La reforma de las pensiones, un debate incómodo que empieza a ganar fuelle en Europa
El creciente peso de estas partidas en los presupuestos de los países europeos ya está suscitando conflictos en los Parlamentos de Alemania y Francia. Los expertos reconocen que es una reforma compleja y dicen que será necesario retrasar la edad de jubilación, recaudar más o recortar otras prestaciones
El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se extiende como la pólvora en Europa. En el contexto de una población con una media de edad que sigue aumentando, los líderes de países como Alemania o Francia ya enfrentan en sus Parlamentos presiones políticas para reformar un modelo que parece condenado al colapso. A pesar de los flujos migratorios que compensan las bajas tasas de natalidad, los analistas coinciden en que una reforma en los próximos años es fundamental para evitar que el peso de estas partidas se vuelva inmanejable. No obstante, los expertos reconocen que esta operación se presenta compleja. Si no se realiza de forma adecuada, puede perjudicar a un gran porcentaje de ciudadanos que vienen aportando durante décadas con la esperanza de cobrar una remuneración justa tras décadas de cotizar.
“El gasto en pensiones es la carga más grande que tiene el presupuesto del Estado. En España, actualmente, se acerca a los 200.000 millones de euros anuales, y si no cambiamos de política va a crecer muy rápido en los próximos años”, asegura Ángel de la Fuente, director de Fedea. Según el experto, las estimaciones apuntan a que, para 2050, el peso de los jubilados con relación a la población en edad de trabajar se va a duplicar. “Esto supone un incremento enorme de la carga que recae sobre la población trabajadora, que en términos relativos se va a reducir”, explica De la Fuente a CincoDías.
De acuerdo a las últimas cifras disponibles de Eurostat, el gasto en pensiones equivalía al 12,3% del PIB de la Unión Europea en 2023 (aproximadamente unos 2,123 billones de euros). Tan solo en Alemania se pagaron 484.353,58 millones de euros en pensiones ese año (11,48% respecto al PIB germano), un monto cercano al actual PIB nominal de Noruega. En Italia y Francia este indicador se supera el 14% respecto al PIB situándose en 414.005 millones (15,49%) y 331.851 millones (14,61%) respectivamente. En España, el monto ronda los 197.107 millones (13,16%), un número ligeramente menor a la cifra del PIB nominal de Nueva Zelanda y un poco menos que el doble del de Ecuador.
Como dato, estas cifras contemplan el conjunto de las pensiones contributivas y no contributivas en los países comunitarios (entre ellas, las pensiones por jubilación ordinaria, por viudedad, por jubilaciones adelantadas, por discapacidad y otras más). La cifra específica de pensiones por jubilación ordinaria es menor, y se sitúa en torno al 9,44% de media respecto al PIB en la Unión Europea (ver gráfico).
Riesgo creciente
En concreto, un problema que preocupa a los expertos es el llamado “tsunami plateado” o “gran jubilación”, una ola demográfica de personas que a nivel global pasarán a la edad de retiro de forma masiva en las próximas décadas y que amplificarán la carga presupuestal que suponen las pensiones para los países comunitarios. Como consecuencia directa, se prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad, calculada como el número de personas mayores de 65 años dividido por el número de personas en edad laboral, aumente drásticamente de 0,36 en 2022 a 0,59 en 2070 (es decir, aproximadamente un jubilado por cada dos cotizantes), lo que supone un aumento de más del 60%.
A este respecto, las proyecciones demográficas más recientes de Eurostat indican que el envejecimiento de la población de la UE se acelerará en las próximas décadas, con un rápido aumento en el número y la proporción de personas mayores. En detalle, se espera que la población de personas de 65 años o más en el bloque comunitario pase de 90,5 millones a principios de 2019 a 129,8 millones en 2050. Durante este periodo, Eurostat prevé que el número de personas de entre 75 y 84 años en el bloque aumente un 56,1%, mientras que el de personas de entre 65 y 74 años lo hará un 16,6%. Por el contrario, se anticipa que habrá un 13,5% menos de personas menores de 55 años viviendo en la región en 2050.
Los mencionados cambios poblacionales suponen un reto político, económico y social para la región en conjunto, que ha sido calficado por algunos analistas como la “japonización” de la economía. En España, por ejemplo, los analistas prevén que el gasto relacionado con la tercera edad aumente a un ritmo superior a la media de la UE. “El gasto en pensiones y sanidad se perfila como el principal motor de este incremento, lo que supone una presión sobre la sostenibilidad fiscal”, declara a este diario Jakob Suwalski, analista de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings. Según algunas estimaciones, actualmente el sistema de pensiones español ya supone en torno al 29% o 30% del total de gasto de las administraciones públicas y cuenta con un déficit que puede equivaler al 4% del PIB, dos cifras que solo se amplificarán en los próximos años si no se implementan reformas.
Alemania, por su lado, enfrenta una situación similar. “Creemos que el espacio fiscal se reducirá sin una reforma de las pensiones y del mercado laboral alemanes. Para crear flexibilidad fiscal a medio plazo, los esfuerzos de reforma estructural deberán centrarse en las pensiones, ya que se prevé que los complementos al sistema aumenten”, dice Julian Zimmermann, director de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings.
Factor inmigración
Pero ¿cómo se ha podido sostener el modelo hasta ahora? Según los expertos consultados, la crisis ha sido amortiguada por el creciente influjo de trabajadores inmigrantes en el territorio de la Unión. Los extranjeros, que llegan en búsqueda de trabajo, incrementan la base de cotizantes cuando cuentan con empleos formales, ampliando anualmente la base tributaria de los países envejecidos.
