Justicia aborda con Abogacía Española las reivindicaciones del sector
Las pruebas de acceso a la profesión, el servicio de asistencia jurídica o la independencia judicial han sido algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se ha reunido este martes 17 de abril con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, con la que ha abordado las reivindicaciones de los abogados.
Sánchez-Cortés ha manifestado la apertura y disponibilidad del Ministerio a impulsar las reformas que sean necesarias para la mejora de la Justicia y del ejercicio de la abogacía. En ese sentido, ambas partes han coincidido en impulsar la revisión de las pruebas de acceso a la abogacía para reforzar los aspectos prácticos del examen y otorgar más participación a los colegios profesionales, dando así un mejor cumplimiento al mandato de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para lo que se están manteniendo las correspondientes reuniones de trabajo con el CGAE.
Otro de los aspectos tratados en la reunión ha sido el servicio de asistencia jurídica gratuita, respecto al que el ministro ya anunció hace unos días que se actualizarán los baremos, lo que será posible gracias al notable incremento del presupuesto del Ministerio de Justicia para el pago de la asistencia jurídica gratuita que superará este año los 48,7 millones de euros, un 32,6% más respecto al presupuesto aprobado en 2017.
Este incremento, junto a la agilización que supone el pago mensual a los colegios de abogados recientemente aprobado (antes se efectuaban trimestralmente) y que será operativo a partir del mes de mayo, redundará en una mejora del servicio, lo que se ha acogido muy positivamente por parte del Consejo General de la Abogacía.
Los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio incluirán también un aumento del 3,1% del gasto público en Justicia, que permitirá elevar un 2,5% el capítulo de gastos de personal y convocar 300 plazas jueces y fiscales, invertir 132 millones de euros en transformación digital de la Justicia e incrementar el gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano en un 31%.
Además, el Ministerio se ha comprometido a seguir trabajando por una Justicia para todos y más cercana a las personas, impulsando las reformas legislativas necesarias como la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, ampliamente demandada por la abogacía española y en cuyo proyecto ya está trabajando el Ministerio de Justicia. En este capítulo de reformas también se encuentra el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, cuya tramitación se encuentra muy avanzada.
En cuanto al debate existente en la actualidad sobre la independencia judicial, ambas partes han coincidido en subrayar una vez más que en España la independencia de nuestros jueces y fiscales está fuera de toda duda y que cada día los ciudadanos encuentran en sus demandas ante la Justicia una respuesta profesional e independiente.