El Gobierno defiende el actual esquema de despido frente a los cambios que quieren UGT y Díaz
Descarta indemnizaciones a la carta por el posible perjuicio sobre la contratación de algunos colectivos
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, desveló este viernes que el Gobierno ha rechazado la reclamación presentada por este sindicato ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para elevar el coste actual del despido improcedente en España (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades). El objetivo del sindicato es hacer estas indemnizaciones más reparadoras del daño al trabajador y disuasorias para el empresario, tal y como reclama el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT.
Sin embargo, el Ejecutivo ha considerado que esta indemnización en España ya es lo suficientemente disuasoria y reparadora del daño que hace el despido al trabajador y así lo ha explicado largo y tendido a lo largo de un extenso documento de alegaciones (de 47 páginas) en contra de la reclamación de UGT que ha remitido al Consejo de Europa antes de que este emita su resolución sobre el caso.
Esta negativa del Ejecutivo ha generado “muchísima decepción” en UGT donde, según dijeron este viernes sus responsables: “no esperábamos que el Gobierno hiciera una defensa tan torpe del actual sistema legal de protección del despido improcedente vigente en España”. Aunque Álvarez no quiso culpar a ninguna de las partes del Gobierno de coalición –”entendemos que ha sido una decisión colegiada”, ha insistido– la citada decepción apunta a la parte liderada por el Ministerio de Trabajo, ya que su ministra Yolanda Díaz viene defendiendo públicamente una reforma del despido compatible con la demandada por UGT, en la que pasen a evaluarse los daños personales de cada trabajador para fijar indemnizaciones más reparatorias y disuasorias, tal y como piden el sindicato.
Por el contrario, el texto de argumentaciones del Ejecutivo defiende las “ventajas” del actual esquema de despido improcedente “basado en factores automáticos (salario y antigüedad), que viene aplicándose desde hace 40 años (...) y pacíficamente aceptado por los interlocutores sociales”.
Entre las ventajas que el Gobierno encuentra a la actual normativa sobre el despido improcedente están que, a diferencia de un sistema en el que se examinen los daños particulares de cada trabajador despedido –como defienden UGT y Díaz– , el modelo español “exonera al trabajador, en caso de ser objeto de despido improcedente, de la carga de acreditar los daños efectivos que tal decisión le ha supuesto”. Además, el Ejecutivo asegura que el sistema ofrece “certidumbre y seguridad” tanto al trabajador como al empresario, “que puede conocer de antemano las consecuencias de una extinción laboral”. Y precisan que “los costes de despido afectan directamente a la contratación por parte de los empresarios.
Precisamente, desde la abogacía del Estado, que son quienes han elaborado estas alegaciones, rechazan específicamente el despido “a la carta” defendido por Díaz. Concretamente, consideran que “si el importe de la indemnización hubiera que tener en cuenta factores subjetivos relativos a las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedido (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación) por ser mayor el daño causado al trabajador por pertenecer a determinados colectivos, esto, sin duda afectaría a las decisiones de contratación de estos trabajadores”. Así, apuntan a que el modelo de despido que defiende Díaz perjudicaría precisamente la contratación de los colectivos que quiere beneficiar con mayores indemnizaciones.
Como alternativa a esta evaluación de daños e indemnizaciones resarcitorias y disuasorias, el Ejecutivo español explica al Consejo de Europa que ha apostado por las medidas adoptadas en la última reforma laboral contra la precariedad; la subida del salario mínimo interprofesional o las mejoras de las acciones de protección de los desempleados. Todas estas medidas suplen las necesidades de los más vulnerables también ante el despido, explica este argumentario.
Por su parte, el sindicato también informó este viernes de las alegaciones presentadas por la patronal CEOE a su reclamación ante el Consejo de Europa, que, como el Gobierno, defienden la normativa de despido actual.
En cualquier caso, el sindicato explicó que pese a estas alegaciones que rechazan su demanda, el Comité europeo ya ha fallado a favor de los sindicatos en Francia e Italia ante demandas similares, por lo que si la sentencia en el caso español es favorable a la UGT la elevación de las indemnizaciones “será ley”, dijo Álvarez, por lo que los jueces lo aplicarán y el Gobierno que esté en ese momento no tendrá más remedio que trasponerlo a la ley tarde o temprano. UGT espera que esta resolución llegue entre diciembre y febrero de 2024.
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