La negociación se estanca: “la huelga es inevitable”
Los jueces señalan la carga de trabajo como gran problema Justicia dice que 10 de las 14 demandas están “en proceso”
A principios del mes de marzo las asociaciones judiciales y de fiscales anunciaron una jornada de huelga el próximo 22 de mayo para reclamar una profunda renovación en la Administración de Justicia. En particular exigen la adopción de las 14 propuestas que presentaron en junio de 2017, para la mejora de la Justicia.
A fecha de hoy, según el Ministerio de Justicia, diez de esas propuestas están en trámite y proceso de aprobación. Sin embargo, para las asociaciones no es suficiente y advierten que, dado que no se han aceptado las catorce medidas planteadas, la huelga del próximo 22 de mayo es ya "inevitable". María Jesús del Barco, titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Madrid y portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), explica que las movilizaciones no se deben solo a la bajada salarial que sufrieron como el resto de los funcionarios públicos. "El verdadero motivo es el hartazgo al que hemos llegado los jueces al ver que no se avanza absolutamente nada en cuestiones que son esenciales para mejorar la calidad de la Justicia", asevera.
Una de las reivindicaciones de la judicatura es la implantación urgente de cargas máximas de trabajo. Los jueces se quejan de que la acumulación de asuntos en los juzgados es consecuencia de la incorrecta determinación de la asignación del trabajo. Distintos estudios confirman esta frustración, como la encuesta de ámbito nacional a jueces y magistrados en servicio activo realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2015, que reveló que el 70% de ellos consideraba excesiva su carga laboral habitual.
Además, según los estudios del propio CGPJ, actualmente 3 de cada 4 los órganos judiciales tiene una asignación de trabajo superior al 150%; fundamentalmente, los Juzgados de 1º Instancia, de lo Mercantil y de lo Social. Esta sobrecarga además de afectar a los tiempos de los procesos, supone un riesgo psicosocial muy elevado para los magistrados. Así lo consideran el 85 % de los integrantes de la carrera judicial, según un informe de evaluación de riesgos del Servicio de Prevención Ajeno del órgano de gobierno de los jueces.
Esta cuestión ha llegado incluso al planteamiento de una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, mediante la cual las cuatro asociaciones de jueces solicitaron que se declarara que el CGPJ está incumpliendo su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces, tal y como viene establecido en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016.
De esta manera, como indican desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), se pretende obligar al organismo a determinar los módulos de carga de trabajo a efectos de salud laboral; es decir, a establecer una medida objetiva que fije cuándo un exceso de trabajo supone un riesgo para la salud de los jueces.
La sentencia, de 12 de febrero de 2018, (pinche aquí para acceder a ella) decidió que la competencia para resolver la impugnación de las actuaciones de la Comisión Permanente del CGPJ correspondía a una Sala Especial de lo Contencioso del Tribunal Supremo y no a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. A pesar de este revés, las asociaciones judiciales no han cesado en su empeño y han interpuesto un recurso de casación que ya ha sido admitido a trámite.
"Mientras no se fije la carga de trabajo por el Consejo, seguirá siendo necesaria la demanda, el proceso continuará ante el órgano que finalmente resulte competente" es lo que advierten desde la APM.
La asociación Foro Judicial Independiente (FJI), añade que el CGPJ se ha desentendido de este tema y que si los tribunales no les dan la razón habrá que esperar a que este se renueve, aunque confían en que antes "este derecho de los jueces llegará a ser reconocido".
Sin jornada laboral
Ante esta situación, plantear que los jueces tengan una jornada laboral fija resulta impensable. La AJFV admite que "el CGPJ sabe muy bien que la fijación de un horario de trabajo supondría una caída de productividad grave, ya que la cantidad de trabajo que tienen los jueces sería inasumible en un horario fijo de 40 horas a la semana".
Por su parte, el FJI recuerda que la judicatura no tiene horario puesto que sus miembros están sometidos a las "necesidades del servicio", como regula el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Nos vemos en la necesidad de resolver todo lo que entra en el juzgado sin tener jornada ni cantidad de trabajo definida" declaran. Y es que, como destacan desde la asociación Juezas y Jueces Para la Democracia (JJPD), el magistrado está sometido a los plazos procesales para dictar las correspondientes resoluciones, con la amenaza de una posible sanción disciplinaria si supera ese lapso de tiempo.
Asimismo, las cuatro asociaciones judiciales convienen en que las iniciativas puestas en marcha para intentar descongestionar los juzgados no han funcionado. Por ejemplo, ante la avalancha de demandas por cláusula suelo en los contratos hipotecarios, el CGPJ aprobó la especialización de determinados juzgados en la materia. Una medida que desde el principio fue rechazada por la judicatura puesto que, como explican desde JJPD, solo supone una especialización en primera instancia, lo que finalmente crea un atasco en apelación, ya que las sentencias sobre estos asuntos suelen ser recurridas por los bancos. Además, se destina a estos juzgados a jueces recién salidos de la Escuela Judicial, lo que supone "una merma para sus expectativas laborales y un anquilosamiento profesional". Por último, el aplastante volumen de demandas sobre esta materia acaba por colapsar el juzgado que tenga asignadas estas causas en la provincia.
Por todo ello, las asociaciones también proponen racionalizar la planta judicial adaptándola a la realidad, es decir, detectar dónde hay más juzgados y dónde hay más carga de trabajo para determinar el número de juzgados que hay que crear en función de las necesidades.
El uso de la tecnología
Otro de los puntos en los que las asociaciones de jueces coinciden es en que, si la tecnología es un medio para para conseguir una Administración de Justicia mejor, deberá adaptarse al procedimiento y no al revés, como ha sucedido con el expediente judicial electrónico (EJE). Los magistrados lamentan que no se les haya tenido en cuenta para el diseño de esta herramienta que en muchas ocasiones más que facilitar su labor la dificulta debido a las "disfunciones constantes" que sufre, como problemas para localizar ficheros o la falta de capacidad del sistema para soportar información documental y grabaciones de las declaraciones.
Desde JJPD plantean que "lo interesante sería usar la tecnología para fomentar la desvinculación física del despacho profesional", es decir, que sirviera para darles la posibilidad de trabajar desde su domicilio y acudir al juzgado sólo para las horas de audiencia y la práctica de diligencias presenciales.
Los funcionarios de Justicia
- Movilizaciones a la vista. Los sindicatos que representan a los funcionarios de la Administración de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) se reúnen el próximo 3 de mayo para decidir su plan de movilizaciones y si se unen a la huelga del 22 de mayo. Estas son algunas de sus peticiones fundamentales:
- Salarios. Homologación del complemento específico para los funcionarios del ámbito del Ministerio de Justicia respecto a los compañeros destinados en Comunidades autónomas con competencia delegada.
- Complemento especial.Restitución del complemento para quienes trabajan en los Juzgados de violencia de género.
- Días de asuntos propios.Recuperar los tres días de asuntos particulares que les fueron retirados al igual que a todo el funcionariado.
- Retirar las enmiendas a la LOPJ. Abandonar las 53 enmiendas a la Ley orgánica del Poder Judicial que, entre otras cosas, favorecen cambiar el centro de destino de los funcionarios en función de las necesidades de los juzgados.
- Jornada laboral. Tras la ampliación de la jornada que se les impuso, los sindicatos quieren negociar un horario de trabajo diferente al fijado.
- Conciliación. Implantar medidas que faciliten a los funcionarios conciliar su vida laboral y familiar.
- Nuevas tecnologías. Particpación de los fncionarios en la implantación de las nuevas herramientas digitales en la Administración de Justicia.