Ignacio Prendes: “Tenemos una gran sintonía con las reivindicaciones del 22-M”

“La Ley Orgánica de Protección de Datos no llegará a tiempo por la parsimonia del Gobierno del PP” Euroorden: “la calificación y enjuiciamiento de los hechos corresponde en todo caso a los tribunales españoles”

Ignacio Prendes: "España tiene un problema de credibilidad de las instituciones muy agudo y en el ámbito del Poder Judicial se manifiesta con toda crudeza y en el del Ministerio Fiscal también".Pablo Monge

Ignacio Prendes, actual vicepresidente primero del Congreso y portavoz de la Comisión de Justicia por Ciudadanos (Cs) recibe a Cinco Días Legal en un momento agitado: acaba de iniciarse el debate de los Presupuestos Generales y el personal del ámbito judicial está inmerso en un calendario de movilizaciones que tiene, como punto álgido, la huelga del 22 de mayo. Prendes, que conocer bien el oficio de abogado (se dedicó a él durante 25 años), se ríe cuando se le pregunta si se ve como ministro de Justicia de un Gobierno presidido por Albert Rivera. “En absoluto, a veces no me veo ni en este despacho”, asegura. Para él, aclara, “lo importante” es seguir trabajando día a día en un proyecto político que, según las encuestas, vive su mejor momento

R. ¿Comparte Cs las reivindicaciones de jueces, fiscales y funcionarios?

R. Tenemos una gran sintonía. Hay una sintonía muy alta con el manifiesto que publican conjuntamente las asociaciones de jueces y fiscales, compartimos muchos de sus planteamientos. Siempre hemos dicho que la Justicia es la gran olvidada en materia de inversiones, en materia de infraestructuras, de personal... y, por lo tanto, incluso ya en el Presupuesto de la legislatura pasada y en el de 2018, Cs planteaba un plan de choque de modernización de la Justicia que es absolutamente imprescindible para abordar los retos de una Justicia moderna del siglo XXI.

R. ¿Cómo valora la gestión del Ministerio?

R. Creo que se ha estado retrasando tomar decisiones, se ha estado obviando reivindicaciones de carácter profesional muy normales y muy justas, y pienso que todo ese conglomerado de asuntos ha estallado en esta situación de hartazgo que, para nosotros, está en buena medida justificada.

R. ¿Qué reprochan al Gobierno?

R. No han cumplido los compromisos con Cs en materia de independencia del Poder Judicial. Han optado por mantener ese pacto de hierro que tienen en torno a la Justicia con el PSOE: mantener bloqueado el cambio del sistema de elección de vocales. Y esto no resiste más. Ha provocado una grieta de credibilidad enorme entre el ministerio y los profesionales del sector y entendemos que hay que dar una respuesta.

R. ¿Le parece lógica la vinculación de determinadas medidas a la aprobación de los Presupuestos?

R. Lo que no nos parece lógico es que el PSOE le entregue la llave de cosas tan importantes como es el plan de choque y de modernización de la Justicia, de la creación de 300 plazas de jueces y fiscales, que son absolutamente necesarias, de trasladar al ámbito de la Justicia el acuerdo general que hay para que los funcionarios recuperen poder adquisitivo, a un partido como el PNV, cuyos intereses, evidentemente, van por otro lado. Tenemos una ratio de jueces y fiscales por habitante que está muy por debajo de la media europea y hay que dotarlo e incrementarlo

R. ¿Se dan por aludidos cuando se argumenta que algunas reformas están en manos del poder legislativo?

R. Hemos intentado, en el marco de la subcomisión donde hemos estado trabajando hasta el último momento, que el PP diese cumplimiento a aquello con lo que se había comprometido con Cs. ¿Que había que buscar una mayoría? es cierto, pero ni siquiera lo han intentado. Yo creo que el Gobierno en muchos casos se ha escudado en que no tiene mayoría para evitar abordar las reformas que son necesarias.

R. ¿Entiende la frustración que ha generado el fracaso de la subcomisión para la reforma de la Justicia en el sector?

R. Yo lo entiendo porque en buena medida es la frustración que también siente Cs. Desde luego, nosotros estamos poniendo la carne en el asador, como se suele decir. En el mes de enero planteamos en el seno de la subcomisión la modificación del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que realmente se pudiera despolitizar. En el mes de febrero llevamos al Pleno la proposición de ley de reforma de la fiscalía para dotarle de una verdadera autonomía e independencia respecto al Gobierno. Y en los dos casos los votos conjuntos del PP y del PSOE tumbaron esas dos iniciativas. España tiene un problema de credibilidad de las instituciones muy agudo y en el ámbito del Poder Judicial se manifiesta con toda crudeza y en el del Ministerio Fiscal también.

