De oficinas de Hacienda a casas de lujo: las viviendas de BlackRock se venderán a partir de 650.000 euros
El residencial, desarrollado junto a Grupo Lar, tendrá 153 unidades repartidas en 19 alturas y convivirá con una residencia de estudiantes de 400 camas en Madrid
El primer gran proyecto inmobiliario de BlackRock en España ya tiene nombre: Torre Castelló. Se trata de un antiguo edificio de oficinas que ocupaba el Ministerio de Hacienda y que el gigante inmobiliario compró mediante Barnaby Investments, una sociedad junto a Grupo Lar en la que es socio mayoritario, por 204.7 millones de euros tras una subasta pública. El residencial se compone de 153 viviendas, de entre una y cuatro habitaciones, que saldrán a la venta, en una fecha aún por concretar, por un precio desde 650.000 euros, tal y como confirma Jorge Pereda, director de residencial de Grupo Lar, que es la gestora de la obra. La comercialización, de la que se encarga Colliers, aún no ha comenzado, ni tampoco se ha abierto la lista de espera, aunque Pereda asegura que ya hay bastantes compradores interesados, sin querer especificar un número.
Aunque cuando se conoció el proyecto se barajó la idea de que se trataría de branded residences, siguiendo con una las tendencias en el inmobiliario de lujo, Perera explica que no será así. “Pensamos que no nos hace falta. El producto bien posicionado en una ubicación como esa no necesita de una marca para vender. La marca, además, lleva asociada una responsabilidad, un coste y la necesidad de ejecutarlo de acuerdo a unos estándares determinados. Si tienes la marca adecuada, puede ser atractivo. Si no, para mí, tiene más pegas que beneficios”, comenta.
En el enclave, la torre residencial convivirá con una residencia de estudiantes de 400 camas, para la que aún no hay operador, “aunque sí hay varios que han mostrado interés”. Cada uno de los proyectos tendrá su entrada diferencia. Las viviendas por la calle Castelló, y la residencia por María de Molina.
La subasta pública en la que BlackRock y Grupo Lar se adjudicaron el inmueble el pasado año fue impugnada por la socimi Whiteni, que también pujó por el activo, y ha recurrido la decisión antes la Audiencia Nacional. A este respecto, Pereda se muestra tranquilo, ya que desde sociedad consideran que “el contencioso administrativo abierto y que sigue su curso no tiene ningún tipo de fundamento”. Fuentes de Colliers aseguran que a las personas que se han interesado por las viviendas no parece importarles el proceso judicial.
El edificio de María Molina salió a subasta en 2023, tras dos intentos fallidos en el pasado, por un precio de salida de 155,8 millones de euros. Barnaby Investments se impuso en la misma por 204,7 millones, mientras la segunda oferta más elevada fue la de Whiteni con 197,5 millones.
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