Las concesionarias confían en volver con capital privado a infraestructuras de Cataluña y Madrid
Los proyectos a la vista van desde el Campus Clinic de Barcelona y el madrileño Palacio de Congresos hasta nuevas autopistas y estaciones de metro
Los muchos años de sequía para el sector concesional en España apuntan a su fin con proyectos de gran volumen en infraestructuras de Cataluña y Madrid; alguno de menor tamaño en Asturias, o la revisión de la cartera de iniciativas en Andalucía. Al menos esta es la expectativa que manejan las empresas que están en contacto con los gobiernos autonómicos y la Administración central para conocer la última hora sobre próximas iniciativas. Llaman la atención el futuro Campus de Salud Clínic-Universitat de Barcelona, para el que se ha presupuestado una inversión de 1.500 millones, o el centro de operaciones de la madrileña Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Las Tablas (están en redacción los proyectos básico y de construcción), donde se estima un esfuerzo superior a los 200 millones de euros en obras sin que aún existan cifras oficiales ni licitación en forma de concesión.
Hospitales, instalaciones singulares, estaciones de metro y nuevas carreteras o desdoblamientos van a requerir la participación del sector privado, con compañías como Ferrovial, Comsa, ACS, Globalvía, Abertis o Sacyr, entre otras muchas, a la espera. En Cataluña se está impulsando otro proyecto de interés general como es el Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona, estimado en 740 millones y para el que Departament d’Economia i Finances está analizando distintas fórmulas de financiación. Mientras el Campus Clinic de Barcelona reunirá un nuevo hospital, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona y espacios de investigación, el de Girona va a incluir el futuro Hospital Universitari Josep Trueta y centros de docencia e investigación sanitaria.
Además de estas inversiones, la Generalitat de Catalunya anunció en junio un plan para movilizar 3.300 millones en inversión privada en infraestructuras con el que se descarta el peaje explícito y se proponen sistemas de pago por disponibilidad durante plazos máximos de 35 años (la Administración paga a las concesionarias en función de parámetros de calidad del servicio). Entre los primeros activos en busca del interés de constructoras y concesionarias están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro de Barcelona, con 500 millones de inversión prevista; la ejecución de nuevos carriles en distintas carreteras catalanas, con 720 millones en actuaciones sobre 366 kilómetros de viales, y el desdoblamiento parcial del tramo entre Berga y Bagà de la C-16 (21 kilómetros en la provincia de Barcelona), este último por cerca de 500 millones de euros. La Administración catalana ha establecido contacto con casi un centenar de empresas interesadas en participar, entre ellas Abertis, que ha llegado a realizar una propuesta por iniciativa propia para la Berga-Bagà. El objetivo es tener completas en menos de una década actuaciones que requerirían hasta 25 años para concluir con financiación pública.
En Cataluña también se evalúan distintos escenarios, entre ellos el de la colaboración público-privada, las aportaciones de ayuntamientos y diputaciones, o la financiación por parte del Institut Català de Finances, para cumplir el programa de climatización de 2.500 colegios e institutos antes del curso 2031-2032. El coste estimado asciende a 2.500 millones y, de momento, se han priorizado las actuaciones en un centenar de centros, con un compromiso económico de 100 millones.
Más allá de estas actuaciones, el govern de la Generalitat anunció a finales de junio la actualización del Programa de Encargo de Actuaciones (PEA), con un valor de 4.300 millones de euros en obras hasta 2036 (los primeros 1.600 millones están incluidos en la planificación presupuestaria hasta final de 2029). Para la variante de Olot se prevén 494 millones; las mejoras en la C-58 merecen 510 millones; hay actuaciones en seguridad viaria por 765 millones; la prolongación de la L8 de Ferrocarriles de la Generalitat entre plaza Espanya y Gràcia se lleva 489 millones de euros, y el tranvía del Camp de Tarragona tiene una previsión de 239 millones de euros, entre las actuaciones más destacadas. El plan en su totalidad es tutelado por la pública Infraestructures de la Generalitat.
Empresas consultadas por este periódico señalan que los contactos entre Administración y el sector constructor son constantes, con la oferta de capital privado para acelerar las ejecuciones también del PEA.
La cartera de proyectos en ciernes en Madrid podría incluir las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Las Tablas, sobre 95.000 metros cuadrados en los que se dará capacidad a 620 autobuses. De momento está en el aire el modelo de licitación después de que el concurso de concesión a 20 años de las cocheras del barrio de la Elipa, con un valor de 365 millones, fuera relicitado en junio como contrato de obra. OHLA se llevó la actuación el mes pasado por 112 millones.
