Escrivá apura los plazos del macrofondo de pensiones, pero peligra su arranque esta legislatura
La Seguridad Social quiere tener listo el plan en verano, aunque el sector lo retrasa a 2024
La próxima primavera. Esa era la fecha que se había marcado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tener listo y operativo el futuro fondo de pensiones de promoción pública, que es una de las medidas estrella que se había propuesto el titular de este departamento, José Luis Escrivá, para esta legislatura. Sin embargo, los plazos que barajan ahora los técnicos de este ministerio retrasan estos planes al verano y otras fuentes consultadas, que están en contacto con el ministerio de Escrivá, lo aplazan aún más, “al final de año en el mejor de los casos”. Esto situaría el momento de arranque efectivo de estos planes de promoción pública fuera ya de la actual legislatura, que termina el próximo mes de noviembre.
En concreto, para que este fondo se ponga en marcha y pueda ofertar planes de pensiones de empleo de promoción pública a empresas (fundamentalmente pymes), autónomos y administraciones públicas faltan aún varios pasos, para los que la Seguridad Social baraja los siguientes plazos. Entre las primeras cuestiones que deben hacerse está la creación de la Comisión Promotora y de Seguimiento, cuyos nueve miembros –adscritos a distintos ministerios económicos– tendrán que evaluar, entre otras cosas, las 13 candidaturas de quienes vayan a formar la Comisión de Control Especial. La normativa para constituir estas comisiones ya fue aprobada en octubre, pero, según las fuentes consultadas, la Seguridad Social aún se da hasta junio o julio próximos para su constitución.
Junto a esta cuestión, y para que el fondo arranque, todavía deberían aprobarse otros dos elementos. En primer lugar, tendrá que publicarse el modelo reglamentario de especificaciones de los nuevos planes simplificados –ya en vigor pero solo para el sector privado–. Se trata de un documento que recoge todos los requisitos que tienen que tener cada uno de esos planes (promotora, contingencias, cómo se hacen las aportaciones o movilidad del fondo, entre otras cuestiones). Y, según prevé Escrivá, dicho modelo reglamentario se incluirá en la próxima revisión del reglamento de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que preparaba el ministerio de Economía para la primavera, pero que la Seguridad Social espera que esté listo “para el verano”.
Junto a esto, un segundo elemento que debe ver la luz es la Plataforma Digital Común, que el ministerio asegura que estará listo también para alrededor del mes de julio.
Dicho esto, solo después de la constitución de la Comisión Promotora y de Seguimiento y la comisión de Control especial, el Gobierno podrá diseñar los fondos con distintos perfiles de riesgo y, posteriormente, iniciar el proceso de licitación de entidades gestoras y depositarias de los fondos de empleo de promoción pública. Según la Seguridad Social este proceso podrá comenzar “para mitad de año”, pero otras fuentes lo retrasan al mes de septiembre como pronto.
En este punto, el director de negocio del área de Wealth (previsión social y pensiones) de Mercer, Miguel Ángel Menéndez, explicó que un proceso de licitación como este, que supondrá la realización de varios concursos públicos requiere varios meses.
Por ello, si la actual legislatura termina como fecha más tardía el 10 de noviembre –pero el presidente podría disolver antes incluso las Cortes– sería prácticamente imposible que el arranque del fondo se produzca antes de entrado el año 2024. Para entonces, con toda seguridad se habrán celebrado las próximas elecciones generales y los ministerios implicados podrían pasar a estar en manos de otros responsables.
Esto contrasta con la idea que trasmiten desde el ministerio de Escrivá, donde aseguran que “se espera que todos los aspectos que quedan para que el sistema esté plenamente en marcha se completen para el verano (reglamento, licitación de entidades gestoras y depositarias y desarrollo suficiente de la plataforma digital común).
Lenta implantación
La implantación de los planes de pensiones de empleo en España se hace fundamentalmente a través de la negociación colectiva. Si bien, en este último año, aunque el macroplan de pensiones de promoción pública ya estaba en construcción legislativa, su inclusión en los convenios colectivos negociados en 2022 ha sido prácticamente inexistente. Aunque, sí ha aumentado levemente el porcentaje de trabajadores con un plan de pensiones de empleo, pasando del 4,3% de todos los que negociaron sus condiciones laborales en 2019 al 6,6% del pasado año.
De momento, el sector de la construcción ha sido el único en incluir un plan de empleo para sus trabajadores. Pero, de momento, y a la espera de que el fondo de promoción pública arranque, este plan simplificado se va a desarrollar en el ámbito privado. Aunque una vez esté en marcha el de promoción pública, podrán decidir si lo mueven y depositan en él. Y lo mismo tendrá que decidir la asociación de autónomos ATA, que también ha suscrito un plan simplificado. Además, el sector de los grandes almacenes, con empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Ikea incorporará un “estudio profundo” en su convenio suscribir uno de estos planes.
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