La fiebre del 'low cost' irrumpe en la abogacía
La profesión se moderniza mientras sectores críticos exigen mayor control deontológico
La fiebre por el low cost ha irrumpido con fuerza en los mercados. Hoy en día, prácticamente todo tiene una alternativa de bajo coste: aerolíneas, móviles, ropa... Una filosofía que también ha llegado a la abogacía. Los letrados ya no solo compiten entre ellos, sino también con otros operadores que, tras ver el potencial del sector legal, se han lanzado a morder la tarta del negocio jurídico. El último ha sido el gigante tecnológico Amazon, que acaba de desembarcar en el mercado legal estadounidense con IP Acelerator, un producto para empresas que quieren obtener protección y registro de marca de forma rápida y barata.
La abogacía low cost provoca sentimientos encontrados. Por un lado, están los que denuncian el riesgo de uberizacion de la profesión, con la participación de operadores no sometidos a control deontológico o colegial. En el bando contrario, los que defienden que el sector tiene que modernizarse, dejar el corporativismo, y adaptarse a la nueva realidad: servicios cada vez más fragmentados, sana competencia y uso de tecnología. El asesoramiento legal ya no es un monopolio de los abogados, dicen.
Para empezar, habría que definir qué significa ser un abogado low cost y bajo qué modelos de bajo coste funcionan los distintos operadores en el mercado legal español. Junto a firmas que ofrecen precios competitivos gracias a la especialización y estandarización de determinados procesos, como reclamaciones aéreas o bancarias, hay gran variedad de proveedores legales.
Muchos profesionales rechazan la connotación negativa del término low cost. El precio puede ajustarse, afirman, porque se gestiona mejor. Es el punto de vista de empresas que, con una visión mercantilista y apoyadas en las nuevas tecnologías, ofrecen servicios jurídicos como si fueran commodities o productos. Registro de marcas, firma electrónica, modelos de contratos… todo un mundo de gestiones que no tienen por qué ser prestadas por un abogado, y que puede hacer, incluso, una máquina. Para Martí Manent, CEO de Derecho.com y elAbogado.com, una app para encontrar abogado, hay mucho más commodity en la industria legal de lo que se quiere vender, y mucho servicio que puede ofrecerse a un precio más barato y de forma más automatizada y eficiente. Por eso, “los emprendedores que vean oportunidad de negocio y la sepan ejecutar mejor que los proveedores tradicionales, entrarán a competir”. Manent lo ve claro: los únicos ámbitos de la profesión jurídica exclusivos de los abogados “serán aquellos que requieran llevar la toga en un juicio”.
Libre competencia
Los nuevos canales de distribución son para Esther Montalvá, abogada y responsable de asuntos digitales en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una oportunidad para jóvenes y pequeños despachos de rivalizar con las grandes firmas. Los despachos solo perderán cuota de mercado “si no saben competir en el medio digital”, apunta. Montalvá es partidaria de no sobrerregular las apps para encontrar abogados, y defiende la liberalización de la venta de servicios. Hoy por hoy, afirma, “solo nosotros y los médicos tenemos expresamente prohibido en nuestras prácticas comerciales valernos de colaboraciones comisionadas y reseñas retribuidas de terceros”. Esto, lamenta, limita “enormemente” la capacidad comercial del autónomo y la pyme, que “representan el gran grueso de abogados ejercientes de nuestro país”.
Internet
El cliente ha cambiado, y la forma de buscar servicios jurídicos también. Lo primero que hace un ciudadano ante un problema es preguntarle a Google: “¿qué hago si mi vecino tiene una gotera?”. Sin embargo, para Carlos Valls, socio de Augusta Abogados, los nuevos servicios legales a través de plataformas de internet han sido estimulados desde la oferta “aprovechando que el acudir a un abogado parece, inicialmente, un gran paso para el cliente”. El problema, apunta, es ofrecer servicios en masa “que pasen como estándar cuando en realidad no lo sean”, como plantillas de convenios reguladores de divorcio a bajo precio. El riesgo contrario es que el abogado ofrezca como no estándar un servicio que sí lo sea (en términos de inversión de tiempo y de honorarios). A lo que debe adaptarse el abogado, afirma, es a desmitificar su trabajo, a hacerse más accesible (con el uso de las nuevas tecnologías) y en “convencer a la sociedad de que siempre vela por los intereses de los clientes y no por los suyos propios”.
