La OCDE rebaja al 1,4% su previsión de crecimiento para España en 2024 tras un buen 2023
De verificarse, el dato seguiría siendo uno de los mejores de la zona euro, por encima de la media del 0,9% y de sus principales socios
La OCDE ha revisado a la baja, hasta el 1,4%, sus previsiones de crecimiento económico para España en 2024, una cifra netamente inferior a la que espera el Gobierno, mientras que para este año sus previsiones son mejores de lo que había anticipado en los últimos meses.
En su informe semestral de Perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) envía un claro mensaje al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez: hace falta un mayor ajuste presupuestario para mantener la deuda pública a un nivel controlado.
Por lo que se refiere a las expectativas económicas, estima que el producto interior bruto (PIB) español subirá un 2,4% en 2023, el mayor ritmo de los países de la moneda única, con Grecia, y cuatro veces más que la media de la eurozona. Eso significa que los autores del informe han corregido al alza los cálculos que hicieron en junio en tres décimas y en una los de septiembre.
La OCDE se alinea de esa forma con las previsiones que hizo la Comisión Europea hace dos semanas y con las del mes pasado del Gobierno, que, sin embargo, es mucho más optimista que estas dos instituciones para el año que viene, al confiar en conseguir un crecimiento del 2%.
En efecto, si la Comisión Europea ya enfriaba el 15 de noviembre las expectativas de incremento del PIB en 2024 al dejarlas en el 1,7%, la OCDE lo hace ahora todavía más al avanzar un 1,4%.
Ese dato, que de verificarse seguiría siendo uno de los mejores de la zona euro, por encima de la media del 0,9% y de sus principales socios que son Francia (0,8%), Italia (0,7%) y Alemania (0,6%), se explica por el efecto de las sucesivas subidas de tipos de interés y la retirada de ayudas fiscales que van a ralentizar el consumo privado.
Igualmente, reducirá su impulso la inversión y el comercio exterior, que este año aportará seis décimas al crecimiento del PIB, le restará dos el próximo por un repunte de las importaciones (+2%, tras un estancamiento en 2023) que no irá acompañado de la misma evolución por el lado de las exportaciones.
Los autores del informe creen que la economía española aumentará de nuevo el ritmo de expansión en 2025 hasta el 2%, que una vez más sería una cadencia superior a la media de la eurozona (1,5%) y de sus tres grandes potencias, Francia, Italia y Alemania, que deberían conformarse con un 1,2%.
Por lo que respecta a la inflación, que durante la crisis de los dos últimos años ha sido en España inferior que la de la mayoría de los países europeos e incluso de la OCDE, las cosas van a cambiar.
Si este año se espera un 3,5 % de media en España, frente al 5,5% en la zona euro, el próximo la situación se invertirá (3,7% frente a 2,9%) para equipararse en 2025 (2,3%).
Los responsables del informe hacen hincapié en que “es necesaria una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para mantener la deuda en una senda descendente y crear margen para gastos favorables al crecimiento”.
Por una parte, avisan de que el envejecimiento de la población supondrá un mayor gasto público, unos 2,7 puntos de PIB adicionales entre 2024 y 2040.
Además, la OCDE no acaba de creerse el recorte del déficit público planificado por el Gobierno saliente, que había calculado que del 3,9% del PIB este año se pasaría al 3% en 2024 y al 2,7% en 2025. En lugar de eso, estima que después del 3,6% en 2023, se quedará en el 3,2% en 2024 y en el 3,1% en 2025.
Hay otras recomendaciones para España en este estudio que ya son habituales, como que hay que estimular los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) mediante la asociación entre empresas y centros de investigación o que se deben reducir las diferencias normativas entre comunidades autónomas, en aras de una mayor productividad y competitividad.
También que conviene mejorar las cualificaciones y los resultados educativos, sobre todo de los jóvenes, que mejorarían sus perspectivas de empleo; aplicar políticas activas del mercado laboral más eficiente; o una fiscalidad más orientada por los objetivos medioambientales, con impuestos que graven las emisiones que ahora están exentas.
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