“El colegio paga medio millón por los problemas de Lexnet”

El decano repasa con Cinco Días Legal sus primeros 100 días “Deben actualizarse los baremos del turno de oficio” “Es inaceptable la tendencia de llevar al abogado al banquillo”

Manuel Hernández

El pasado miércoles, 18 de abril, José María Alonso cumplió 100 días al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Coincidiendo con el fin del periodo de cortesía que suele darse a los gobiernos, el nuevo decano de los 78.000 abogados madrileños recibe a Cinco Días Legal en su despacho para hacer balance de las primeras decisiones de la junta surgida de las elecciones de diciembre y para explicar sus próximas metas. Ideas e iniciativas no le faltan y, como insiste una y otra vez, los colegiados van a ser el eje de todas sus decisiones. En relación al colegio, se propone abordar una reorganización a fondo que le permita funcionar “como una organización empresarial puntera”. Alonso no solo no rehúye ninguna pregunta, sino que, además, se compromete a recibirnos dentro de un año para examinar la evolución de los proyectos en los que se ha embarcado el ICAM.

R. ¿Qué destacaría de sus primeros 100 días?

R. Ha sido una etapa de muchísimo trabajo. Hemos tenido que sacar adelante un presupuesto en el que el 85% de las partidas venían determinadas por la junta anterior y ha habido que sacar petróleo de donde no había, eliminando aquello que tenía poco retorno para los colegiados e incrementando lo que tiene un beneficio directo. Queremos un colegio útil, centrado en los abogados y las abogadas. Siempre he dicho, aunque a veces se ha malinterpretado, que los 78.000 profesionales que lo integran deben ser tratados, no solo como compañeros, sino también como clientes; es decir, personas a las que hay que satisfacer sus necesidades. Además, hemos dado un impulso al área de las secciones, creando algunas nuevas, muy pensadas para el mundo del siglo XXI, y estamos trabajando en la reforma de los estatutos del colegio y en la redacción de un código ético.

R. ¿Qué dificultades se han encontrado?

R. El proyecto tecnológico que inició la anterior junta nos está dando muchos quebraderos de cabeza. La idea de la digitalización es excelente, pero no se ha desarrollado de forma adecuada. Nos estamos encontrando costes imprevistos y no contemplados. Estamos dispuestos a culminar el proyecto, pero estamos teniendo una discusión seria con el proveedor, IBM, sobre cuál debe ser el coste que debe afrontar el colegio. Expliqué a la junta que va a haber una desviación importante del coste inicial y los compañeros se quedaron muy sorprendidos. Se van a pedir responsabilidades sobre lo que ha sido, a mi juicio, una gestión muy deficiente del proyecto tecnológico.

R. ¿Qué necesidades le están transmitiendo los colegiados?

R. En primer lugar, en relación al turno de oficio, un servicio fundamental, nos trasladan que no está bien remunerado. También nos comunican situaciones de desconsideración o de desigualdad de los abogados frente a fiscales o abogados del Estado. A este respecto, estamos trabajando en la creación de un defensor de la abogacía. Además, hay necesidades concretas en algunos sectores. Dedicarse al asesoramiento fiscal se ha convertido en una profesión de riesgo. Hay una tendencia de las Administraciones de sentar al letrado en el banquillo que es, sencillamente, inaceptable. Y, por último, los abogados de empresa nos trasladan problemas relacionados con la falta de respeto al secreto profesional. A ellos el colegio también tiene que ampararles.

R. ¿Qué actuaciones han adoptado para abordar la situación del turno de oficio?

R. Conseguimos que se produjeran pagos adelantados de las cantidades que la Comunidad de Madrid adeudaba a sus abogados. El decano de Alcalá y yo nos reunimos con el consejero de Justicia, pero la situación política actual ha provocado que ahora haya cierta incertidumbre sobre si se pondrá en marcha. Los abogados del turno no solo deben cobrar a tiempo, sino que, además, tienen que hacerlo de acuerdo a unos baremos ajustados al mercado (actualmente se mantienen los de 2003). Estoy a favor de que se equiparen con la comunidad que los tenga más altos.

R. ¿Qué siente el decano cuando se ataca a un abogado por defender al presunto criminal de un caso mediático?

R. Siento una profunda indignación y una enorme solidaridad con el compañero o compañera que, en muchos casos, es abogado del turno de oficio. Los ataques me parecen absolutamente inadmisibles porque todo el mundo tiene derecho a ser defendido, por muy repugnante que sea su caso. No se puede trasladar una crítica hacia el abogado defensor y decir que el bueno es el abogado de la acusación particular, porque está ejercitando una labor fundamental. Si se producen estos casos respecto de abogados bajo la jurisdicción del colegio de Madrid, saldremos a apoyarlos de manera clarísima e indubitada.

