Los bancos revisan las comisiones de sus fondos de inversión para cumplir con Bruselas
La normativa limitará los costes que pueden cargar los clientes; además, los productos que vendan deberán ofrecer rentabilidades iguales o mejores que sus comparables
La gran banca se está poniendo las pilas ante una regulación que amenaza el negocio de 500.000 millones de euros invertidos en España a través de fondos. Los grupos financieros están realizando análisis sobre el impacto de la nueva legislación comunitaria en su negocio comercial, puesto que la normativa prohibirá la venta de productos con comisiones injustificadas, y exigirá que las carteras que se comercialicen al clientes arrojen rentabilidades superiores o similares a otras comparables.
El cambio legal se enmarca en la estrategia de inversión minorista (RIS, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el paquete normativo con el que Bruselas pretende reformar las reglas de protección del pequeño inversor. Uno de los puntos fuertes será la revisión de la política de comisiones en fondos de inversión y contratos de gestión de carteras.
Sara Gutiérrez Campiña, socia fundadora de finReg360, explica que, “con la excepción de algún banco importante, el resto sí ha comenzado a iniciar proyectos para identificar impactos”. La experta revela que se han realizado análisis sobre los modelos de distribución y sobre si los costes de los productos están justificados y son proporcionales a la rentabilidad que ofrecen cuando se fabrican en sus gestoras. “En términos generales, creemos que el primer paso debe ser una reflexión profunda y un análisis de la oferta de productos. Es clave establecer metodologías que permitan comparar los productos propios con los del mercado e identificar cuanto antes la situación en la que se encuentran: cómo se posicionan frente a comparables, cuál es su rentabilidad, qué ingresos generan, etc”, añade.
CaixaBank, líder en España en fondos de inversión con más de 100.000 millones de euros gestionados, reconoce que está “analizando en detalle” el impacto que la RIS pueda tener sobre sus productos y servicios. Eso sí, se muestra confiada en que la redacción definitiva del proyecto “será equilibrada y no limitará el acceso a los servicios de inversión”.
En marzo, el Parlamento Europeo y el Consejo cerraron los principales acuerdos políticos en las negociaciones a tres bandas, desbloqueando los puntos más controvertidos del texto, entre ellos el tratamiento de los incentivos comerciales y la aplicación del principio de valor por el dinero en los productos de inversión. En una primera redacción, en 2023, la Comisión se planteó la prohibición total de las comisiones de retrocesión. Estas consisten en que los bancos reciben un pago por comercializar fondos de otras gestoras. Por ejemplo, si JP Morgan AM quiere vender uno de sus fondos en España, con una comisión anual del 1,4% para el cliente, puede aceptar que los bancos españoles se queden con la mitad —en concepto de comisión de retrocesión— por su labor de acercar ese fondo a su clientela.
Estos cargos han generado siempre recelos, porque son poco transparentes y porque pueden crear incentivos perversos, en los que el banco tenga más interés en vender los fondos de terceros con los que cobra más comisiones, en lugar de los fondos más adecuados para el cliente. CaixaBank considera positivo “que no se haya respaldado una prohibición general de los incentivos en operaciones no asesoradas, ya que un enfoque excesivamente restrictivo podría derivar en efectos no deseados, como un impacto negativo en la inclusión financiera de determinados perfiles de clientes”.
Voces críticas
Otras voces, en cambio, creen que la Comisión se ha acabado plegando a la industria. Karel Lannoo, director del think tank europeo CEPS, entiende que el texto finalmente pactado es “decepcionante”, que no termina de resolver los posibles conflictos de interés en la venta de fondos. Al final, Bruselas “no prohíbe las comisiones de retrocesión, salvo para las ventas sin ningún asesoramiento” y, a cambio, propone aplicar un test sobre “el mejor interés del cliente”.
El nuevo marco obligará a las entidades financieras a evaluar si los productos que diseñan y distribuyen ofrecen un valor adecuado para el cliente, teniendo en cuenta criterios objetivos como el nivel de riesgo, el horizonte temporal, la estrategia de inversión o el mercado objetivo.
Para ello, deberán comparar cada producto con otros similares y justificar que los costes soportados por el inversor son proporcionales a los beneficios esperados. Aquellos productos que no superen este análisis no podrán comercializarse entre clientes minoristas.
Desde el BBVA consideran que la regulación va por el buen camino y recuerdan que ya la CNMV exige a las gestoras que eviten “cargar costes indebidos en los fondos que comercializan”. También advierten del riesgo de una constante presión regulatoria que merma los márgenes de la industria de gestión de activos. “Los precios no pueden bajar de manera infinita si queremos mantener estándares de calidad y servicio”, apunta un portavoz.
La Comisión y los colegisladores consideran que el enfoque tradicional, centrado en reforzar la información y los procesos internos de las entidades, no ha sido suficiente para mejorar los resultados finales del inversor minorista. Con la nueva estrategia, el énfasis se desplaza hacia una lógica de resultados, en la que el regulador podrá actuar si detecta productos con comisiones consideradas injustificadas.
Según el calendario institucional del Parlamento Europeo, la nueva legislación RIS está cerca de la adopción. Tras los últimos ajustes técnicos, el texto deberá someterse a la votación final en el pleno, previsiblemente después del verano. Una vez publicado, los Estados miembros dispondrán de un periodo de transposición, habitualmente de dos años, un periodo que se ampliará hasta los 30 meses de cara a su aplicación efectiva. De acuerdo con esta hoja de ruta, es de esperar, por tanto, que las nuevas medidas comiencen a aplicarse a finales de 2028.
Con este paquete normativo, Bruselas aspira a reforzar la confianza de los pequeños ahorradores y a impulsar un mayor uso de los mercados de capitales como vía de canalización del ahorro en Europa.