EE UU pone también en duda el coste del servicio universal de telecomunicaciones
El debate regulatorio en Washington se alinea con la decisión del Gobierno español de poner fin en 2027 a la obligación legal de Telefónica de prestar el servicio en solitario
Las autoridades reguladoras y los organismos del sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos han abierto un debate sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo del Fondo de Servicio Universal (USF). La revisión iniciada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) cuestiona el modelo de financiación pública destinado a garantizar la cobertura telefónica y de banda ancha en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y colectivos vulnerables.
En el mercado español, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado precisamente el pasado 5 de octubre los trámites normativos de un proyecto de orden ministerial para decretar formalmente, con efectos desde el 1 de enero de 2027, el cese de la prestación como obligación de servicio público de la telefonía fija y el acceso a internet de banda ancha asignados exclusivamente a Telefónica de España,
La resolución ministerial se fundamenta en la Ley General de Telecomunicaciones, tras constatar junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ambos servicios se prestan actualmente en condiciones de competencia comercial. Con este paso concluye la obligación exclusiva encomendada a Telefónica desde 1998, fijando la velocidad mínima de internet garantizada en 100 Mbps descendentes y 5 Mbps ascendentes, mientras se impone a la operadora la obligación de mantener de forma continuada el abono social para los jubilados y pensionistas de rentas bajas que ya sean beneficiarios.
La incertidumbre en Estados Unidos sobre la capacidad financiera del sistema se produce de manera paralela a la transformación europea. En el escenario estadounidense, el Fondo de Servicio Universal —dotado históricamente con un presupuesto superior a los 8.000 millones de dólares anuales— afronta una crisis estructural derivada de la drástica reducción de su base contributiva. El modelo del USF se ha nutrido tradicionalmente de los recargos aplicados a la facturación de la telefonía de voz fija, interurbana e internacional. El cambio en los patrones de consumo hacia soluciones móviles y voz sobre IP (VoIP), junto con la migración a la conectividad digital pura, ha reducido de forma continuada la facturación gravable.
Como consecuencia del desfase financiero, la tasa de contribución aplicada a las facturas de los operadores habilitados ha alcanzado máximos históricos, trasladando costes indirectos al consumidor final. La FCC y la administración estadounidense evalúan alternativas legales para evitar la quiebra implícita de los programas del fondo, entre los que figuran Lifeline —enfocado en subvencionar el acceso telefónico e internet a familias de bajos ingresos— y el programa High-Cost, orientado a sufragar la infraestructura en regiones despobladas. Entre las propuestas examinadas destaca la extensión de las contribuciones a los proveedores de banda ancha de alta velocidad e imputaciones a grandes corporaciones tecnológicas.
La controversia estadounidense refleja una revisión global sobre la definición y el coste del servicio universal en un entorno donde las redes de fibra óptica y la tecnología 5G han alcanzado elevadas cuotas de penetración. Las administraciones públicas cuestionan de forma creciente si resulta adecuado mantener cargas regulatorias a un único operador de referencia cuando la dinámica del mercado privado cubre la práctica totalidad del territorio.
En España, el Ejecutivo fundamenta la reforma regulatoria en la evolución técnica de las infraestructuras, situando al país en puestos de cabeza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cobertura de redes de alta capacidad. Los análisis de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones indican que el despliegue de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y las redes móviles avanzadas garantizan que la totalidad de las áreas habitadas dispongan de alternativas de conectividad mediante múltiples competidores.
Modificaciones en España
La regulación que entrará en vigor a comienzos de 2027 modificará los estándares de prestación en el mercado español. La normativa eleva la velocidad mínima garantizada de acceso a internet desde los 10 Megabits por segundo (Mbps) vigentes previamente hasta los 100 Mbps, alineando los requisitos con los objetivos de la Agenda Digital Europea. Asimismo, la figura del operador único designado desaparecerá; la obligación de atender peticiones puntuales de acceso recaerá de forma distribuida en las distintas compañías con red desplegada en cada zona geográfica.
En el ámbito financiero, la supresión de la obligación a Telefónica reorganizará la gestión del coste neto del servicio. Anteriormente, el déficit derivado de la cobertura en zonas no rentables o la provisión de cabinas y guías impresas (estas dos últimas eliminadas ya del servicio) era evaluado por la CNMC y financiado mediante un fondo sectorial integrado por operadores con facturación superior a 100 millones de euros anuales. Según las resoluciones de la CNMC, el coste neto reconocido del servicio universal descendió en los últimos años hasta situarse en el entorno de los 5,38 millones de euros anuales, frente a cifras superiores a 30 millones de euros registradas en décadas anteriores.
A partir de 2027, Telefónica perderá la responsabilidad finalista de actuar como proveedor por defecto en casos de vacíos de cobertura. Sin embargo, la compañía mantendrá de forma estricta los compromisos sociales vinculados al abono social para los actuales perceptores con tarifas bonificadas.