Hacienda eliminará mañana la exención de la Iglesia en el impuesto de construcciones y obras
El ministerio también anuncia que la Agencia Tributaria simplificará el lenguaje en las comunicaciones más habituales con el contribuyente
La Iglesia católica tendrá que hacer frente a partir de mañana al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Icio). El Gobierno en funciones, según ha avanzado este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, publicará este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el fin de la exención fiscal de la que goza la Iglesia desde hace décadas en este tributo, derogando la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del ministerio de Economía y Hacienda. El fin de esta exención, acordada el pasado mes de marzo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, hará que la Iglesia tenga el mismo tratamiento en este gravamen que el resto de instituciones sin ánimo de lucro, según ha anunciado Gascón en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).
En marzo, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, anunció el pacto por el que la Iglesia católica renunciaba a las exenciones del ICIO y contribuciones especiales, que estaban contemplados en los Acuerdos con la Santa Sede. En su momento se apuntó que estas medidas obedecían a “la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.
Esta exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la Iglesia mantenía tras los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado en 1976 y 1979, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, pese a que tendrán que abonar unos 10 millones al año.
El compromiso a pagar el Icio también responde a la premisa, repetida desde la Conferencia Episcopal, de que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación. En el origen de esta renuncia por parte de la Iglesia estaría una sentencia europea por las obras de un colegio en Getafe cuyos impuestos de reforma reclamó el consistorio del municipio madrileño.
Gascón también aprovechó su intervención para avanzar que la Agencia Tributaria (AEAT) acaba de poner en marcha la simplificación del lenguaje que utiliza en las comunicaciones con los contribuyentes para eliminar barreras de comprensión y minimizar las cargas administrativas indirectas de los ciudadanos, facilitando así el cumplimiento voluntario. Se trata de un compromiso establecido en el Plan Estratégico 2020-2023 por el que se modifican hasta ocho modelos de comunicación que se irán implementando paulatinamente en los próximos meses y que suponen unos 3,7 millones de documento cada año.
“Hemos solicitado la colaboración de universidades y especialistas en lenguaje con el objetivo de que, cuando le llegue a un ciudadano una comunicación de la AEAT, pueda entender fácilmente de lo que trata sin perjuicio de que el documento recoja todos los detalles técnicos”, explicó Gascón. La comunicación con los ciudadanos, continuó, “no es sencilla cuando intentas compaginar la facilidad del lenguaje con el rigor jurídico”. Gascón puso como ejemplos los requerimientos del IRPF o las comunicaciones de embargos. El objetivo es que, con un simple vistazo y una lectura de un minuto, “el contribuyente entienda qué es lo que esperamos de él”.
Las modificaciones afectan a los requerimientos de documentación de IRPF, las propuestas de liquidación y liquidaciones provisionales del mismo impuesto, diligencias de embargo por deudas de terceros (de créditos y de salarios y pensiones) y las declaraciones en Aduana por importaciones de pequeño valor –principalmente compras por internet–, así como a los documentos de representación y de derechos y garantías del contribuyente que acompañan a algunos de estos documentos.
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