferentes por el RDL 16/2020. Entre ellos, las demandas relativas a la moratoria legal de arrendamientos e hipotecas; los recursos que se interpongan contra las resoluciones sobre ayudas públicas previstas para paliar los efectos económicos de la pandemia; los procesos por despido durante el estado de alarma; la impugnación individual o colectiva de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los conflictos sobre la recuperación del permiso retribuido recuperable.
Funcionamiento. La ley no ha dotado a estos nuevos órganos ni de personal ni de una partida económica específica. Por tanto, lo más probable es que sean destinados a ellos los jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. Se prevé también la movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad.
