España: ¿Macro-servidor ‘low cost’ de Europa o nueva meca del coche asiático?
Ser la cuna de producción de otras naciones sigue siendo un motor vital, tangible y que no podemos rechazar mientras no desarrollemos nuestros propios gigantes
La economía española se encuentra en una encrucijada que afecta igualmente a muchos países. Por un lado, cada vez se nos anuncian más inversiones de gigantes tecnológicos para el despliegue de macrocentros de datos en nuestro país. Paralelamente a estos anuncios, en estos días hemos conocido otros igualmente milmillonarios. Concretamente, ...
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La economía española se encuentra en una encrucijada que afecta igualmente a muchos países. Por un lado, cada vez se nos anuncian más inversiones de gigantes tecnológicos para el despliegue de macrocentros de datos en nuestro país. Paralelamente a estos anuncios, en estos días hemos conocido otros igualmente milmillonarios. Concretamente, industrias chinas han anunciado inversiones masivas asociadas a manufacturas pesadas con larga tradición española como es la automovilística. El discurso institucional y político tiende a agregar ambos fenómenos bajo un mismo relato optimista, desde el gobierno central hasta los ayuntamientos que los alojarán, independientemente del color político de cada uno de ellos. Sin embargo, si analizamos esta tipología de inversiones llegaremos a la conclusión de que se trata de dos tipos muy diferentes, con claros efectos diferenciados.
En primer lugar, los macrocentros de datos dejan escasas sinergias económicas mientras compiten ferozmente por recursos finitos y escasos. Esto no quiere decir que sean inversiones que podamos rechazar y tampoco negar que dejarán salarios y valor añadido allí donde se alojen. Pero su capacidad para generar un efecto derrame en la economía local y regional no es considerable. En cuanto a las inversiones en sectores como el automovilístico, estas implican el uso intensivo de un capital humano que disponemos y estimula una industria auxiliar potente y fuertemente desarrollada en nuestro país. En esta industria, e históricamente, hemos alojado factorías de otros países bajo centros de decisión extranjeros con la experiencia de que, aunque carecer de soberanía de marca no sea el escenario óptimo, albergar esta industria real es infinitamente mejor que nada.
Volviendo a los centros de datos, es cierto que el desembarco de los hiperescaladores de internet deslumbra sobre el papel. Corporaciones como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft proyectan inversiones astronómicas que podrían superar los 90.000 millones de euros en la próxima década, eligiendo a Aragón, Madrid y Barcelona como epicentros para sus centros de procesamiento de datos. Sin embargo, bajo esta pátina de hipermodernidad se esconde lo que podríamos denominar un “espejismo tecnológico”.
Estas infraestructuras físicas son extremadamente intensivas en capital, pero estructuralmente deficitarias en intensidad laboral. Una vez concluida la fase temporal de construcción civil, muy intensiva en gasto y sueldos, la operativa diaria de estos colosales recintos requiere apenas de unas decenas o escasos cientos de operarios centrados en labores de mantenimiento de hardware, sistemas de climatización y seguridad perimetral. Son, en la práctica, auténticas “catedrales en el desierto” que demandan vastas extensiones de suelo y que generan a su alrededor escasas economías de aglomeración y poca capilaridad social.
A ello hay que sumar el hecho de que este modelo de inversión compite agresivamente por bienes críticos como son el agua y la energía. Para evitar el sobrecalentamiento de los servidores, los sistemas de disipación de calor exigen consumos hídricos masivos. Así, se calcula que solo los centros de AWS en Aragón requerirán 800.000 metros cúbicos de agua al año, una cifra equivalente al gasto de 170 hectáreas de regadío intensivo. Paralelamente, usan una inmensa capacidad de energía eléctrica de origen renovable que debería destinarse a la transición ecológica de la industria autóctona o a abaratar la factura de pymes y ciudadanos. Es difícil que vayamos a convertir a España en un macro-servidor low-cost de Europa, pero es necesario rebajar la intensidad del optimismo inherente a las presentaciones políticas de este tipo de inversiones. Son necesarias, son “el coste” de la nueva transición tecnológica, pero no son inversiones que cambiarán la productividad de nuestro país.
La principal diferencia con la anterior variante de inversión es el llamado efecto multiplicador. Dada la industria actual española, por cada euro facturado por los fabricantes de vehículos, se genera 1,65 euros adicionales en el resto del tejido económico nacional. A diferencia de un centro de datos, una cadena de montaje de vehículos requiere un uso intensivo de capital humano cualificado e impulsa el desarrollo de una industria auxiliar que ya existe y es madura, además de fuertemente arraigada en España, compuesta por más de 1.000 empresas proveedoras que aportan el 75% del valor añadido del vehículo final. No deja de ser cierto que buena parte de esta industria sería de localización para evitar el sobrecoste de los aranceles. Sin embargo, no cabe tampoco duda alguna que esta estrategia implica la consideración de sustituir proveedores en origen por locales, dada la necesaria eficiencia en todas las fases productivas. En ese caso, el impacto siempre será mayor.
Sin embargo, es razonable que ser un mero receptor de capital y convertir a nuestro país en tierra de ensamblaje pueda resultar objeto de críticas. Y es que España adolece de una falta crónica de soberanía corporativa. Desde que Seat fuera absorbida por el Grupo Volkswagen, nuestro país se ha acostumbrado a ser una inmensa factoría donde las decisiones estratégicas y la propiedad intelectual se dictan desde el extranjero. Sin embargo, y a pesar de que depender del capital transnacional y exportar la propiedad intelectual no represente el cenit de la independencia económica, albergar estas factorías es indiscutiblemente preferible a la alternativa de ser un simple nodo de almacenaje de datos y, por supuesto, siempre es mucho mejor que nada. El arraigo de una fábrica de coches obliga a las multinacionales a integrarse en nuestra economía.
En todo caso, hay que evitar que estas nuevas instalaciones asiáticas se conviertan en meras “plantas destornillador”. Para ello, el marco regulatorio juega a nuestro favor. Por ejemplo, el Acta del Acelerador Industrial (IAA) europeo obliga a que un vehículo requiera al menos un 70% de componentes fabricados dentro de las fronteras comunitarias para ser considerado europeo y sortear aranceles. Por lo tanto, estas decisiones de inversión en nuestro país para desarrollar la fabricación de coches de marcas chinas se hacen bajo el sometimiento de lo indicado en nuestra legislación garantizando, por ello, un impacto mínimo en la economía nacional, regional y local.
Así pues, junto con la cantidad bruta de millones que suelen anunciarse cada vez que alguna empresa extranjera decide instalarse en nuestro país, debemos conocer además la capacidad de capilaridad que dichas inversiones deben tener en la sociedad. En este sentido, un monocultivo como son los centros de datos, opera bajo una lógica quasi-extractiva, consumiendo recursos finitos, incluso con escasa repercusión fiscal. Sin embargo, la manufactura de automoción, aun siendo impulsada por corporaciones globales que ostentan los derechos de marca, implica entrelazarse de forma más profunda con la economía local.
Más nos gustaría tener capital nacional que ejerciera el papel protagonista en estas historias. Ceder la placa con el nombre de la fábrica nunca será el ideal de la soberanía. Pero mientras no desarrollemos nuestros propios gigantes, ser la cuna de producción de otras naciones sigue siendo un motor vital, tangible y que no podemos rechazar.