R. ¿Apoya su partido que sean los fiscales los que dirijan la instrucción?

R. Lo que somos partidarios es de reformar, efectivamente, la instrucción penal. El código procesal penal está absolutamente parcheado, se ha quedado obsoleto y hay que reformarlo y con otro modelo de Fiscalía. Entonces podríamos abordar el debate de la asunción por los fiscales de la investigación, con un juez de garantías, buscando la asimilación a otros modelos en el ámbito europeo. Pero, si se nos veda las reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que dote de verdadera autonomía e independencia a la institución, el siguiente debate no se puede dar.

R. Cs varió su posición en relación a la prisión permanente revisable. ¿Por qué?

R. No hemos cambiado de opinión. Dijimos, es cierto, que existen dudas de constitucionalidad sobre la actual configuración de la prisión permanente revisable en España, pero también hemos dicho que es una figura homologable con el resto de Europa. Es una pena destinada a penar delitos muy concretos y muy específicos que ofenden de forma gravísima a la dignidad del ser humano y, por lo tanto, que tiene que llevar una pena aparejada acorde con la gravedad de hechos. Por otro lado, hemos hecho una legislación aparentemente muy rigurosa respecto a cuándo se puede abordar por primera vez la revisión de esa pena pero luego tenemos un agujero tanto en el acceso al tercer grado como los permisos ordinarios. Por todo ello, la abstención de Cs era una abstención matizada porque es un asunto en el que uno no puede hacer un discurso exclusivamente de blanco y negro, como han hecho algunos.

R. ¿Cuál es su posición actual?

R. No a la derogación en caliente. Esperemos al pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque es verdad que tenemos dudas y, en todo caso, lo que tenemos que atender es a cubrir los huecos que hay en nuestro sistema penal, tanto en el acceso al tercer grado como los permisos ordinarios, porque no puede ser que alguien condenado por algo tan grave como prisión permanente revisable pueda estar en la calle en un tiempo tan breve como 8 ó 15 años. Eso ofende a la dignidad de las víctimas, pero además ofende a todos los ciudadanos.

R. ¿Ha quedado en entredicho la justicia española por el caso Puigdemont?

R. En absoluto. Afortunadamente nuestro Poder Judicial está haciendo una defensa del Estado y está cumpliendo su papel con todo rigor, contra los que, al final, lo que pretenden es tener un trato privilegiado, saltarse las leyes y actuar fuera del orden constitucional. Por suerte, todos los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico y, ahora mismo, yo creo que la actuación del Tribunal Supremo es la que está consiguiendo que ese principio constitucional se haga realidad.

R. ¿Se excedieron los tribunales alemanes?

R. Ha habido un defecto de comprensión de la situación real que se ha producido en España y de la gravedad de los hechos que se están enjuiciado. Espero que esos defectos de explicación o de comunicación se corrijan. El enjuiciamiento concreto y la calificación concreta de los hechos que se han producido le corresponde en todo caso a los tribunales españoles, y a los alemanes el control formal sobre si se cumplen los requisitos de la euroorden.

R. ¿Llegará a tiempo la nueva LOPD?

R. No, creo que a tiempo no va a llegar. Desgraciadamente, el gobierno del PP ha actuado con una parsimonia tremenda y lo que no se puede hacer es, ahora, poner la presión temporal sobre el Congreso de los Diputados. Una ley como ésta, tan importante, era necesario haberla traído la Cámara con mucha antelación. Hay cerca de 400 enmiendas y lo que vamos a hacer es trabajar con toda rapidez pero, desde luego, mirándolo con todo detalle, porque hay cambios muy significativos en el sistema de tratamiento de datos. Es un asunto clave para el futuro.

R. ¿Qué otras reformas urgentes cree que se aprobarán en esta legislatura? 

R. Desgraciadamente vamos a vivir una situación en la cual mucha transposición de normas europeas, que el Gobierno tuvo en su cajón durante muchísimo tiempo cuando tenía mayorías, no se han abordado y habrá que hacerlas ¿no? Yo, sinceramente, lo que creo es que si algo necesitamos es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dotar de verdadera independencia al Poder Judicial, acabar con la despolitización del Consejo, ir a un sistema de nombramientos en la carrera judicial verdaderamente meritocrático y que recupere la moral y la propia autoestima de la carrera judicial. Desde luego, nosotros estamos comprometidos con su impulso. 

R. Y la reforma de las costas procesales ¿saldrá adelante?

R. Es una modificación que es bastante controvertida y un asunto que tiene mucha trascendencia sobre el día a día de juzgados y tribunales. Los que venimos de la práctica del derecho sabemos perfectamente la incidencia que puede tener sobre la litigiosidad, y por lo tanto si se abordasen cambios en ese asunto deberíamos de hacerlo con acuerdos y con consensos y no dar un bandazo respecto a los criterios actuales. Me parece que ese acuerdo solo se da en el ámbito del contencioso-administrativo, donde realmente las costas sí se han convertido en una barrera de acceso a la Justicia para pleitear. En el ámbito del proceso civil no veo esa misma claridad.