Los principales municipios turísticos lanzan un SOS al Ejecutivo para garantizar servicios este verano
Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos reciben al 9% de los turistas extranjeros y concentran el 19% de las pernoctaciones, pero no reciben ninguna ayuda por ello
El presupuesto que aprueba cada año el ayuntamiento de Calviá (Mallorca) contempla la anomalía que supone contar con una población censada de 23.000 habitantes durante nueve meses del año, mientras que en los tres meses de la temporada alta (julio, agosto y septiembre) esa cifra se multiplica por cuatro hasta rozar los 90.000 habitantes. Es la cara b de ser un gran municipio turístico, ya que el consistorio tiene que incurrir en un elevado gasto para asegurar servicios básicos a esa población (tanto la censada como la flotante), como recogida de basuras, limpieza, servicios médicos, transporte público, alumbrado, seguridad, agua o electricidad, por el que no recibe ninguna compensación, ya que no entra en los criterios que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales para los municipios turísticos.
Esta norma, que no se ha modificado desde 2004, fija tres criterios para poder ser considerado municipio turístico: no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, tener entre 20.000 y 75.000 habitantes censados, y que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. El consistorio que encaje dentro de esos parámetros recibirá la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco en su territorio y podrá participar en la recaudación de los tributos del Estado. Un balón de oxígeno para afrontar el sobrecoste de recibir miles de turistas en temporada alta.
Calviá no cumple el criterio de tener más viviendas de segunda residencia que de residentes. Pero no es el único gran municipio turístico afectado por una norma anacrónica que contempla una realidad turística que ya no existe. Por ese motivo, siete consistorios (Adeje, Arona, Benidorm, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos) junto a Calviá crearon en 2017 la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa para defender sus intereses y ahora han intensificado su lucha para lograr esa redefinición sobre lo que es un municipio turístico, en un contexto en el que España se aproxima peligrosamente al objetivo de los 100 millones de visitantes. “Esos ocho ayuntamientos atraen al 9% de los turistas extranjeros que vienen a España y concentran el 19% de las pernoctaciones. Estamos sometidos a una elevada presión durante unos cuantos meses que nos lleva a asumir un sobrecoste y un sobreconsumo de infraestructuras, por lo que solicitamos al Ejecutivo que tenga una consideración especial para compensar esa carga”, señala Juan Antonio Amengual, alcalde de Calviá y actual presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa.
En una entrevista con Cinco Días reconoce que han intensificado el calendario de reuniones con la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, para aprovechar que se va a tramitar en breve la nueva Ley de Haciendas Locales y así redefinir el concepto de municipio turístico. “Con los actuales criterios solo cumple Salou dentro de los municipios de la Alianza”, señala Amengual, que destaca que el Ejecutivo está “totalmente” alineado con la nueva propuesta de la Alianza y que ha prometido ayuda para lograr ese cambio que supondría un importante ahorro para las arcas municipales. En el caso de Calviá podría llegar a los 10 millones de euros, un 7% del presupuesto local, según las primeras estimaciones. “Tenemos que dar servicios en 25 núcleos, en 15 playas y a lo largo de 50 kilómetros de costa”, enfatiza.
La propuesta de municipio turístico que están trabajando conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo establece dos grandes criterios: que no sean capitales de provincia o comunidad autónoma y que tengan una población de más de 10.000 y menos de 100.000 habitantes. Y amplía los supuestos para que se vean beneficiados más municipios en el caso del tercer requisito, ya que lo cumplirán aquellos que encajen en una de tres condiciones previas: que el número de segundas residencias sea mayor que el de las viviendas principales, contar con más de cuatro millones de pernoctaciones al año o que el número de plazas alojativas sea superior al 50% de la población residente.
Los planes de la alianza, cuya propuesta ha sido elaborada por PwC, incluyen también dos modificaciones tributarias que contribuirían al saneamiento financiero de esos municipios turísticos a través de un nuevo modelo de financiación. “Todas las adquisiciones que realice el ayuntamiento contarían con un tipo reducido del 3% del IVA, que sería del 1% en el caso del IGIC canario. Además, los municipios turísticos verían mejorados sus ingresos a través de la cesión de tres figuras impositivas: el 2,1% del IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos de alcohol, hidrocarburos y tabaco”, señala Amengual.
Contra las tasas turísticas, a favor del IVA reducido
El informe de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa también analiza cuántos países en el mundo aplican tasas a las distintas actividades turísticas y la conveniencia de aplicarlas. En total hay activas 57 tasas, de las que 29 gravan las pernoctaciones hoteleras, 12 los vuelos, 8 los alquileres de pisos turísticos, 4 el acceso a infraestructuras turísticas, 2 la entrada y salida del país, 1 el control de aforo y 1 los cruceristas. El informe concluye que la aplicación de tasas no siempre resulta conveniente, "ya que depende del tipo de destino y, además, puede llegar a afectar a la competitividad de los mismos".
Sin embargo aboga por mantener el IVA reducido para la hostelería y la restauración (fijados en el 10% en España). "Ocho países (Lituania, Letonia, Hungría, Grecia, Estonia, Eslovaquia, Dinamarca y Croacia) han eliminado esa reducción y eso provocará un descenso del 9% de la población ocupada en dichas actividades".
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