Más control para las ‘golden visa’
El Gobierno debería endurecer el análisis de los inversores extranjeros que obtienen permisos de residencia por comprar una vivienda de más de 500.000 euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace casi dos meses que eliminaría los visados dorados para la compra de vivienda, un mecanismo que permite a los inversores extranjeros obtener el permiso de residencia mediante la adquisición de una vivienda valorada en, al menos, 500.000 euros, sin tener en cuenta las cargas e hipotecas. “Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada golden visa. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, dijo Sánchez, que participaba en un acto electoral en Dos Hermanas (Sevilla) dedicado a la vivienda social. Desde entonces, el Ejecutivo no ha dado ningún paso al respecto y los extranjeros han podido seguir beneficiándose de este controvertido instrumento.
Las golden visa son un mecanismo creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de atraer inversiones en pleno ataque de los mercados financieros a la deuda española mientras coleaba el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La normativa española permitía obtener el permiso de residencia no solo comprando vivienda, sino también a través de inversión en empresas emergentes o inversiones en deuda pública superiores a dos millones de euros. Desde entonces se han concedido más de 14.500 permisos de residencia a través de esta vía, según las cifras difundidas por el Ministerio de Vivienda.
El 94% de los visados obtenidos por este procedimiento están vinculados a la inversión en inmuebles. Las golden visa por compra de vivienda han contribuido al aumento de los precios en las grandes urbes o en algunas zonas turísticas como la Costa del Sol, según reconocen los expertos.
La mayor parte de las autorizaciones de residencia se han concedido a ciudadanos chinos, rusos e iraníes, según datos recopilados por Transparencia Internacional. El servicio de blanqueo de capitales denunció ayer la opacidad y falta de control de estos expedientes lo que supone un riesgo para el aumento de los delitos económicos.
Prueba de la falta de transparencia de los datos es la diferencia entre los datos que proporcionan el Ministerio de Vivienda, y el de la Seguridad Social. Las cifras proporcionadas por ambos ministerios difieren. Tampoco conocen cuántas personas han podido entrar en España alegando arraigo después de que un inversor adquiriera una vivienda por este método. Antes que anunciar medidas que no terminan de concretarse, el Gobierno debería reforzar los controles y hacer un análisis más exhaustivo de los inversores a los que se les concede la golden visa.
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