“Se va a invertir claramente la pirámide poblacional y hay algunos datos de carácter demográfico que son aplastantes. Ahora mismo en España tenemos una población mayor de 65 años del 20% y se cree que en las próximas décadas llegará al 25%. De hecho, en muchas zonas de la Península ya se sitúa en torno al 35%. Como no hay natalidad, los movimientos migratorios son la clave para tratar de revertir esa situación”, comenta Fernando Ariza, director general de Mutualidad, a CincoDías. “Estas personas vienen y hacen su vida en España. Producen y contribuyen a la economía productiva. Si bien es cierto que esos migrantes van a tener que recibir una pensión eventualmente, hay que reconocer que han movido la maquinaria de la economía nacional y europea”, añade el experto
Un informe reciente del think tank europeo Bruegel confirma este análisis. Según una publicación de la entidad, la inmigración neta es la “única herramienta política compensatoria posible” ante la desaceleración del crecimiento y el aumento de los costes fiscales derivados del envejecimiento. En consecuencia, califican como de “vital importancia económica para los países de la UE” garantizar que la inmigración genere una contribución neta positiva a las finanzas públicas, detallando posteriormente que priorizar la migración laboral por encima de la migración por asilo y reunificación familiar favorece más a las cuentas públicas.
“Si no hubiera inmigración, la población española llevaría ya unos cuantos años cayendo y el grado de envejecimiento, el peso de los mayores en total, sería más alto del que tenemos ahora. Por ese lado la inmigración es imprescindible, sin ella estaríamos mucho peor de lo que estamos”, opina Ángel de la Fuente.
Posibles soluciones
La situación ya divide a las principales potencias europeas en torno a reformas. Ejemplo de esto es Francia, donde hace unas semanas la Asamblea Nacional votó a favor de suspender, hasta las elecciones presidenciales de 2027, la controvertida ley de 2023 que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años para la mayoría de los trabajadores. En contraste, en Alemania el Ejecutivo de Friedrich Merz está siendo presionado por los parlamentarios más jóvenes del bloque conservador para realizar reformas que garanticen la “equidad intergeneracional” y la sostenibilidad de las pensiones sin un aumento futuro de los impuestos.
“La cosa exigiría una reflexión realista por parte del Gobierno y una transparencia, explicarle a la población dónde estamos y que no se puede tener todo a la vez. Habrá que tomar decisiones y elegir qué es lo que queremos y hasta dónde queremos y podemos llegar, sabiendo lo que tenemos que pagar nosotros. Esto no va a venir del cielo de alguna manera milagrosa, sino que, si queremos unas pensiones muy altas, tenemos que tener impuestos muy altos, y a lo mejor se nos van los jóvenes a otros países”, reflexiona De la Fuente.
Más allá de esto, los expertos coinciden en que existen una serie de medidas que se podrían aplicar para moderar o compensar el impacto que generarán las pensiones en los presupuestos de las próximas décadas. En principio, concuerdan en que atrasar la edad de jubilación a los 70 años aproximadamente para las futuras generaciones sería la solución más clara. A pesar de que esta medida se presenta como la más conflictiva, hacerlo de forma paulatina y moderada, respetando a las personas que están a punto de jubilarse, podría ser una salida viable.
En cuanto a las sugerencias de complementar las pensiones públicas con pensiones privadas suplementarias (como recomendó Bruselas recientemente), el consenso de las fuentes consultadas opina que podría aliviar en cierta medida, pero que a grandes rasgos solo beneficiaría al segmento de la población que ya tiene la posibilidad de acceder a este tipo de planes. En esta línea, no solucionaría el problema de fondo que es el déficit creciente, aunque en Países Bajos se han registrado resultados positivos.
Ariza, por su parte, considera que otra buena opción sería apuntar a captar más fondos desde la economía sumergida para compensar el déficit. “El FMI calcula que cerca del 25% del PIB de España, cientos de miles de millones de euros, están en la economía sumergida. Creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. Con esa cantidad, se podría pagar casi tres veces el gasto anual de España en pensiones. Siempre hablamos de si la pensión es suficiente o no, o si el sistema es sostenible o no, pero hay muchas variables que podríamos tocar”, sostiene el director de Mutualidad. Asimismo, este especialista considera que podría revisarse el gasto que se suscita para las pensiones de viudedad, que en su opinión estaba planteado para una sociedad en la que solo uno de los miembros de la familia trabaja. En su opinión, esta prestación en algunos casos se asigna a personas que no lo necesitan.
En un análisis reciente, Javier Díaz-Giménez, profesor del departamento de Economía de IESE, recomendaba introducir un “factor de sostenibilidad” que ajuste la pensión inicial según la esperanza de vida al jubilarse. Asimismo, sugería aplicar una regla de ajuste automático que vincule la revalorización de las pensiones al equilibrio financiero del sistema y ampliar el período de cálculo de las pensiones para que abarque toda la vida laboral. Por otra parte, pedía eliminar el límite máximo de las cotizaciones, pero mantener la pensión máxima y ofrecer una compensación única a quienes resulten perjudicados por la reforma. Díaz-Giménez también opina que las pensiones de jubilación, viudedad y los complementos mínimos deberían seguir financiándose con cargo a la Seguridad Social; pero que el resto (incapacidad, maternidad, accidentes o salario mínimo vital) debería financiarse con cargo al presupuesto general del Estado.
“Los gobiernos de todo el mundo ya están respondiendo a estos desafíos mediante diversas medidas para reforzar los sistemas de pensiones, ofrecer mayor variedad de opciones y proporcionar sólidas protecciones al consumidor. Sin embargo, la seguridad de las jubilaciones es una responsabilidad compartida y tanto los individuos, como los gobiernos, los proveedores de servicios financieros y los empleadores tienen un papel que desempeñar”, pondera Sophie del Campo, responsable de Natixis IM para el sur de Europa, Latam y US Offshore.