Sánchez ata la investidura con más control económico para las autonomías
El acuerdo de investidura de ambas formaciones confirma la investidura de Sánchez con 179 apoyos y cerrará las más de 20 competencias pendientes del Estatuto de Gernika en dos años
Pedro Sánchez se ha asegurado los votos necesarios para ser investido presidente del Gobierno la próxima semana. Tras escenificar ayer el pacto definitivo con Junts, ahora ha llegado el turno del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria, con los que también ha cerrado un acuerdo de legislatura a cambio de los apoyos de sus cinco y un miembro en el Congreso de los Diputados, respectivamente. De esta forma, el líder socialista logrará ser investido con una mayoría de 179 votos a favor tras completar una serie de pactos con partidos territoriales a los que concede más control económico, así como buena parte de sus reclamaciones históricas en cada caso. Los 171 diputados que votarán en contra corresponden a la derecha más conservadora: el Partido Popular, Vox y Unión de Pueblo Navarro.
El cierre aritmético y con holgura de la investidura viene con el compromiso del PSOE hacia el PNV de culminar las más de 20 competencias pendientes de transferir del Estatuto de Gernika en un plazo máximo de dos años, incluyendo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Además, se suma un paquete de medidas relacionadas con el ámbito laboral, como la prelación de los convenios vascos sobre los nacionales en un plazo de seis meses. Además, se ampliarán los límites de deuda y se extenderá el actual Concierto Económico con un mayor control sobre algunos impuestos. El acuerdo también fija que en un plazo de tres meses se hará la transferencia en materia de ferrocarriles, “en los términos de la última propuesta remitida por el Gobierno Vasco”, según señala el documento firmado por Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Los socialistas han accedido a abrir otro proceso negociador que vaya más allá del actual Estatuto y que establece una “relación bilateral” con el Estado. Como parte del compromiso de legislatura, ambos gobiernos se reunirán cada seis meses para analizar los avances.
Al igual que el líder de Junts, Carles Puigdemont, advirtió un día antes, Ortuzar dejó muy claro este viernes que si estas “reivindicaciones históricas” no se cumplen, dejará de haber pacto de Gobierno. Algo que se antoja complicado al ser tantas las demandas firmadas. Por ejemplo, se debe conformar un nuevo “marco de relaciones laborales” que incluye la prelación de los convenios autonómicos sobre los nacionales, así como la capacidad para poder fijar los máximos retributivos del funcionariado y consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio las bases para fijar las plazas de reposición en las ofertas públicas de empleo. Esta capacidad se extiende también a Navarra, según se lee en el documento, lo que ha dado lugar a críticas por parte de los sindicatos. Tanto Comisiones Obreras como UGT lamentaron que esta modificación no se diera en “el marco del diálogo social” y reinvindican su papel en la negociación.
Volviendo al acuerdo, el pacto añade una partida especial de 100 millones de euros en cuatro años para impulsar el euskera en el ámbito digital y el compromiso de que el Estado abonará al País Vasco el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo. Según Ortuzar, hasta ahora la autonomía estaba asumiendo el 86% del pago.
En líneas generales, el presidente del PNV ha resumido el acuerdo como “un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente con el que se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro” en un “horizonte temporal máximo de dos años”. Como hiciera el líder de Junts, reivindicó la primacía del Parlamento vasco sobre cualquier decisión que se tome. De hecho, no se molestó en ocultar las discrepacias con el Gobierno central en materia de Seguridad Social y ciriticó abiertamente al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, quien ha dicho en más de una ocasión que el traspaso de estas competencias es imposible. “Eso es una mentira; el Estatuto es claro y forma parte de una ley orgánica que hay que cumplir. Probablemente, al señor Escrivá no le gusta, pero a mí tampoco me gustan tantas cosas y las acepto”, dijo.
Desde el PNV siempre se ha tenido como referencia clara en cuanto a su lista de reclamaciones en cada negociación con el Gobierno central las alrededor de 25 competencias pendientes de transferir del Estatuto vasco aprobado en 1979. En la veintena de esas materias se incluyen la gestión del litoral, el mercado de productos de la pesca y cultivos, el crédito oficial, los seguros, crédito y banca, el control de los aeropuertos y del Sector Público Estatal, los permisos de circulación y matriculación de vehículos, los puertos de interés general, la inmigración y por supuesto, la gestión de la Seguridad Social, algo que sería posible gracias a que cuentan con su propio departamento de Hacienda y Finanzas y que siempre ha sido la principal aspiración de los jeltzales.
Sobre este punto el acuerdo contempla una adecuación específica de la ley de la Seguridad Social para el sector cooperativo en materia de cotización. Desde la reforma de pensiones de Escrivá, el Gobierno vasco ha venido reclamando que los rendimientos netos que determinan la base de cotización sean solo de trabajo y no del capital. Hasta ahora no era así, por lo que Ortuzar reclamó en distintas ocasiones que el Gobierno se había olvidado de las cooperativas en esta reforma porque no contemplaba sus peculiaridades.
En el ámbito fiscal, el PSOE se ha comprometido a modificar el apartado Uno del artículo 21 del Concierto Económico, “al objeto de avanzar en el modelo actual de concertación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de manera que sea posible la aplicación de normativa autónoma en el caso de contribuyentes no residentes que obtienen rentas en la Comunidad Autónoma del País Vasco sin disponer de un establecimiento permanente, con el compromiso de no incurrir en competencia fiscal”, según consta en el documento. En paralelo, se modificarán los artículos en los que se regulan impuestos concertados de normativa común, a fin de que las diputaciones forales determinen el contenido de los modelos de cumplimiento.
Coalición Canaria también ha sido crítica con el PSOE a pesar de acceder a votar sí a la investidura. Cristina Valido, su única diputada, compareció el viernes de la mano del secretario de Organización, David Toledo, para destacar que habían “firmado con la cabeza más que con el corazón” y, sobre todo, pensando en el beneficio del pueblo canario. Recordó que el acuerdo con el PSOE es “de legislatura”, pero “no los vincula con la amnistía”, la cual rechazan. Lo que sí reconoció es que el pacto otorga a las instituciones la estabilidad que necesitan “en unos momentos delicados” y, como hito más destacado, logra el compromiso de que habrá un nuevo modelo de financiación para Canarias en dos años. El apoyo de CC es más simbólico que otra cosa para la investidura, pero ese único escaño puede ser determinante durante una legislatura que no se anticipa nada tranquila.
El acuerdo recoge la exigencia al Gobierno de tener en cuenta “la agenda canaria”, en la que se incluye que se respeten los fueros canarios, la ejecución plena de los convenios bilaterales, una política solidaria en la gestión migratoria, transferencia de competencias del Estatuto de Autonomía y la aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica.
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