El beneficio récord de la banca dispara en un 30% la recaudación del impuesto
Los cinco grandes grupos de España pagarán en 2023 unos 370 millones de euros más que hace un año. Al sumar las otras seis entidades afectadas, la cuota conjunta crecerá en más de 400 millones
La gran banca española sonríe tras haber cerrado un año de beneficios récord y Hacienda hace lo propio al pensar en la futura recaudación por el impuesto extraordinario al sector financiero. En conjunto, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter ganaron algo más de 26.000 millones de euros en 2023, un 26% más respecto a 2022. Un repunte que ha sido más intenso en el negocio en España, donde la...
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La gran banca española sonríe tras haber cerrado un año de beneficios récord y Hacienda hace lo propio al pensar en la futura recaudación por el impuesto extraordinario al sector financiero. En conjunto, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter ganaron algo más de 26.000 millones de euros en 2023, un 26% más respecto a 2022. Un repunte que ha sido más intenso en el negocio en España, donde las ganancias se han disparado casi un 53% a lomos del avance de los ingresos gracias a las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Así, el Estado elevará sus ingresos en el segundo ejercicio de la tasa en vigor, que crecerá algo más de 400 millones, según han calculado las propias entidades.
La relación es directa entre el gravamen y el incremento del margen de intereses en España (+44%) y las comisiones netas (-5%) de las entidades financieras y de crédito. Es decir, el cálculo del tributo se hará sobre una base muy superior tanto en este año como en los posteriores, en caso de que se mantenga este nivel de ingresos. Como ejemplo, las cifras facilitadas por cada uno de los bancos que han presentado resultados de 2023 la pasada semana y las previsiones del sector para este 2024.
En total, los cinco grandes grupos abonarán este año unos 1.410 millones de euros por el impuesto extraordinario. Si a ellos se le suman el resto de bancos sujetos a la tasa (Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y la francesa BNP), la cifra escalará entre 250 millones y 265 millones adicionales. Es decir, el abono total superará los 1.650 millones de euros, un 30% por encima de los 1.260 millones del ejercicio anterior.
El impuesto lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del estado de la nación en julio de 2022. Desde entonces se trabajó en su diseño definitivo, una tarea que se alargó hasta casi final de año. El objetivo era gravar los beneficios extraordinarios de la banca derivados de unas alzas de tipos mucho más abruptas de lo habitual para combatir la inflación y sufragar así las medidas anticrisis. El sector financiero no compartió desde el inicio la justificación de que haya beneficios caídos del cielo, de ahí que lo tengan recurrido en los tribunales.
Pese a esa oposición, que todavía se mantiene en la actualidad, la banca asume que el tributo se hará permanente, aunque trata al menos que se le hagan modificaciones. Así se lo trasmitieron en las reuniones mantenidas entre los primeros espadas de la banca y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Entre los posibles cambios, está sobre la mesa la modificación de la barrera de entrada para las entidades. La norma recogía que el impuesto solo se aplicaría a los grupos que superaron los 800 millones en margen de intereses y comisiones netas en España en 2019, algo que fuentes del sector consideran discriminatorio.
Entre la gran banca, CaixaBank es el que abonará una cantidad mayor en 2024. En concreto, pagará 500 millones, un 34% más, según avanzó la propia entidad. Le sigue el Santander, que deberá abonar 338,5 millones este ejercicio, un 50% más de lo que le correspondió un año antes (224 millones). Luego queda el BBVA, que pasará a pagar 285 millones de euros (un 32,5% más), Banco Sabadell, cuyo abono escaló un 21% hasta los 190 millones, y Bankinter, que tendrá que desembolsar entre 90 y 100 millones de euros, por encima de los 77,5 millones del ejercicio anterior.
El gravamen se paga en dos partes: una primera a cuenta, en febrero, y la segunda en septiembre. Cada uno de los abonos es por la mitad del desembolso completo estimado. Así, se hace un adelanto que puede revisarse más adelante, una vez que las empresas aprueban sus cuentas definitivas y pueden llevar a cabo ajustes o revisiones.
El impuesto extraordinario al sector financiero ha cambiado su carácter desde el inicio. Pasó de ser temporal, por dos años, pero el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar contemplaba la permanencia del gravamen en caso de formar Ejecutivo. Tanto es así que, tras la investidura, el Gobierno prorrogó la tasa y, en la norma, incluyó el compromiso de hacerlo permanente. Una modificación que todavía debe llevarse a cabo. Algo similar ha sucedido con el de las energéticas, que nació al mismo tiempo y también se configuró como transitorio. Eso sí, las firmas de energía han conseguido que a priori se suavice su tasa, algo que el sector financiero no ha logrado.
Unos 3.000 millones de ingresos
En 2024, con cargo al año 2023, el Ministerio de Hacienda recaudará unos 3.000 millones de euros gracias a los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. Son cálculos provisionales que avanzan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero y que anticipan una caída de los ingresos derivados del gravamen al sector energético.
En 2022, las dos figuras temporales recaudaron en conjunto poco más de 2.900 millones de euros, en línea con el objetivo marcado por el Gobierno en un primer momento. Como la gran banca del país ya ha adelantado que este año pagará unos 400 millones más, cabe esperar que la aportación de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras se reduzca más o menos en unos 300 millones respecto al año previo.
La tendencia esperada es que la contribución del sector energético vaya menguando poco a poco en los siguientes años. El Gobierno negocia internamente cómo integrar en el sistema tributario español ambos gravámenes, aunque con un rediseño. Aunque los dos sectores pelean para reducir sus bases imponibles, la conversación en el energético es la más avanzada y ha llevado a que el PSOE vea con buenos ojos una bonificación a cambio de que las compañías inviertan en transición verde. Es decir, la idea es que las empresas afectadas puedan deducirse sus inversiones estratégicas y para la descarbonización. El debate, sin embargo, aún no está cerrado, ya que Sumar rechaza de lleno estos postulados y exige mantener el tributo sin cambios.
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