Una segunda iniciativa en fase de proyecto es la autopista del Suroeste, de 41 kilómetros entre Valdemorillo y Griñón, con 500 millones de presupuesto estimado y llamada a conectar la M-503 ya la M-407. El trazado de la autopista toca localidades como Villanueva de la Cañada, Brunete, Navalcarnero y El Álamo. Se espera que esta nueva carretera sea expuesta al interés privado bajo el modelo de pago por disponibilidad y con un plazo de explotación de 25 a 30 años. Tras ello, la Comunidad de Madrid se plantearía desdoblamientos de carreteras con tráfico intenso.
En fase de presentación de ofertas en la capital, con plazo prorrogado hasta mediados de diciembre, se encuentra la concesión del Palacio de Congresos de la Castellana. Los 40 años de plazo de operación y un contrato valorado en cerca de 1.550 millones de euros que ofrece el Instituto de Turismo de España (Turespaña) han atraído la atención de consorcios liderados por FCC y OHLA, la primera en alianza con la estadounidense Oak View y la segunda formando equipo con el fondo Serena Partners. La remodelación de este inmueble en el distrito financiero madrileño, presupuestada en 105 millones, busca su reapertura tras 14 años de cierre.
En Cantabria se esperan ofertas hasta final de octubre por la concesión del tramo de ocho kilómetros de autovía entre Cortiguera y Suances, en la A-67. El presupuesto de partida es de 198,7 millones y la adjudicataria tendrá que financiar, construir, conservar y explotar el tramo a cambio de 26 años de pago por disponibilidad. El andaluz es otro de los Gobiernos abierto a la colaboración público-privada, comentan fuentes del sector concesional, sin que por el momento haya proyectos de calado en fase de lanzamiento.
Adif o Puertos, por último, cuentan con terminales intermodales (Jundiz, en Vitoria), puertos secos (Salamanca, Valencia, Bilbao o Algeciras) y nodos logísticos (Valladolid) que previsiblemente se van a confiar a la explotación privada a cambio de cánones de arrendamiento.
Momento clave
El adelanto electoral y la consiguiente formación de nuevo Gobierno van a hacer que se reactive la presión de las principales asociaciones de constructoras y concesionaria, entre ellas Seopan y Anci, en favor de un mayor uso del sistema concesional. El modelo está prácticamente abandonado en España tras la quiebra de las autopistas radiales y el efecto de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española en la forma en que se podían actualizar precios, tarifas y retribuciones de los contratos públicos. El riesgo de la inflación queda en el tejado de las concesionarias, al tiempo que se limitaron los rendimientos de las infraestructuras al quedar ligados al bono soberano más un diferencial de riesgo.
La referida Seopan llevó en junio al Congreso de los Diputados una doble propuesta de modernización de la contratación pública en que se incluían medidas para impulsar la inversión mediante modelos de colaboración público-privada. Desde el colectivo empresarial se aboga por una regulación específica, independiente de la Ley de Contratos, que permita flexibilizar el aporte o entrada de capital privado en infraestructuras.
Con cifra de 2025, las concesiones de obra (2.218 millones) apenas tienen un peso del 1,9% sobre la licitación pública total, y uno de cada cinco contratos queda desierto, desistido o renunciado ante unas condiciones que no atraen a compañías que, como Ferrovial, Acciona, ACS o Sacyr, invierten en todo el mundo en autopistas, aeropuertos, hospitales, etcétera. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, los concursos relacionados con concesiones de obra han reducido su volumen un 85%
Seopan ha trasladado al Gobierno y fuerzas de la oposición informes en los que señala actuaciones prioritarias en infraestructuras de transporte, energéticas o de agua, entre otros terrenos, por 407.000 millones en los próximos diez años, muchas de ellas en cumplimiento de normativa europea. Hasta 280.000 millones en obras han sido identificados por el sector privado como creación de infraestructura, por los 127.000 millones que se estiman para el gasto y conservación. Con presupuestos públicos tensionados por el gasto y las políticas sociales, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha insistido en los últimos años en que tales cantidades solo pueden abordarse a través del acuerdo entre las administraciones y el sector privado, incluyéndose propuestas para el pago por uso en más de 13.600 kilómetros de autovía mientras se mantiene una brecha millonaria entre los presupuestos de inversión en mantenimiento y las necesidades reales que presenta la carretera.
Las concesionarias han llegado a plantear un esfuerzo de 82.000 millones en 25 años, de los que casi 8.100 millones irían directamente a las arcas públicas como pago inicial a cambio de los contratos de concesión (6.208 millones, a la central y 1.880 millones, a las autonómicas) y 38.500 millones se reservan a conservación y reposición de firmes. Los conductores tendrían un impacto medio estimado en 111 euros al año.