Precarización
Los detractores de los nuevos modelos low cost de abogacía apelan a la deontología de la profesión. En opinión de Rafael del Rosal, abogado experto en deontología, “se está precarizando la profesión a unos niveles extraordinarios” al amparo de una creciente desregulación. Según su visión, estos servicios baratos son un engaño, porque “alguien paga el coste que tienen”. Además, denuncia, se está disgregando la defensa. En estos modelos de litigación masiva, los profesionales no controlan todo el proceso, sino que se limitan a repetir un determinado parte del procedimiento por muy poco dinero. “La defensa jurídica no es el taxi”, afirma indignado, y el cliente tiene que saber quién le defiende en un juicio.
Para Del Rosal, el problema ya está sobre la mesa y sus consecuencias se verán con el tiempo (no descarta demandas como las de Glovo). Para evitarlo, reclama a la Abogacía un estudio serio del “mundo low cost”, y que las medidas sean consensuadas en un Congreso Nacional deliberativo. “Se está barriendo a toda la abogacía intermedia”, alerta, dejando la alta gama y el low cost. Hay una abogacía joven, asegura, que no podrá soportar las condiciones.
Autorregulación
Fernando Candela, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), afirma que desde el organismo se está intentando luchar contra “estos macrodespachos telemáticos, en los que, a lo mejor, hay un 5% de abogados, y el resto son teleoperadores o comerciales”. De este modo, existe riesgo de que se pierda la relación de confianza entre abogado y cliente, y se diluya su responsabilidad. En este sentido, afirma que las organizaciones de consumidores ya han mostrado su preocupación.
Cree que la solución vendrá de la mano de un código de conducta, de adhesión voluntaria, en el que trabaja la Abogacía y que podría ver la luz en breve. La autorregulación de la profesión es la fórmula para poner coto a prácticas contrarias al valor de los abogados, como la publicidad llamativa o alguna otra relacionada con el low cost. Hay servicios, entiende Candela, que no pueden tener un coste irrisorio, porque requieren de una preparación y estudio que ha de cobrarse. Un divorcio, explica, no es un producto con el que competir a la baja.
Otras soluciones
Subcontratación. El outsourcing, habitual en áreas informáticas, ha llegado también a los departamentos legales. La subcontratación, conocida por sus siglas en inglés LPO (Legal Process Outsourcing), se refiere a la práctica de una firma de abogados o corporación que obtiene servicios de apoyo legal de una despacho externo o compañía de servicios de soporte legal. Externalizar determinado tipo de prácticas y productos legales, como el apoyo en procesos de due diligence, etc., puede reducir la factura legal de la empresa.
Desagregación. Un asunto jurídico puede dividirse en diversas tareas que pueden ser realizadas por separado por distintos profesionales. El modelo de desagregación permite asignar (bien por subcontrata o mediante otro tipo de relación) parte de esas tareas o servicios al proveedor o profesional más idóneo por su especialización.
Abogados por proyectos. El Legal Interim Manager (LIM) es una prestación temporal de recursos especializados durante un periodo de tiempo, Consiste en proporcionar abogados especializados y de un perfil alto para proyectos temporales. Hay diversos motivos por los que las empresas y firmas pueden decidir contratar LIMers: cubrir una vacante, situaciones de auditoría, una expansión internacional.
Secondment. Una fórmula consistente en el intercambio temporal de profesionales entre despachos o con una empresa. Mediante esta práctica, una firma puede enviar o recibir profesionales de clientes o despachos aliados en otros países. Ayuda a estrechar lazos y absorber la forma de trabajar y los valores de la organización.