R. ¿Hay discriminación contra la mujer en la abogacía?

R. En el mundo en el que me he movido yo, que es el de los grandes despachos, no hay discriminación, sino todo lo contrario. Se contrata a un número superior de mujeres que de hombres y, sin embargo, a socias llega un porcentaje del 20-25%. Se queda por el camino un número enorme de mujeres por los problemas de conciliación. Estamos trabajando sobre un código en materia de igualdad y tenemos que trabajar en sistemas de conciliación como el teletrabajo o que el horario no sea un elemento determinante, sino que se pueda desempeñar el empleo de manera diferente. En este tema seremos absolutamente beligerantes porque no solo es una gravísima injusticia, sino que estamos perdiendo talento.

R. ¿Cómo valora la implantación de Lexnet?

R. Lexnet era absolutamente necesario, la decisión del Ministerio de Justicia fue la correcta. Pero Lexnet está teniendo problemas de funcionamiento y hay muchísimas quejas de los profesionales. Además, nosotros tenemos en el colegio un coste de en torno a medio millón de euros para solucionar los problemas que el sistema causa a los abogados y abogadas. Ya le he dicho al ministerio que no es un problema mío, que es suyo, y que, por tanto, no sé por qué tengo que pagar yo. Los profesionales también nos han trasladado otras cuestiones, como la posibilidad de desconectar de Lexnet en vacaciones o en situaciones de enfermedad o maternidad.

R. ¿Contará el ICAM con un delegado de protección de datos (DPO)?

R. Tenemos que tenerlo y ya hemos seleccionado algunos candidatos. No obstante, antes me gustaría hablar con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, para ver si podemos compartir esta figura y ahorrar costes.

R. ¿Está a favor de eliminar la compatibilidad con los procuradores?

R. Por el momento, abogados y procuradores desempeñamos una función diferente. Pero la cuestión no es si estoy a favor o en contra, sino que es algo que creo que va a acabar sucediendo porque las autoridades de competencia y las influencias que vienen de la Unión Europea van a acabar con esa incompatibilidad antes o después.

R. ¿Qué le parece el examen de acceso a la abogacía?

R. No es el adecuado. El máster es una prolongación de la universidad; es decir, más teoría. No puede ser que se le sumen dos años más a la carrera. Enseñanzas no estrictamente teóricas, como la oratoria, la persuasión, cómo montar un despacho o cómo lidiar con las nuevas tecnologías, tienen que formar parte de ese máster. Los colegios tenemos que tener más peso en la definición de su contenido. El máster se está convirtiendo en un trámite que incrementa el coste de las familias y el tiempo que los licenciados tienen que estudiar, y no les enseña el ejercicio de la profesión.

R. ¿Qué medidas prevé el colegio para apoyar a los jóvenes?

R. Los jóvenes son una prioridad. Hemos habilitado una partida de 500.000 euros para el emprendimiento y asistir, entre otros, a los que comienzan su carrera profesional. Colaboramos en materia de instalación, formación y, si es necesario, con el tema de las cuotas, para que nadie se quede sin ser abogado por falta de recursos. Además, queremos ayudarles a encontrar trabajo, pero no con una feria de empleo de vez en cuando o una app a la que mandar el currículum, sino que alguien de aquí se siente con ellos, les conozca y vea cómo puede intentar encontrarles una colocación.

R. Cuando le entrevistemos dentro de un año, ¿de qué tres logros le gustaría poder decir: “Estoy orgulloso”?

R. Primero, de haber reorganizado internamente el colegio, respetando a sus empleados, que son un bien jurídico a proteger. En segundo lugar, de haber conseguido que los baremos del turno de oficio se hayan actualizado de manera razonable y conforme a criterios de mercado. Y, en tercer lugar, de haber creado un sistema de defensa de la abogacía que ponga coto a las situaciones de maltrato, desconsideración o afectación a la defensa que se estén produciendo. Son tres, pero podría citar muchos más.

El futuro de la justicia

 

 

Movilizaciones y huelga del 22M: “Apoyaremos todo lo que sirva para mejorar la justicia. No quiero decir que apoyemos, o no, la huelga, pero lo que sea dar un servicio más eficaz y mejor, la abogacía lo respaldará”.

 

 

Nuevas tecnologías: “No creo que la tecnología pueda sustituir al abogado, pero tenemos que acomodarnos a los avances que se producen. Si no espabilamos, en algunos aspectos sí puede ser una amenaza, aunque todo cambio requiere un asesoramiento jurídico”.

 

 

 

Voz en el legislativo: “Tenemos que conseguir que no salga ninguna ley que no sea revisada y discutida por los abogados. Somos los que sabemos las necesidades de ciudadanos y empresas y, además, somos los que invocamos la normativa y, por lo tanto, los que aplicamos el derecho”.